La Cámara Federal de San Martín resolvió habilitar la feria judicial para proseguir con el trámite de una causa sobre el derecho de paso por una propiedad privada para la realización de obras relacionadas con el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, al evaluar que se trataba de “una cuestión de “interés público nacional”, según consignaron fuentes judiciales.

La decisión, que revocó la negativa de primera instancia, fue tomada en el marco de la demanda promovida por Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) contra D.D.P., titular registral de un inmueble por donde se deben efectuar obras “para ampliar la capacidad del sistema de transporte de gas y optimizar su utilización”.

Con ese objetivo, Enarsa firmó los contratos para la construcción de obras civiles para el transportar el gas de Vaca Muerta, en Neuquén, a grandes centros de consumo del país.

La demanda acotó que las tareas, junto a la obra del “Gasoducto Mercedes-Cardales”, consolidaría la interconexión de los sistemas de transporte existentes “dotando de mayor confiabilidad y seguridad el suministro de las demandas actuales”.

Enarsa presentó la solicitud inicial el último día hábil de 2022, para que se diligenciara el oficio librado por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) un mes y medio antes, y notificar que se hallaba autorizada a ingresar al predio privado, incluso con el auxilio de la fuerza pública.

Al pedir la habilitación del receso judicial, la empresa expuso que existía una máxima urgencia en proceder al ingreso al inmueble, ya que debían ejecutarse trabajos impostergables, consistentes en transporte, acopio de materiales, apertura de pista, zanjeo, desfile de la cañería, soldadura, bajada y tapada, entre otros.

En su presentación, Enarsa remarcó que en la zona se encontraba personal, equipos y maquinaria de la empresa contratista que tenía a su cargo la ejecución de esos trabajos y que, de no poder ingresar al predio, implicaba que se debía abonar los días improductivos, de modo que la demora al ingreso de la propiedad le originaba un perjuicio evidente.

En la resolución, firmada en las últimas horas por los camaristas Juan Pablo Salas y Marcelo Darío Fernández, se consideró que las obras del gasoducto no debían postergarse, porque se trata de una cuestión de interés público nacional.