Por pedido del Ministerio Público Fiscal tres propiedades ubicadas en Tratayen, en las inmediaciones de Añelo, fueron desalojadas el martes 19 de septiembre por la mañana y restituidas a los propietarios legales. Durante el procedimiento, tres personas resultaron detenidas y en su poder se secuestraron armas de fuego, armas blancas, bombas molotov y drogas.

Durante una conferencia de prensa conjunta brindado por el fiscal general José Gerez y los fiscales jefes Pablo Vignaroli y Maximiliano Breide Obeid, los representantes del Ministerio Público Fiscal informaron que el operativo fue ordenado por la fiscalía en el contexto den una investigación iniciada por el delito de usurpación. El procedimiento lo ejecutó la Policía provincial con la participación de alrededor de 100 efectivos de distintos grupos y áreas de la fuerza provincial.

“Se buscó el momento más oportuno para realizar el operativo y con el objetivo de recuperar los campos que estaban en manos de ocupantes ilegítimos”, indicó el fiscal general. “Fue un desalojo pacífico, lo cual es muy importante para el Ministerio Público Fiscal porque hemos buscado el momento oportuno para actuar junto con la Policía”, agregó.

Entre los secuestros, figuran un revólver calibre 32 largo, con seis balas; una carabina 22; un rifle aire comprimido; 21 municiones calibre 32; 29 municiones calibre 22; vainas servidas calibres 22, 38 y 44; 5 celulares; 28 bombas molotv; 20 botellas para preparar bombas molotv; dos tanques de combustible de 200 litros cada uno con olor a combustible; seis cuchillos; un machete y una daga; una camioneta; y cocaína y marihuana.

“Los detenidos fueron trasladados hacia la comisaría 10 de Añelo. Mañana serán trasladados a la ciudad de Neuquén donde se les formulará cargos en una audiencia pública”, indicó el fiscal jefe Breide Obeid.

En tanto el fiscal jefe Vignaroli precisó que la orden de desalojo comprendió “la restitución de los bienes a los propietarios, que han acreditado que son los dueños de esas tierras, y ya están los inmuebles en su poder”.

“Siempre vamos a trabajar priorizando el diálogo y la paz social, en todos los conflictos sociales. Las puertas están abiertas para resolver los conflictos mediante el diálogo y muchos los hemos resuelto así. Si los conflictos permanecen en el tiempo, porque las partes no quieren el diálogo o porque la vía está agotada, el Ministerio Público Fiscal va a buscar el momento oportuno para el que desalojo sea pacífico. Apelar a la fuerza es siempre el último recurso, pero es un recurso que tiene el Estado para restablecer el orden público”, remarcó Gerez.

Durante la conferencia, los representantes del Ministerio Público Fiscal señalaron que “hubo un primer intento de desalojo tiempo atrás, pero se detectaron condiciones especiales, como gente con bombas molotov, mujeres, niños y muchas personas, que nos hicieron desistir de llevarlo adelante”.

Los miembros de la comunidad de Tratayen afirmaron que las armas que se secuestraron “fueron plantadas” por la Policía. “Fue una sorpresa, no nos avisaron nada, ni nos notificaron, solo vinieron con una orden de desalojo. Para mí es un atropello del gobierno contra nosotros, los mapuches, porque estábamos ocupando el lugar pacíficamente. Se llevaron a nuestro werken vocero y lo tienen detenido”, manifestaron Emilse Begier, Verónica Mardones y Liliana Romero, presentes en uno de los desalojos.

Las mujeres manifestaron que su comunidad está integrada por 50 personas y que tienen puestos con animales en distintos puntos de Tratayen. “Nosotros vivimos acá, nos van a sacar una vez y diez veces vamos a volver, porque vivimos acá y toda la vida fue así. A nosotros nos ampara la Constitución y eso no se respeta; el gobierno hace la vista gorda apoyando a los poderosos”, manifestó Mardones.

El pasado 25 de agosto, 21 personas fueron acusadas por el delito de usurpación por despojo (artículos 181, 55 y 45 del Código Penal), en carácter de coautores, en distintas propiedades de Tratayen. Los desalojos efectuados comprendieron parte de esas propiedades.

En la acusación, desde la fiscalía se planteó que las personas acusadas no son “una comunidad mapuche reconocida legalmente”, y que “sobre estas tierras, que son de particulares, nunca hubo relevamiento por parte de la provincia, en el sentido de que se trate de tierras con derechos ancestrales o algo por el estilo”.

Uno de los tres detenidos durante el desalojo fue parte del grupo de personas acusadas el mes pasado por el supuesto delito de usurpación por despojo.

El conflicto comenzó en mayo, cuando la comunidad Fvta Xayen ocupó una chacra ubicada sobre la ruta provincial 7, entre Añelo y San Patricio del Chañar, reclamando su derecho ancestral sobre el predio. En el mismo se encuentra una toma de agua en el río que YPF usa para los yacimientos no convencionales.

Por su parte, el defensor oficial de los imputados, Fernando Diez aseguró que, a pesar no tener la personería jurídica como comunidad mapuche, sí pueden acreditarse como tales y que están amparados por la Constitución. Aseguró que ellos ocupan los terrenos en disputa con anterioridad, al menos desde la década de 1940. (Foto: Ministerio Público Fiscal).