La decisión del Gobierno de Javier Milei de utilizar el acceso al mercado energético argentino —y particularmente el potencial de Vaca Muerta— como herramienta de presión sobre las empresas vinculadas con la explotación hidrocarburífera en las Islas Malvinas abrió un nuevo capítulo en la disputa por la soberanía de las islas.

El dato central es que 180 compañías fueron notificadas de que deberán optar entre continuar con actividades vinculadas al offshore malvinense o exponerse a sanciones que podrían impedirles desarrollar negocios en Argentina. El universo no está compuesto únicamente por las operadoras: alcanza también a proveedores de servicios petroleros, empresas financieras, aseguradoras y otros integrantes de la cadena de valor.

Según se conoció, en el listado de las que podrían ser sancionadas hay 45 compañías y accionistas de Reino Unido, Israel, Canadá, Islas Vírgenes Británicas, Suecia, Kazajistán, Sudáfrica, la isla de Jersey, Dinamarca, Estados Unidos y Países Bajos.

Vaca Muerta como herramienta de presión

El canciller Pablo Quirno explicó la estrategia oficial durante la 47ª Convención del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Según planteó, cuando se sancionó la Ley 26.659 —la denominada “Ley Pino Solanas”— el escenario era diferente porque Vaca Muerta todavía no representaba el activo energético que es actualmente.

Ahora, el Gobierno busca cambiar el cálculo económico de las compañías: Malvinas o Argentina. La reglamentación publicada mediante el Decreto 868/2026 designó a Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y estableció mecanismos para acelerar la detección y sanción de actividades hidrocarburíferas no autorizadas.

Además, el Ejecutivo incorporó una condición especialmente relevante para Vaca Muerta: quienes pretendan acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) deberán presentar una declaración jurada que acredite que no están incumpliendo la legislación argentina sobre actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental.

¿Cuáles son las empresas que están en el centro de la disputa?

El caso más evidente es el de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, las dos compañías que desarrollan Sea Lion, el proyecto petrolero offshore ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.

Navitas posee el 65% de Sea Lion, mientras que Rockhopper controla el 35%. Ambas tomaron la decisión final de inversión en diciembre de 2025 para avanzar con el desarrollo, con una primera etapa estimada en unos U$S1.800 millones y el objetivo de comenzar a producir petróleo en 2028.

Las dos empresas ya tienen antecedentes de sanciones argentinas. Rockhopper fue declarada clandestina e inhabilitada para operar en Argentina, mientras que Navitas recibió una sanción similar en 2022. El nuevo esquema apunta a ampliar el alcance hacia accionistas, directores y proveedores.

Pero la lista de compañías potencialmente afectadas es más amplia.

Bluewater Energy Services aparece como uno de los casos más sensibles para Vaca Muerta. La empresa neerlandesa contrató con Navitas el uso del FPSO Aoka Mizu, que será utilizado en Sea Lion. Pero, al mismo tiempo, Bluewater es proveedor del Vaca Muerta Oil Sur (VMOS): fabricó las dos monoboyas que serán utilizadas para cargar petróleo en la terminal de Punta Colorada, en Río Negro.

La situación de Bluewater es particularmente significativa porque muestra el alcance que podría tener la política oficial: una empresa puede no ser una operadora de Vaca Muerta y, sin embargo, tener negocios estratégicos dentro de la infraestructura de exportación del shale argentino.

SLB tomó una decisión clave

Otro nombre que aparece con fuerza es SLB, la antigua Schlumberger y una de las mayores compañías de servicios petroleros del mundo.

La empresa anunció este sábado que no participará en proyectos petroleros en Malvinas, una decisión que adquiere especial relevancia por su fuerte presencia en la Argentina y en Vaca Muerta. SLB trabaja con compañías como YPF y otros operadores de la cuenca neuquina, por lo que el costo de quedar excluida del mercado argentino sería considerablemente mayor que el de resignar negocios en un proyecto offshore todavía en desarrollo.

El movimiento también funciona como señal para otras grandes compañías internacionales de servicios petroleros. Hasta el momento, Halliburton y Weatherford, otros dos grandes jugadores de servicios en Vaca Muerta, no aparecen públicamente vinculados a Sea Lion. Tampoco hay evidencia pública de participación de gigantes como Shell, TotalEnergies o Equinor en el proyecto.

Una lista mucho más grande que las operadoras

El Gobierno todavía no difundió públicamente el listado completo de las 180 empresas notificadas. Por eso, no es correcto afirmar que las 180 tengan actualmente operaciones directas en Malvinas.

Lo que sí se conoce es que el universo incluye a las dos operadoras de Sea Lion y a compañías vinculadas directa o indirectamente con la cadena de servicios. Entre las firmas con antecedentes en los desarrollos petroleros de las islas aparecen también Falkland Oil and Gas, Borders & Southern Petroleum, Argos Resources, Desire Petroleum, Premier Oil, Noble Energy Falklands, Noble Energy, Edison International, Chrysaor y Harbour Energy, aunque algunas ya no tienen participación actual en los proyectos.

El Gobierno, además, inició formalmente procedimientos sancionatorios contra 45 personas físicas y jurídicas, según informó la Presidencia, incluyendo empresas, accionistas y firmas que prestaron servicios a compañías involucradas en la explotación hidrocarburífera en las islas.

El verdadero impacto de la estrategia, sin embargo, podría verse en los próximos meses. Vaca Muerta se convirtió en el principal argumento económico de Argentina para intentar que las multinacionales hagan una elección de mercado: continuar apostando a un proyecto offshore en un territorio disputado o preservar el acceso a una industria argentina que ya moviliza miles de millones de dólares en inversiones, producción, infraestructura y exportaciones.

Y el caso Bluewater, junto con la decisión de SLB de mantenerse fuera de Malvinas, muestra que la disputa dejó de ser solamente diplomática. Ahora también empieza a jugarse en los contratos, las cadenas de proveedores y, sobre todo, en el valor económico de tener acceso al negocio de Vaca Muerta.