Pasa el tiempo y más de 30000 familias, ex agentes de YPF y accionistas reclaman desde hace 21 años el 10% de las acciones de YPF, que formaban parte del Programa de Propiedad Participada, estipulado en la ley 24.145.

El reclamo de los trabajadores se fundamenta en la decisión del gobierno de Carlos Menem, a través de Ley de Reforma del Estado, de poner en venta las empresas públicas de la Argentina contemplando que, en la venta de los paquetes accionarios, 10 por ciento del capital social pasaría a propiedad de los empleados a través del denominado "PPP" (Programa de Propiedad Participada).

Cabe recordar que para lograr la privatización de las empresas del Estado, el menemismo aprobó las leyes 23696, de Reforma del Estado y la Ley 24145 de Federalización de Hidrocarburos, que otorgaba el hasta el 10% del Capital Social, bajo el Regimen de Propiedad Participada Ley 23696.

De esta forma, los empleados de YPF pasaron a ser titulares de 35,3 millones de acciones de Clase C de la compañía, con derecho a participar y votar en las Asambleas de Accionistas, a designar un Director Titular y un Director Suplente en el Directorio, a percibir dividendos, aprobar o rechazar los balances anuales y las ventas del paquete accionario.

Sin embargo en 1997, el Estado nacional y el Directorio de YPF autorizaron y gestionaron la venta de las acciones Clase C sin contar con la aprobación de este grupo de titulares, decisión que se pretendió convalidar mediante el Decreto 628/97.

La decisión entró en vigencia 8 días después de la venta, por lo que el Decreto fue declarado inconstitucional e inválido por la Corte Suprema de la Nación en 2001 en la causa conocida como "Caso Antonucci".

En el año 2002, se aprueba la Ley 25471, en donde se otorgaba un reconocimiento económico a modo de indemnización a cambio de los derechos otorgados por las leyes 23696 y 24145 respectivamente. Quienes aceptaban este arreglo debían renunciar a sus derechos de forma explícita.

En el año 2009, los ex ypefianos se volvieron a organizar y manifestarse públicamente en reclamos del cobro. A partir de allí se vieron envueltos en una disputa política que aún hoy los relega, pese a haber logrado algunos fallos judiciales favorables, como ocurriera en el año 2012, cuando la Justicia les reconoció el derecho a un porcentaje del paquete accionario de la compañía.

En abril de ese año, la jueza Edith Cristiano, a cargo del Juzgado del Trabajo de Río Grande, dispuso "suspender los derechos políticos y económicos de las 45.212.888 acciones de YPF, que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE)", atendiendo el reclamo de un grupo de ex agentes de YPF, que pretenden que se les reconozca el derecho a un porcentaje del paquete accionario de la compañía.

Lo concreto es que el tiempo pasa y todavía no hay respuestas satisfactorias, “Pasaron 25 años de promulgada la Ley 23696 de Reforma del Estado, y los ex empleados de YPF todavía recorren el Congreso, Juzgados, y toda Institución que tenga que ver con el tema y no logramos que se nos devuelvan nuestras acciones, nuestros derechos, y los 20 años de vida, que en algunos casos ya la perdieron, sin obtener aquel Capital accionario del que hablaba la Ley y ni hablar de las ganancias producto de las mismas”, dijo un ex trabajador a nuestro medio.

Desde diversos sectores políticos han apoyado sus reclamos. Entre ellos, pueden citarse al senador Guillermo Pereyra y a la diputada nacional por el MPN, "Toti” Villar Molina quien en abril de 2014 reclamó por la situación de los Ex Ypefianos que han sido marginados injustamente del Programa de Propiedad Participada.

La Diputada le manifestó a Capitanich que hay 8000 (ocho mil) casos pendientes de resolución, y que desde el año 2005 no se ha pagado ningún caso.

La Legisladora indicó ”los Neuquinos vivimos, dormimos y nos entierran sobre la segunda reserva mundial de shale, y le puedo asegurar que todos los pozos de avanzada de esas áreas, los hicieron estos viejos que ahora están reclamando y hoy quieren cobrar las acciones”, indicó la legisladora, cuando el Jefe de Gabinete realizó su informe en la Cámara Baja.