En un borrador que preparan para el mnistro Claudio Moroni señalaron que “La caída de la actividad económica… el impacto negativo en el consumo de petróleo y gas en todo el país…” y la “sorpresiva e imprevista baja del petróleo crudo… torna inviable cualquier proyecto de exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos, ya sean de tipo de convencional o no convencional”.

Cabe recordar que la semana pasada la CEOPE -con la firma de su presidente, Javier Gremes Cordero,- propuso abonar “al universo de trabajadores afectados, una suma no remunerativa por cada mes o fracción menor en que no hayan prestado tareas”. Esta propuesta fue “rechazada” por el Secretario General del gremio petróleo, Guillermo Pereyra, a través de un audio dirigido a sus afiliados.

La solicitud que se está estudiando se enmarca en la facultad que tiene el empleador cuando median razones de fuerza mayor (art 221 LCT) o falta de trabajo que no le sea imputable (art 222 LCT); ya sea de suspender a su personal o parte de él o despedirlo mediante el pago de una indemnización reducida (art 247 LCT), lo que dependerá de la gravedad y magnitud de la contingencia, señala la nota de Raúl Vila en el portal Mejor Informado.

Los artículos indicados (falta de trabajo o fuerza mayor) están reglamentados por los artículos 98 a 105 de la Ley 24.013 bajo el título Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresas (PPCE).

Durante la crisis del año 2008 el Ministerio de Trabajo ordenó la apertura del preventivo en las provincias de Rio Negro, Neuquén, La Pampa y Mendoza que fue justificada por la depreciación de la actividad evitando -de esta forma- despidos masivos que impactaran en las economías locales.

A pesar que el actual contexto -nacional e internacional- es de mayor envergadura que la crisis de 2008, la solicitud de la CEOPE se enfrenta al DNU 329-2020, por el cual el Gobierno Nacional prohibió “los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por un plazo de 60 días” contados a partir de 31/03/20.

Para los abogados especialistas en derecho laboral, la petición de la entidad empresaria se ajusta a las normativas vigentes, considerando que el Ministerio de Trabajo dará lugar a la petición “una vez que se salga de la emergencia sanitaria y del aislamiento social preventivo y obligatorio”.