El gobierno mendocino contrató al banco suizo UBS para que consiga un comprador para el yacimiento ubicado en la zona de Malargüe y espera adjudicar la venta de su proyecto de potasio en la provincia de Mendoza a una compañía internacional a mediados de 2023, adelantó el gerente general por parte del Estado mendocino, Emilio Guiñazú.

El Gobierno de Mendoza llamó a licitación para que un banco de inversiones se encargara de la selección de interesados en asociarse o comprar el yacimiento, con inversiones estimadas de US$1.000 millones. El trabajo se hará bajo la modalidad de success fee: se abonará según el éxito de la operatoria y el costo se incluirá en la licitación de la mina.

“Finalizó una etapa muy importante de búsqueda de inversores para el yacimiento de potasio de PRC”, afirmó Emilio Guiñazú, que logró en 2020 recuperar la mina y US$250 millones en activos luego de arduas negociaciones con Vale.

“Este banco de inversión nos va a acompañar en el proceso de preparación de la información y búsqueda de inversores. Es un proyecto muy grande, de inversiones estimadas del orden de los mil millones de dólares, lo que requiere realmente un abordaje de un alto nivel”, explicó Guiñazú.

“El objetivo que tenemos es dejar todo el proceso terminado con la empresa con su nuevo dueño trabajando antes de las elecciones para el cambio de gobierno para evitar que después quede todo en la nada”, explicó el directivo.

“UBS es un banco suizo de primera línea, con muchísima experiencia tanto en transacciones mineras como en transacciones dentro de Argentina”, agregó. En esta licitación se presentaron UBS y la consultora Deloitte, ambas especializadas en grandes transacciones y de trayectoria y prestigio internacional, lo que demuestra el atractivo del yacimiento del Sur mendocino.

Comienza ahora un proceso de unos 18 meses en los que se definirán estrategias de búsqueda de socios para reactivar un polo minero y de servicios que generará miles de puestos de trabajo directos e indirectos.

“Junto con el banco vamos a terminar de definir la estrategia de búsqueda de socio, el proceso más adecuado dado el perfil de inversores que estamos buscando, la preparación de la información y el armado de los modelos”, detalló Guiñazú.

“Luego viene el proceso que se denomina road show, con el que que se va presentando el proyecto en diferentes lugares, como ferias internacionales, e invitación a Mendoza a conocer la mina”, amplió.

“Estamos muy animados, ya que el oferente tiene que trabajar bajo una modalidad que se llama success fee: solo cobra si se realiza la venta. Es un proceso largo que requiere de una inversión importante por parte del banco. El hecho de que se hayan presentado dos instituciones del primera línea implica que PRC tiene un gran atractivo”, cerró Guiñazú.

Cabe recordar que Vale tomó la decisión de paralizar el proyecto en 2013, lo que se tradujo en una tragedia económica con pérdida de más de 6 mil empleos en el Sur mendocino.

Un largo proceso para recuperar el empleo y la producción

Luego de lograr que la mina de potasio pasara al Estado mendocino y de recuperar 250 millones de dólares en activos, el Gobernador Rodolfo Suarez; los ministros de Economía y Energía, Enrique Vaquié; Infraestructura y Planificación Pública, Mario Isgro; Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez, y el gerente del yacimiento por parte del Estado, Emilio Guiñazú, anunciaron en setiembre el llamado a licitación para un banco de inversiones.

Este proceso previo garantizará la transparencia, la claridad de información para los interesados y la certeza para que el plan de negocios ofrezca perspectivas a futuro.

La entidad seleccionada dará los servicios de consultoría con costo cero para la Provincia: la modalidad success fee significa que la entidad cobrará luego del éxito de la operación, y el pago será parte del paquete que abonarán los ganadores de la licitación de la mina.

Esta adjudicación corona un trabajo que comenzó en 2019, luego de que Potasio Río Colorado cumplió siete años inactiva. Desde 2015, el Gobierno de Mendoza había negociado diferentes estrategias y plazos para que la brasileña volviera a la producción, pero nunca sucedió. En 2020, la empresa accedió a traspasar los activos al Estado y en diciembre de ese año la Legislatura ratificó el acuerdo histórico firmado entre el Gobernador Suárez y Vale.

En febrero, la Provincia tomó posesión de los activos, que incluyen un predio de 80 mil hectáreas de servicios, con aeropuerto en condiciones de funcionar y con capacidad para que coman y se alojen 3 mil personas.

A partir de allí, se tomó contacto con empresas, embajadas y bancos de inversión. “Por el tamaño de la operación, el mecanismo más eficaz, transparente y que mayor garantía nos ofrecía de alcanzar un resultado positivo era trabajar junto con un banco especialista en procesos de fusiones y adquisiciones”, explicaba en ese momento Guiñazú.

La mina, una de las más grandes del mundo y con mayor potencial de Latinoamérica, se proyecta para tres actividades centrales: extracción y exportación sales de potasio, con alta demanda interna y externa; producción de soda Solvay, materia prima para fabricar vidrio, y provisión de servicios para industrias y pymes que operan en el Sur.