En julio de 2019, el Poder Judicial de la Provincia del Neuquén firmó un memorándum de entendimiento (MOU) con ADI NQN (Agencia de Inversiones de la Provincia del Neuquén), con el objeto de abastecerse de energía eléctrica originada en fuentes renovables, en el marco de un novedoso y prometedor círculo de desarrollo y ahorro energético que impulsa la provincia (Acuerdo 5839 punto 8).

Las Leyes Nacionales 26190 y 27191 que promueven las Energías Renovables en el país, instan a los grandes consumidores a tener, como mínimo, un 20% de su consumo energía eléctrica mediante métodos renovables, buscando, mejorar el cuidado del ambiente y lograr un importante ahorro energético.

Es por esto que a raíz del convenio firmado, y una vez puesto en funcionamiento el parque Solar Fotovoltaico El Alamito, en el año 2022, se suscribirá con la Agencia de Promoción y Desarrollo de Energía, (encargada de desarrollar el proyecto en el norte neuquino) un contrato de abastecimiento de energías renovables.

De esta manera el Poder Judicial de la Provincia del Neuquén contará con energía verde y limpia contribuyendo a la preservación del ambiente, y generando una importante reducción en el costo energético y presupuestario.

Acerca de el proyecto El Alamito
La obra comprende la construcción, aprovisionamiento e ingeniería para el desarrollo de la primera etapa del parque solar El Alamito, con una potencia inicial de generación de 1 MW.

Se prevé que la construcción del primer parque de energía solar fotovoltaica comience a fines de 2021. Se encontrará ubicado a unos 20 kilómetros de Chos Malal, en dirección a Andacollo, localidades del norte neuquino.

En principio el parque va a generar un 1 megavatio (MW) y se va a financiar, con recursos provinciales que se generaron a partir del parque eólico Vientos Neuquinos, ubicado en la zona de Bajada Coloradas e inaugurado por el gobernador Omar Gutiérrez en junio de 2020.

El parque de energía solar se va a construir sobre diez hectáreas cedidas por un productor. El primer MW será destinado al sector público, es decir a dependencias judiciales, educativas y hospitalarias; luego se ampliará la participación a sectores productivos del ámbito privado como así también a los parques industriales.