La construcción de una planta de licuefacción para evacuar el excedente gas de Vaca Muerta y que permitiría exportarlo al mundo, necesita de inversores dispuestos a desembolsar un mínimo de US$ 1000 millones.

A fin de año, la secretaria de Energía, Flavia Royón, anunció que el ministerio de Sergio Massa enviaría al Parlamento una propuesta para facilitar la producción de gas natural licuado (GNL). En este marco, el Gobierno bosquejó un proyecto que crea un régimen promocional a 30 años para proyectos de inversión, a los que, además de desgravaciones, se les promete expresamente estabilidad regulatoria y fiscal para quienes apuesten a la construcción de esta planta.

El texto empezó a circular en un testeo informal entre las productoras, varias de ellas con iniciativas de GNL en diferente grado de avance. Según publicó Clarín, Exelerate y TGS tienen un proyecto en ejecución de pequeña envergadura pero escalable; YPF y Petronas volvieron a anunciar hace días una ambiciosa propuesta integral que concatena desde la desde la producción de gas a su licuefacción, pasando por un ducto que ligue los dos puntos. Iniciativa a la que el proyecto en ciernes daría gran respaldo.

El proyecto para animar la construcción de plantas de GNL pone un tope a la alícuota de Ganancias que tributarán los concesionarios, libera de retenciones a las exportaciones si la unidad de gas licuado (millón de BTU) valiera hasta 15 dólares y prevé un derecho de exportación máximo de 8% cuando supere los 20 dólares (hoy el GNL está por encima de ese valor y se estima que en el invierno local rozaría los 40 dólares), señala la nota de Cledis Candelaresi.

Los concesionarios de la planta podrán disponer hasta el 30% de las divisas “libremente” para repago de deuda y distribución de dividendos. Y accederán al permiso de exportar “en firme” durante todo el año, pero sólo si construyen su propio ducto desde el yacimiento a la nueva planta.

Un objetivo oficial irrenunciable es que las propuestas exportadoras no compitan con el abastecimiento del mercado interno. Más aún: la estatal Enarsa y la administradora Cammesa (de gestión estatal) tendrán prioridad de compra si algún concesionario de un megaproyecto para licuar gas ofreciera producto internamente.

No tener el propio caño y el propio gas obligaría al concesionario de una gran planta de GNL a negociaciones con productores y transportistas y a solicitar permisos de exportación ante cada operación proyectada. Dos incomodidades que añaden incertidumbre a cualquier iniciativa.

La última versión del proyecto de GNL alistado para girarse el Congreso habilita tanto la jurisdicción local como la extranjera para dirimir eventuales conflictos. Un guiño a los que están evaluando osadas inversiones energéticas en Argentina, firmas europeas entre otras.

El problema del transporte de hidrocarburos en Argentina

El transporte es un punto crítico en la actual coyuntura energética. A la Argentina le sobra petróleo y gas en el subsuelo, pero su producción tiene que tener cómo evacuarse. Para eso se está construyendo el Gasoducto Néstor Kirchner, cuyo fin prioritario es sustituir importaciones de gas que se destina a los usuarios domésticos y usinas eléctricas.

La escasez de transporte ya dispara competencias feroces para aprovechar la que existe o la que se esté por construir. Un ejemplo es lo que ocurrió a fin de 2022, cuando Oldeval licitó nuevo espacio para transportar petróleo. Las demandas que tuvo superaron con creces el espacio adicional ofrecido, desairando a varias productoras que objetaron la operación y hasta pidieron anularla.

Lo paradójico es que las “clientes” de la nueva capacidad del oleoducto son las propias accionistas: PAE, YPF, Chevron, Pampa, y Tecpetrol. La historia se zanjó con una obra adicional a la prevista, que aumentó el espacio en el caño y excluyó del segundo reparto a las más favorecidas en el primero.

La negociación es apenas un ejemplo de la sensibilidad que tiene el tema. En lo inmediato, por el aumento dramático en las ventas de petróleo que, a diferencia del gas, no necesita tanta inversión para ser ofrecido al mundo.

Pronósticos oficiales y privados coindicen en que Argentina sustituirá en no más de tres años el actual déficit de su balanza comercial energética, superior a US$5.000 millones en 2022, por un superávit que tendría un piso de US$8.000 millones.

Según la visión de empresas que operan en el mercado local, las inversiones en una red exportadora requieren el apoyo explícito y conjunto de las fuerzas políticas mayoritarias del país. A ojos patronales, sólo ese aval haría creíble la promesa de estabilidad impositiva, regulatoria y el acceso al mercado de cambios.

El otro gran anhelo es aprovechar al máximo los precios aún altos de los hidrocarburos en el mundo con la menor interferencia estatal posible: ni en la asignación de permisos para exportar, ni en el precio a cobrar, ni en la disponibilidad de dólares a cobrar.

Estas aspiraciones se van honrando paulatina con normas que funcionan como parche. Días atrás se reactivaron beneficios para la industria, que fueron consignados en el decreto 929 diseñado en 2013 por el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, y que facilita parcialmente la disponibilidad de dólares para petroleras exportadoras.