A fines de noviembre, con el RIGI a nivel nacional ya aprobado a través de la Ley Bases y sancionado por el Ejecutivo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, por la exAFIP) fijó el tipo de cambio que se va a utilizar para calcular el valor en pesos de los proyectos y ver si quedan dentro de los límites máximos establecidos.

La medida se plasmó en la Resolución General 5605/2024 del Boletín Oficial, firmada por la titular de la entidad, Florencia Misrahi. Ahí se estableció la forma de cálculo del límite máximo para emitir certificados de crédito fiscal para los proyectos productivos que estén adheridos al RIGI. Se hizo debido a que el Gobierno ya tenía consultas en este sentido de posibles inversionistas.

“Solo para esos efectos deberá tomarse el tipo de cambio vendedor divisa del Banco de la Nación Argentina al cierre del día hábil inmediato anterior al de la emisión del comprobante correspondiente por parte del proveedor o prestador de servicios o la fecha de oficialización del despacho de importación”, se precisó.

Cabe señalar que, desde el ARCA ya habían implementado el servicio online CERTIVA – Certificados de Crédito Fiscal IVA, que en esta primera etapa se utilizará en el marco del RIGI, para la gestión de los Certificados de Crédito Fiscal.


Con el RIGI, que fue reglamentado a través del Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei pretende fomentar grandes inversiones en el sector privado. Además, la Casa Rosada quiere acelerar la creación de empleo, y las exportaciones de mercaderías y servicios. Este régimen está destinado a distintos sectores como la forestoindustria, el turismo, el área de infraestructura, la minería, la tecnología, la siderurgia, la energía, el petróleo y el gas. El propio Presidente dijo que él se involucró en la redacción de la letra chica de esta normativa.

En cuanto a los montos, esta modalidad avala el ingreso de inversiones con una base de U$S 200 millones que el Poder Ejecutivo puede incrementar por sector. En tanto, para aquellos proyectos que posicionen a la Argentina como nuevo proveedor a largo plazo en mercados internacionales en los que aún no cuente con participación relevante y que involucren activos computables en etapas sucesivas, la suma podrá ser igual o superior a U$S1000 millones. (Fuente: La Nación).