La suba constante de combustibles desde el mes de diciembre no parece que se detendrá en los próximos meses, signados por el incremento de los tres grandes ejes que determinan su nivel de precios: el valor internacional del crudo, el dólar que se encareció y la carga impositiva que grava la venta de productos fósiles, que se elevará a partir de marzo por la reforma fiscal que impulsó Mauricio Macri.

El alza conjunta de estas tres variables ejerce una fuerte presión alcista sobre los precios de las naftas y el gasoil en surtidores y, por consiguiente, traslada ese efecto alcista sobre la inflación. Frente a ese escenario, YPF, la mayor petrolera del mercado, controlada por el Estado, acercó una propuesta alternativa a la Casa Rosada para morigerar los próximos aumentos en surtidores. La compañía que preside Miguel Gutiérrez planteó reducir, de forma excepcional, la carga impositiva sobre el expendio de combustibles.

El artículo 5 de la Ley 23.966 que determina el esquema tributario de la industria- autoriza al Ministerio de Energía a reducir, sin la necesidad de obtener el aval del Congreso, hasta un 10% el valor del impuesto a la transferencia (ITC), que en el caso de las naftas representa un 62% del precio a la salida de refinería. En el caso del gasoil, el porcentaje es un poco menor, pero aún es muy significativo.

Como se recordará, con la reforma tributaria, el ITC será fijo: $ 6,726 tanto para la nafta “premium” como para la súper. Ambas también pagarán $ 0,412 por cada litro vendido como resultado de la creación del polémico Impuesto al Dióxido de Carbono (CO2).

La propuesta de YPF, que está en línea con el pensamiento generalizado del resto de las petroleras, es reducir ahora un 10% el valor del ITC. “El aumento del barril a nivel internacional, la devaluación del peso y el aumento de la carga tributaria por la creación del impuesto al CO2 conforman un escenario de excepcionalidad. La baja circunstancial de los impuestos ayudaría a evitar que esas subas se trasladen a surtidores o, al menor, contribuiría a morigerar su impacto”, explicó a EconoJournal un directivo del sector, que está al tanto de la iniciativa.

“El esquema funcionaría como un acordeón, bajando los impuestos ahora que el precio del del crudo subió, y subiéndolos cuando el barril pierda valor y el tipo de cambio se estabilice. De esa manera, llevaríamos previsibilidad al cliente, no sólo a automovilistas, sino también al mercado mayorista de industrias y PyMEs”, agregó.

Según los cálculos que manejan las empresas, la reducción del ITC significaría para el Estado un recorte en la recaudación de entre 3 y 5 millones de dólares diarios. Es decir, entre 100 y 150 millones de dólares por mes, que serán parcialmente compensados por el cobro del Impuesto al CO2.

Luego de conocida la propuesta, desde el Gobierno evaluarán en las próximas semanas el impacto sobre las finanzas públicas.

De acuerdo con lo que pudo saber El Cronista, bajar hasta un 10% ese tributo sin pasar por el Congreso (algo autorizado por la ley que regula a la industria) significaría un alivio de apenas 0,08 puntos porcentuales en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), contra un costo fiscal superior a los $ 2000 millones por mes. Asimismo, el retroceso en los precios de las naftas podría llegar a 2,5% promedio y en el gasoil a 2%, según el análisis que compartieron en privado con este diario.

Los números serán analizados por los ministros de Energía y Hacienda, Juan José Aranguren y Nicolás Dujovne, respectivamente, cuando vuelvan de la gira que emprendieron por Rusia y Suiza junto al presidente Mauricio Macri. A primera vista, luce muy difícil de aceptar tal oferta, pero habrá que analizar también el costo político de desechar la posibilidad de aprovechar un artilugio legal para aliviar el bolsillo de los consumidores con una siempre festejada baja en los combustibles líquidos.

De avanzar, el dilema será claramente cómo compensar la pérdida de ingresos para las arcas del Estado: en un año en el que se empieza a encarar sostenidamente una baja de impuestos, se deberá ajustar más fuerte todavía el gasto público para cumplir con el objetivo de alcanzar un déficit primario de 3,2% del PBI.

YPF acercó esa propuesta luego de observar que desde que se liberó el mercado el 1´ de octubre, el crudo y el tipo de cambio subieron sostenidamente y eso se tradujo en aumentos periódicos en los surtidores.