A mediados de marzo, un Tribunal de Impugnación anuló el embargo millonario de 7 millones de dólares impuesto a directivos de Comarsa en una investigación por contaminación en la capital neuquina. La decisión, mayoritaria y con la disidencia de un magistrado, estableció que las medidas cautelares deben ser reconsideradas ante un juez de Garantías.

La investigación por contaminación en el predio ubicado en el Parque Industrial de Neuquén data del año 2014. La empresa había comprometido el tratamiento de residuos semi-sólidos, pero según la fiscalía, no cumplió adecuadamente, lo que permitió simular ganancias y distribuir honorarios y dividendos.

En ese contexto, los directivos de Comarsa fueron imputados en febrero por la Fiscalía Ambiental de Neuquén que además consiguió que se dicten medidas cautelares sobre sus bienes, medida que quedó sin efecto en marzo, con el argumento de que el Código Procesal Penal limita los embargos para garantizar el pago de multas, mientras que el Código Penal es el marco adecuado para impulsarlos.

El juez que firmó la resolución en disidencia consideró que el Código Penal habilita a los magistrados a tomar medidas para preservar el patrimonio producto del delito desde el inicio de las actuaciones.

El embargo había sido solicitado por la fiscalía para cubrir el posible saneamiento del predio contaminado y resguardar el patrimonio que se pudo haber incrementado debido a la maniobra.

Con la revocación del embargo, las medidas cautelares deberán ser nuevamente discutidas ante un juez de Garantías, en un nuevo capítulo en esta investigación por contaminación en Neuquén. Cabe recordar que la causa fue impulsada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) junto a la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén y la Confederación Mapuche. Comarsa es la encargada de recibir residuos petroleros de empresas nacionales e internacionales que trabajan en Vaca Muerta de Neuquén.

Investigación

Los hechos ocurrieron a partir de 2014, en el predio de Comarsa en el parque industrial de Neuquén. En ese momento, la empresa se comprometió contractualmente con YPF S.A., su principal cliente; a recibir y someter a tratamiento residuos semi-sólidos, consistentes en lodo contaminado con hidrocarburos, mediante un horno de desorción térmica.

Según se precisó en su momento desde fiscalía, Comarsa recibió residuos “por sobre su capacidad instalada de tratamiento”, lo que generó una acumulación de éstos dentro del predio. Breide Obeid agregó que mientras eso ocurría, la empresa emitió certificados y cobró por tratamientos no realizados. “Esta maniobra les permitió disimular la situación real para continuar recibiendo residuos peligrosos, mantener sus contratos y justificar ganancias para luego distribuir; y entorpeció las labores de contralor sobre la empresa”, afirmó.

Comarsa se ubica a menos de 500 metros de barrios densamente poblados de la Ciudad de Neuquén. Breide Obeid relató que en 2014 comenzaron las manifestaciones públicas en contra de la empresa ante “los malos olores y el humo negro que emanaban los hornos”.

En 2015 se publicó el decreto 2263, que obliga a las empresas que tratan residuos peligrosos a reubicarse fuera del ejido municipal y, al menos, a 8 kilómetros de distancia de asentamientos poblacionales estables. Comarsa presentó ante los organismos de control un plan de cierre y traslado de sus actividades a la localidad de Añelo. En tanto, la subsecretaría de Ambiente de la Provincia le prohibió a la empresa recibir nuevos residuos a mediados de 2017, pese a lo cual se detectaron ingresos de residuos peligrosos en al menos seis oportunidades más.

En marzo de 2018, la empresa reconoció la existencia de volúmenes de residuos superiores a los inicialmente informados, lo que implicaba continuar operando los hornos más allá del cronograma establecido por el plan de cierre. “La empresa solicitó entonces autorización para tratar los residuos a través de biorremediación dentro de la misma planta; y para enviar al menos 200 mil metros cúbicos de suelo contaminado a un relleno de seguridad en Añelo”, precisó el fiscal jefe. Agregó que “este plan fue nuevamente incumplido por la empresa, que en marzo de 2023 abandonó totalmente el tratamiento de los residuos por biorremediación y el envío a disposición final”.

“Actualmente, permanecen acopiados en el predio y sin tratamiento alguno más de 210.000 metros cúbicos de residuos peligrosos, solo separados de la población circundante por 500 metros y un paredón de hormigón que se encuentra prácticamente caído”, afirmó.

De acuerdo con la acusación, los contratos con YPF S.A. le reportaron a Comarsa ingresos por más de $700 millones; que “se cobraron sin haber realizado el tratamiento de los residuos y sin asentar entre sus deudas los residuos pendientes de tratamiento”. Esto permitió a la empresa “simular ganancias y justificar la distribución de honorarios y dividendos”.