La documentación oficial reconstruye un circuito que comenzó con un expediente extraviado, siguió con una adjudicación directa sustentada en un proyecto de cría de chivos y terminó con la propia Provincia constatando que en el campo no había producción. Esa secuencia resulta indispensable para entender el conflicto que ahora amenaza a compradores, empresas y al crecimiento planificado de Añelo.

Un operativo provincial y municipal detectó al norte de la localidad construcciones, movimientos de suelo, alambrados y un loteo clandestino con parcelas de aproximadamente 20 por 40 metros. Según informaron las autoridades, algunos terrenos ya habrían sido comercializados, pese a que continúan siendo propiedad del Estado provincial. La situación fue comunicada a los colegios de Martilleros y Agrimensores para evitar nuevas operaciones.

La adjudicación de las 2.450 hectáreas

El origen administrativo aparece en el Decreto 2179/15, firmado el 28 de octubre de 2015 por el entonces gobernador Jorge Sapag y refrendado por el ministro de Desarrollo Territorial, Leandro Bertoya.

La norma adjudicó en venta a Luis Humberto Mora una fracción de aproximadamente 2.450 hectáreas de tierra fiscal, sujeta a mensura, ubicada en parte del Lote F del Departamento Añelo.

No fueron 240 hectáreas. Fueron 2.450 hectáreas, equivalentes a 24,5 millones de metros cuadrados.

El decreto sostiene que Mora y Facundo Nicolás Gómez habían recibido en 2007 un permiso de ocupación para desarrollar un “Proyecto de Cría y Recría Extensiva del Chivo Criollo Neuquino”, originalmente pensado sobre 5.000 hectáreas. Gómez renunció a sus derechos en mayo de 2015 y Mora solicitó quedarse con una superficie reducida.

Existe un dato especialmente llamativo: el expediente administrativo original iniciado en 2005 había sido extraviado. La adjudicación se resolvió mediante un expediente reconstruido con documentación aportada, entre otros, por los propios interesados.
Mora presentó además el croquis y las coordenadas del terreno que pretendía. Con esos elementos, el gobierno de Sapag resolvió adjudicarle directamente las 2.450 hectáreas, con un precio que recién sería determinado después de realizarse la mensura.

Una superficie estratégica para Añelo

La magnitud de la adjudicación debe analizarse en el contexto de aquel momento. Añelo ya era el epicentro del desarrollo de Vaca Muerta y necesitaba reservar tierras para viviendas, servicios, infraestructura y la ampliación de su parque industrial.

El plan urbano elaborado para Añelo establecía que el ejido municipal tenía 7.303 hectáreas. Las tierras entregadas a Mora equivalían, por lo tanto, a más del 33% de toda esa superficie.

También representaban más de trece veces la huella urbana que tenía Añelo en 2013. El propio estudio señalaba a la meseta como el sector con tierra disponible para absorber el crecimiento futuro de la localidad.

Mientras Añelo necesitaba planificar su expansión, el gobierno provincial comprometió una superficie gigantesca, pegada al pueblo y situada sobre su área natural de crecimiento, para un supuesto proyecto de cría de chivos.

El proyecto productivo que no apareció

La explicación oficial comenzó a derrumbarse apenas seis meses después.

Una inspección realizada el 6 de mayo de 2016 detectó incumplimientos a la Ley Provincial de Tierras. Un segundo relevamiento, efectuado el 12 de octubre, encontró que la situación no había cambiado: el decreto describe un campo abandonado, una casilla de madera sin actividad y la ausencia de cualquier explotación productiva por parte de Mora.

El adjudicatario rechazó las acusaciones. Afirmó que los inspectores no habían recorrido toda la superficie y cuestionó que la Provincia sostuviera en octubre de 2015 que existía una ocupación productiva y llegara, pocos meses después, a una conclusión completamente opuesta.

Esa contradicción no fue señalada solamente desde afuera. Quedó escrita dentro del propio expediente.
Finalmente, el 14 de diciembre de 2016, el gobernador Omar Gutiérrez firmó el Decreto 1859/16, que declaró la caducidad de todos los derechos otorgados a Mora mediante el Decreto 2179/15.

La cronología es clara: Jorge Sapag adjudicó las tierras y Omar Gutiérrez dejó sin efecto esa adjudicación.

¿Quién está vendiendo tierras que pertenecen a la Provincia?

El nuevo loteo clandestino obliga a formular preguntas que deben ser respondidas por la Justicia y por el Gobierno provincial.

¿Quién dividió y comercializó esas tierras? ¿Qué documentación exhibieron los vendedores? ¿Cuánto dinero recibieron? ¿Cuántas empresas o particulares compraron parcelas? ¿Alguien continúa invocando derechos derivados de una adjudicación que fue anulada en 2016?

El perjuicio tiene dos dimensiones. La primera es colectiva: durante años se afectó una superficie estratégica que Añelo necesitaba para organizar su crecimiento. La segunda alcanza a quienes entregaron dinero por terrenos que, según las autoridades, continúan perteneciendo a la Provincia.

El Decreto 2179/15 no constituye actualmente un título válido para vender esas tierras, porque los derechos que otorgaba fueron declarados caducos. Quien ofrezca una parcela dentro de ese polígono debe exhibir un título posterior, un informe actualizado del Registro de la Propiedad
Inmueble y una mensura y subdivisión legalmente aprobadas.

Un boleto, un recibo, el pago de impuestos o la ocupación material del terreno no reemplazan el título de propiedad.

La presunta estafa no comenzó con los contenedores y los alambrados descubiertos recientemente. Para comprenderla hay que volver a 2015 y preguntarse por qué, en pleno crecimiento de Vaca Muerta, se adjudicaron 2.450 hectáreas estratégicas para Añelo bajo la justificación de un proyecto caprino que, pocos meses después, la propia Provincia declaró inexistente.