Este lunes 8 de enero se realizó una reunión entre el ministro del Interior, Guillermo Francos con funcionarios de las provincias de Santa Fe y ministros de Córdoba, Entre Ríos, Jujuy y Tucumán por los biocombustibles y las retenciones.

Según publicó Clarín, con el objetivo de rodear de consenso a la “ley ómnibus”, el Gobierno anunció que durante el fin de semana envió al Congreso “enmiendas” con “aclaraciones” al proyecto, en cuestiones relativas a “biocombustibles y retenciones”.

Así lo transmitió el secretario de Agricultura, Fernando Vilella, en la cumbre que, junto al ministro del Interior, Guillermo Francos, encabezaron con representantes de cinco provincias: la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, y los ministros Sergio Busso (Bioagroindustria de Córdoba) y Guillermo Bernaudo (Desarrollo Económico, de Entre Ríos), Daniel Abad (Economía y Producción, de Tucumán); y el secretario de Desarrollo Industrial de Jujuy, Diego Suárez, entre otros.

Francos indicó que durante la reunión se encargó de “clarificar algunos temas que se habían comprendido mal del proyecto, con relación al corte de bioetanol y de biodiesel, que tienen un fuerte impacto en la actividad de pequeñas y medianas empresas en cada distrito”.

“Clarificamos que el porcentaje de corte de biocombustibles establecido en el proyecto Ley es un piso que no va a reducirse y acordamos seguir conversando y analizando estos temas, que tienen impacto en las economías regionales de cada provincia”, aseguró el ministro político, que la semana pasada había hecho lo propio con el capítulo referido a la ley de pesca.

La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, explicó: “Vinimos a plantearle al Poder Ejecutivo algunas modificaciones en los artículos, siempre con una mirada propositiva, que nos permitan sostener la industria nacional y sostener los derechos que hoy tienen adquiridos nuestras industrias de biocombustibles, para seguir siendo jugadores competitivos”, afirmó. Básicamente, el pedido que hicieron fue que “el corte de los biocombustibles esté entre el 7,5 y el 12 por ciento”, lo que luego confirmó Francos.

“Nos escucharon, nos dijeron que se va a analizar lo que nosotros trajimos como una propuesta concreta”, reveló Scaglia, que destacó que los funcionarios “fueron receptivos”.

“Esperamos que con alguna enmienda, o modificación del proyecto original, se corrijan algunos puntos que nos permitan a nosotros acompañar sin tener que dar discusión en el Congreso”, completó la vicegobernadora ante la prensa acreditada en Casa Rosada.

Cabe recordar que ya las pymes productoras de biocombustibles habían alertado por los cambios en los cortes, en las reglas de juego con las multinacionales cerealeras y en la desregulación para importar, argumentando que la normativa favorecía a grandes cerealeras.

En este sentido, Federico Pucciariello, referente de biodiésel de Santa Fe, dijo a Vaca Muerta News que el apoyo de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) no incluía a las pymes del sector. “La CARBIO representa a las multinacionales cerealeras y el resto del país se expresaron con una clara negativa a la ley ómnibus, que lo único que hacen es favorecer a las aceiteras y petroleras, en un articulado que las provincias agroindustriales no van a dejar que pase”, explicó.

Con anterioridad, desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) habían criticado que la desregulación de la actividad planteada en el proyecto de ley va en contra de la ley de biocombustibles, que tiene plazo hasta 2030, al tiempo que abre las importaciones y libera la competencia entre pymes y las grandes cerealeras. Por lo que anticipan que la ley "manda a la quiebra" a 27 pymes que producen para el mercado local y emplean de manera directa a 2000 trabajadores.

A través de un comunicado, firmado por el director ejecutivo de la Cámara, Federico Martelli, solicitaron a los diputados y senadores del Congreso que rechacen la Sección IV del proyecto de ley que habla de los biocombustibles, y le piden a la Secretaría de Energía ser convocados para acercar propuestas y "trabajar en conjunto".

La ley ómnibus deroga los artículos 6°, 9°, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22 y 23 de la Ley N° 27.640 y modifica el artículo 13. Por ese motivo, las pymes alertan por una posible concentración del mercado: "Libera el precio de comercialización al acuerdo de las partes y rompe con el equilibrio sobre el que se trabajó hasta acá, en el cual las pymes tienen reservado el mercado interno, con cupos y precios regulados por el Estado y las “compañías integradas” o “grandes” tienen para sí el negocio de la exportación.

Al liberar el precio, los grandes grupos económicos no solo se ven beneficiados por tener plantas de gran volumen de producción lo que les otorga mayor productividad, sino que al ser los fabricantes de la materia prima pueden negar la venta de esta a las pymes, fijar precios fuera de mercado para sacarlas de la competencia u ofertar su biodiesel a precios de dumping para concentrar todo el negocio", dice el documento.

El entramado de pymes productoras de biodiesel destinadas al corte obligatorio para ser mezclado con diesel de origen fósil cuenta con 27 empresas que producen para el mercado interno y emplean 2000 trabajadores. Están radicadas en Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, San Luis y Buenos Aires.

Algunas de las pymes que forman parte de la Cepreb son Bio Bahía, AOM Energy, Grupo Bolzán, Soy Energy, Pampa Bio, New fuel, Bio Ramallo, Biobin, Aripar, Refinar Bio, entre otros. (Redacción Vaca Muerta News, con información de Clarín - Econojournal).