Según el portal La Política Online (LPO), el Ministerio de Energía publicará en los próximos días un decreto en el que convocará a bancos nacionales e internacionales para que se encarguen de la arquitectura financiera del proceso de venta del 50% de las acciones que el Estado tiene en Citelec, la empresa que controla el 52% de Transener.

En este sentido, al menos once entidades de primera línea internacional están interesadas en participar de la operación, que será abierta a empresas extranjeras.

La venta de Transener se enmarca en un negocio global por el que el Gobierno espera recibir 1.100 millones de dólares en los próximos meses. Este proceso tuvo inicio con el decreto que habilitó a Juan José Aranguren a vender las centrales que opera Enarsa y las acciones del Estado en las eléctricas.

Además de Transener, el Gobierno tiene previsto vender las acciones (un 8 por ciento) que tiene en Central Puerto, la empresa de Nicolás "Nicky" Caputo el mejor amigo de Macri. Por desprenderse de estos papeles, esperan recaudar 250 millones de dólares. La compañía tiene un valor de mercado de unos 3.000 millones, número al que llegó tras quedarse el año pasado con dos centrales licitadas por Energía.

El plan se completa con la venta de las centrales térmicas "Brigadier López", en la provincia de Santa Fe, y "Ensenada de Barragán", en Buenos Aires. Por ellas, la recaudación esperada es de 500 millones de dólares. En el Gobierno admiten que Marcelo Mindlin apostará fuerte a quedarse con las centrales.

El argumento que esgrimen las fuentes oficiales es que el Estado tiene que encargarse de hacer cumplir la ley y los marcos regulatorios, y dejar liberado el mercado. Esto implica, entre otras cosas, que los precios de la electricidad los pague la demanda, sin la intervención estatal por vía de los subsidios o cualquier otra.

En cuanto a las inversiones en infraestructura en el Gobierno creen que la tienen que encarar cien por ciento los privados salvo en casos estratégicos, con la energía nuclear.

Asimismo, varios empresarios extranjeros le advirtieron a Aranguren que es inviable el sistema argentino en el que el Gobierno le garantiza un precio fijo por mes a los privados que construyen una central. Es decir que sin importar cuanto produzcan tienen una transferencia estatal garantizada, lo que es considerado casi un subsidio a la infraestructura que el Estado necesita.

Los inversores le explicaron que ese es un sistema de emergencia para una economía en condiciones mucho peores que la argentina, donde lo ideal sería que Cammesa compre sólo lo que necesita y el Estado se corra del negocio de los privados. (Foto: Télam).