El jueves 30 de julio la Cámara Alta del Senado de la Nación Argentina convirtió en ley el teletrabajo, normativa que cuenta con voces a favor y en contra.

Para el sector empresario, la ley cuenta con claroscuros que la harán impracticable, mientras que para abogados laboristas, protege a quienes realizan el teletrabajo.

En este sentido, Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, plantea que la norma regula una modalidad que de por sí es precarizante, mientras que los empresarios buscan bajar costos.

El letrado sostiene que la ley contribuye a proteger los derechos de los trabajadores pero no cree que sirva para generar nuevo empleo. “El objetivo de la ley es proteger a las personas que van a realizar teletrabajo. Entendiendo que es una forma de trabajo que difumina los derechos laborales, la ley trata de concentrarlos en una norma específica. En general, todo lo que establece la ley es bueno. Pero la mayoría de las cosas que dice ya están en la ley para el trabajo en general. El teletrabajo es una forma distinta de trabajar pero ya existe, no es que el trabajador va a estar desprotegido”, dijo a El Cronista Comercial.

Para Cremont, el mayor aporte de la ley es que tiende a darle protección a las personas que realizan teletrabajo y eso es valioso. “Si me pregunta qué ley me hubiera gustado a mí, es una ley todavía más protectoria o que desaliente, sin prohibirla, por supuesto, pero que no esté tan a mano de un empresario externalizar esta forma de trabajo”, criticó.

Ante el argumento empresarial de que el teletrabajo está contemplado en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), Cremont afirmó que es cierto y que no le parece mal que se unifiquen en una norma. “Hoy existe el derecho a la jornada limitada de trabajo en la Constitución Nacional, en la Ley de Jornada, y en la LCT, pero si además, cuando se habla de teletrabajo se incorpora la desconexión para no recibir un mail o un whataspp fuera de horario, no está mal, aunque uno podría invocar la Ley de Jornada para que eso no ocurra”, explicó.

Desde la vereda opuesta, el sector empresarial manifestó su oposición a la norma. Daniel Funes de Rioja, abogado laboralista y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, manifestó su oposición a la norma y afirmó que el proyecto no era necesario, dado que la modalidad de trabajo a distancia ya está contemplada en los artículos 21 y 22 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

Además, el dirigente empresarial cuestionó en los últimos días el apuro que tuvo el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. "Nos preguntamos donde están los \'supuestos avasallamientos a los derechos de los trabajadores\' que impulsan esta iniciativa pues no se recogen antecedentes de denuncias de violaciones, maltrato, discriminación, o vulneración de los límites de la jornada laboral", señaló a El Cronista Comercial.

Y agregó que las particularidades de esta modalidad contractual pueden negociarse en el marco de las convenciones colectivas de trabajo. En ese contexto, considera que es una ley que "dificulta la generación de empleo e incentiva la informalidad".

Frente a ello, considera que hay razones que hacen al proyecto "objetable e impracticable", como la "prohibición de remitir comunicaciones fuera de la jornada", algo difícil de controlar ante comunicaciones masivas o desde oficinas en el exterior, originados en distintos husos horarios.

Además, se requiere determinar cuando se está en presencia de teletrabajo. En su opinión, lo que define este punto es la "habitualidad", siendo teletrabajo aquel que se realiza "preponderantemente" en un domicilio distinto al establecimiento el empleador.

También señala que es necesario acordar la vuelta al establecimiento de común acuerdo y no en forma "unilateral e intempestiva", al tiempo que pide suprimir la limitación de contratar trabajadores extranjeros "por violar el principio de territorialidad de la Ley de Contrato de Trabajo".