El sábado 1 de octubre, se actualizará el Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono por primera vez en casi dos años. Las petroleras trasladarán ese ajuste al surtidor lo que representaría una suba cercana al 4 por ciento.

Sin embargo, es probable que el incremento en el precio de las naftas y el gasoil termine siendo mayor, pues las empresas quieren aprovechar para aplicar un incremento adicional que acompañe la variación que registró el tipo de cambio y la inflación.

Cabe recordar que el gobierno postergó siete veces seguidas la actualización impositiva, cuatro durante 2021 y tres en 2022. La última vez fue a fines de agosto cuando en los considerandos del decreto 561/22 remarcó que “tratándose de impuestos al consumo y dado que la demanda de los combustibles líquidos es altamente inelástica, las variaciones en los impuestos se trasladan en forma prácticamente directa a los precios finales de los combustibles”.

Luego sostuvo que no habría cambios “con el fin de asegurar una necesaria estabilización y una adecuada evolución de los precios”. A diferencia de las otras veces estableció un cronograma destinado a normalizar la situación. Allí se dejó en claro que el incremento correspondiente al primer y segundo trimestre de 2021 se aplicará a partir de este sábado 1° de octubre. A su vez, el decreto estableció que las actualizaciones de los impuestos a los combustibles del segundo semestre de 2021 y de los tres trimestres de 2022 se implementarán recién el 1° de enero de 2023.

En el gobierno dejaron trascender que esta vez sí tienen la voluntad de cumplir con el cronograma establecido. Por lo tanto, en la industria dan por hecho que subirán los impuestos. En alguna ocasión, parte del incremento fue absorbido por las empresas, pero en esta oportunidad las refinadoras dejaron en claro que no están en condiciones de hacerlo y que si el gobierno habilita la suba el traslado al consumidor será automático.

Según dejaron trascender desde las petroleras, se aprovecharía la suba de impuestos para aplicar un ajuste adicional que les permita compensar la inflación y la suba del dólar.

Los salarios e insumos pesificados representan el 30 por ciento de la estructura de costos y ajustan cerca del 7 por ciento mensual en línea con la inflación, esto suma 2,1 puntos porcentuales más a los 4 puntos que ponen de piso los impuestos. A su vez, el crudo, que cotiza en dólares, representa cerca del 70 por ciento de la estructura de costos del combustible a la salida de la refinería. Una vez sumados los impuestos esa incidencia se reduce a cerca del 50 por ciento del precio final. Por lo tanto, si se toma en cuenta que el dólar oficial trepó 7,1 por ciento desde la última suba de la nafta el pasado 21 de agosto, ahora debería ajustar 3,55 puntos porcentuales solo para compensar ese incremento, se analizó en Página/12.

Si al impacto de los impuestos se le agrega el efecto inflacionario y la suba del tipo de cambio, la actualización de precios debería bordear el 10 por ciento.

Cabe recordar que los precios de los combustibles están desregulados, pero como YPF concentra cerca del 60 por ciento del mercado y es controlada por el Estado nacional, en los hechos es el gobierno quien termina decidiendo el aumento de los combustibles. La línea técnica de la compañía eleva el pedido y es el Ministerio de Economía el que resuelve. Una vez que YPF aumentó, el resto de las compañías siguen sus pasos.

No obstante, este escenario no siempre se cumple. Si las petroleras privadas ven reducir sus márgenes de ganancia de manera significativa pueden decidir aumentar aunque YPF no lo haga, como ya ocurrió alguna vez. Es una apuesta de riesgo porque si venden la nafta mucho más cara de lo que la ofrece la empresa líder pueden terminar perdiendo una porción significativa del mercado. Para YPF esa apuesta también conlleva un riesgo porque si las otras petroleras aumentan, crece la presión sobre su red de distribución. En general, operan de modo coordinado para que la brecha de precios no se dispare y provoque desequilibrios.