La petrolera de mayoría estatal YPF tendrá el martes 9 de junio una reunión de directorio para analizar la propuesta del Ejecutivo. El objetivo del Gobierno Nacional es declarar de interés público a la cerealera y que YPF Agro se haga cargo de la gestión a través de un fideicomiso.

La petrolera ya tiene desplegada una amplia red de comercialización en el sector agropecuario, tanto con la venta de insumos (fertilizantes y gasoil) como con la fabricación de biodiesel y ahora apuesta a generar valor agregado a través de los biocombustibles.

En el 2019, YPF Agro facturó 700 millones de dólares; entre Vicentín y la empresa de bandera nacional podrían reunir exportaciones por 11 millones de toneladas. De esta manera, el Estado vuelve a formar parte de los principales comercializadores de granos del país. De concretarse el aval del directorio de YPF, unos 1.800 productores quedarán bajo la órbita de esta nueva gestión.

A fines de ese año, Vicentin se declaró en "estrés financiero" por una deuda de u$s 1.350 millones, que incluye a acreedores financieros y a productores, corredores y acopiadores a quienes no se les había pagado por los granos que habían entregado a la cerealera.

Las deudas con entidades bancarias estaban distribuidas de la siguiente manera: Banco Nación, con una deuda de $ 18.258.859.000; el Macro, al que le debe $ 612.521.000; el BICE (por un préstamo de $ 304.767.000); el Banco Hipotecario ($ 736.708.000); el Santander ($ 197.631.000), y otras entidades como Banco Provincia y Banco Ciudad.

“Es una de las diez exportadoras más importantes del país”, sostuvo Claudio Lozano, director del Banco Nación y uno de los primeros denunciantes sobre el desfalco cometido contra el banco público.

Por su parte, el ex ministro de Agroindustria del macrismo, Ricardo Buryaile, puso reparos: “El presidente dice que vamos a tener una empresa para ser referente en el mercado alimentario y me preocupa”.

Tras el anuncio, las acciones de YPF aumentaron un 14 por ciento en Wall Street.