La Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Ambiente autorizó la cesión del 100% de la participación de YPF en las concesiones de explotación de hidrocarburos de las áreas Cerro Fortunoso y Valle del Río Grande, a favor de Venoi.
La medida se enmarca en el proceso de reestructuración de activos convencionales iniciado por YPF a través del denominado Plan Andes, mediante el cual la compañía busca focalizar su estrategia en activos no convencionales, mientras transfiere áreas convencionales a operadores con mayor especialización en este tipo de yacimientos.
«Esta cesión es parte del dinamismo y atomización de los actores del sector, de una reconfiguración del mapa de operadores en Mendoza”, destacó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y agregó que “tenemos la obligación y la responsabilidad de trabajarlo como una oportunidad de mejorar en eficiencia para crecer en producción»
Por su parte, el director de Hidrocarburos, Lucas Erio, aseguró que “este proceso permite sostener la actividad en áreas convencionales, promover nuevas inversiones y garantizar la continuidad productiva bajo un esquema de control técnico, económico, legal y ambiental por parte de la Provincia.
Continuidad operativa y seguridad jurídica
Las áreas convencionales continúan cumpliendo un rol clave para Mendoza. No solo por su aporte productivo, sino también por la infraestructura existente, el empleo local, la cadena de proveedores, el conocimiento técnico acumulado y la recaudación provincial asociada a la actividad.
Las áreas Cerro Fortunoso y Valle del Río Grande fueron otorgadas originalmente a YPF y se encuentran dentro del conjunto de activos convencionales de la provincia. La resolución autoriza la transferencia a Venoil S.A. luego de la intervención de las áreas técnicas, económicas y legales correspondientes, que evaluaron la capacidad legal, técnica y económico-financiera de la cesionaria.
La autorización otorgada tendrá una vigencia de cuatro meses desde la notificación de la resolución. Dentro de ese plazo, YPF S.A. y Venoil S.A. deberán formalizar la escritura pública definitiva de cesión y presentarla ante la Dirección de Hidrocarburos para su toma de razón y efectiva vigencia.
Además, la resolución deja establecido que el pedido de prórroga de las concesiones por 10 años, solicitado por las partes, será analizado en una instancia posterior, una vez perfeccionada la cesión.
Control ambiental y obligaciones pendientes
Uno de los puntos centrales de la resolución de cesión establece que la Provincia preserva expresamente sus facultades de control y fiscalización. En ese sentido, la autorización no libera a las empresas de las obligaciones existentes en materia de canon, regalías, obligaciones, saneamiento de pasivos ambientales y abandono definitivo de pozos.
La norma establece que cualquier cláusula privada entre cedente y cesionaria que pretenda limitar responsabilidades ambientales no podrá hacerse valer frente a la Provincia de Mendoza. Asimismo, mantiene la responsabilidad solidaria entre YPF S.A. y Venoil S.A. respecto de las obligaciones de abandono de pozos perforados o explotados por la cedente y del saneamiento de pasivos ambientales generados con anterioridad a la cesión.
“Queremos que las áreas convencionales tengan futuro, pero con reglas claras. La Provincia acompaña la inversión y la continuidad operativa, pero también exige responsabilidad ambiental, cumplimiento de obligaciones y seriedad técnica en la gestión de los activos”, agregó Erio.
Una estrategia para revitalizar campos maduros
La autorización de esta cesión se suma a otros antecedentes recientes de reordenamiento de áreas hidrocarburíferas en Mendoza, en los que la Provincia ha buscado impulsar la llegada de operadores especializados, capaces de sostener y optimizar la producción en campos convencionales.
Este tipo de activos requiere una gestión eficiente, conocimiento técnico específico y estrategias orientadas a extender la vida útil de los yacimientos, mejorar la productividad y sostener el impacto económico de la actividad hidrocarburífera en las comunidades vinculadas al sector.
Con esta decisión, Mendoza reafirma su compromiso con la seguridad jurídica, la atracción de inversiones, la continuidad productiva y el desarrollo responsable de su industria hidrocarburífera.
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