El fiscal general José Gerez firmó el 18 de julio un convenio con el gobernador Rolando Figueroa y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia Soledad Gennari, para crear y poner en funcionamiento el Consejo Estratégico de Implementación (CEI) que tendrá como objetivo impulsar las medidas para que la provincia comience a investigar los delitos de narcomenudeo.

La firma del convenio se realizó al mediodía durante un acto en Casa de Gobierno, en el que junto a Gerez, Figueroa y Gennari, estuvo el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, y la vicegobernadora Gloria Ruiz.

El convenio establece la creación del CEI, que estará integrado por el Poder Ejecutivo (a través del ministerio de Seguridad), el Ministerio Público Fiscal (MPF) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Este ámbito tendrá como objetivo “realizar todas aquellas acciones ejecutivas y estratégicas para la implementación en la provincia de la desfederalización de los delitos de narcomenudeo”.

Entre estas acciones se prevé la elaboración de anteproyectos de leyes; la realización de planes de capacitación para operadores judiciales y fuerzas de seguridad; el análisis de legislación comparada; la evaluación de modelos ya implementados; la gestión de recursos para la investigación del delito puntual; así como las reestructuraciones que sean necesarias en cada ámbito.

La creación del CEI responde a la decisión anunciada a principios de mes por el gobernador, respecto de que la provincia asumirá la investigación de los delitos de narcomenudeo. El anuncio lo hizo junto al fiscal general, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y el ministro de Seguridad.

La decisión implica el traspaso de las investigaciones por comercialización y distribución de drogas para el consumo al sistema penal provincial, mediante la adhesión a la Ley Nacional 26.052, que propone la desfederalización del delito.

Esta es una iniciativa que el fiscal general impulsa desde hace varios años y que, en el último encuentro de fiscales y procuradores de todo el país realizado en marzo en la ciudad de Puerto Madryn, se plasmó en la firma de un documento conjunto, informó el Ministerio Público Fiscal.