El miércoles 5 de octubre en horas de la tarde se realizó una cumbre entre los principales referentes de la industria petrolera y el ministro de Energía, Juan José Aranguren, para avanzar en la discusión en torno al nuevo Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) que se aplicará para el desarrollo de proyectos no convencionales de hidrocarburos, entendidos como la explotación de tight gas, shale gas y shale oil en Vaca Muerta.

De la reunión también participó el senador y secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Guillermo Pereyra, y el secretario general del sindicato jerárquico, Manuel Arévalo.

Desde el sector petrolero estuvieron presentes Miguel Ángel Gutiérrez, presidente de YPF, Marcos Bulgheroni, de Pan American Energy (PAE), y Jean Marc Hosanski, de Total, quienes apuntaro a instalar una agenda que incluya una serie de demandas para mejorar la rentabilidad del sector.

Según lo consignado por el portal El Inversor Online, en la lista de demandas presentadas por las empresas productoras figuraron la aplicación de un paquete de beneficios fiscales para incentivar la inversión: las empresas solicitan un beneficio de amortización acelerada de capital para traccionar las ingentes inversiones que se necesitan para poner en valor los recursos no convencionales de Vaca Muerta.

También la eliminación de retenciones a la importación, la reducción de regalías hidrocarburíferas: las empresas aspiran a que la provincia de Neuquén reduzca del 12% al 8% la alícuota de regalías que se aplicará al desarrollo de los proyectos no convencionales de tight gas, shale oil y shale gas.

Otra exigencia es la modificación de algunas cuestiones ambientales, como por ejemplo la obligatoriedad de utilizar mantas oleofilicas adquiridas a determinadas empresas (que deben estar inscriptas en un registro de la provincia de Neuquén). Se trata de un asunto que siempre ha creado sospechas en la industria, ya que existen cuestionamientos sobre sus costos y la conveniencia de su utilización.

También entrará en discusión el capítulo III de la Ley 27.007, sobre cuestiones ambientales, que apunta a unificar la normativa ambiental a todo el país para que cada provincia no tenga criterios divergentes sobre cuestiones ambientales.

Quieren también una reducción de Ingresos Brutos a nivel nacional: se aspira a establecer un régimen de promoción que lleve la alícuota al 2% y no al 3% ó 4% como existe en algunas provincias.

Otro de los requisitos tiene que ver con la eliminación de tasas municipales: se cobran en diversos distritos de Neuquén y también en Mendoza, Río Negro y La Pampa, y terminan encareciendo el costo operativo de los productores en la región. Son tasas que crearon los diversos municipios petroleros para aumentar su recaudación y se apunta a reducir su impacto.

Por último, entre la lista de reclamos se encuentra la redacción de un pliego estándar para ser aplicado a nivel nacional en la licitación de áreas petroleras: al igual que el capítulo medioambiental que prevé la Ley 27.007, es uno de los puntos pendientes de esa normativa, ya que nunca se llegó a concretar la discusión de un pliego base entre Nación y las provincia petroleras, y ahora se apunta a avanzar en esa dirección.