El secretario de Energía, Darío Martínez, se presentó el miércoles 22 de septiembre por la tarde ante un plenario de las comisiones de Energía, Minería y Combustibles y Presupuesto y Hacienda para brindar detalles sobre la iniciativa que fue presentada días atrás por el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

“El mandato del presidente y la vicepresidenta es muy claro y es generar una herramienta legislativa que nos permita primero asegurar el autoabastecimiento de hidrocarburos para luego ir por un aumento de producción que nos permita generar saldos exportables. El cumplimiento de estos objetivos permitirá un sostenido ingreso de divisas, fortaleciendo la posición del Banco Central de la República Argentina”, sostuvo el secretario al comienzo de la exposición.

Al hacer un repaso por el proyecto, Darío Martínez destacó que “lo que atraviesa a toda la normativa es promover el desarrollo regional, incrementar el valor agregado nacional, que es fundamental que las pymes se desarrollen y se vayan incorporado a la cadena de valor de manera creciente”.

Sobre la participación de las provincias, aclaró que “son las dueñas de los recursos, se fortalecerán porque el aumento de la producción se reflejará en el aumento de regalías. Esto no es una nueva ley de hidrocarburos sino un régimen de promoción hidrocarburífera. Esta norma no modifica las potestades que ya tienen las provincias, no estamos discutiendo ni la propiedad ni el poder concedente y tampoco tocamos ninguna potestad tributaria de las provincias, absolutamente ninguna”, enfatizó.

Respecto a los proyectos especiales, sostuvo que “en cuencas con rendimiento distinto, tenemos que tener incentivos distintos y lo importante es desarrollar todas las cuencas y cuidar los puestos de trabajos en cada una de ellas”.

En cuanto a la cuestión medioambiental, Martínez dijo que “este proyecto de promoción de inversiones en hidrocarburos no exime de ninguna responsabilidad ambiental, no va en contra de ninguna normativa ambiental y tal es así que contempla un capítulo sobre la sustentabilidad energética”.

Durante la exposición, que se llevó a cabo por videoconferencia, acompañaron al secretario Maggie Videla, subsecretaria de Hidrocarburos; María Luján Crespo, asesora legal y técnica de la Secretaría de Energía; Daniel Rigou, director nacional de Refinación y Comercialización; Ariel Kogan, asesor del presidente Alberto Fernández en cuestiones energéticas y coordinador de la redacción del proyecto de ley; Verónica Tito, asesora legal y técnica de la Subsecretaría de Hidrocarburos; Juan José Imirizaldu, director nacional de Impuestos del Ministerio de Economía; Sebastián González, director nacional de Economía y Regulación, y Rodrigo Ruete, subsecretario de Relaciones Institucionales de la cartera económica.

El proyecto cuenta con una perspectiva federal, ya que su elaboración contó con la participación de todos los actores que forman parte de la cadena de producción de los hidrocarburos. Además, obtuvo una buena recepción por parte de los representantes de las principales empresas del sector, quienes elogiaron la iniciativa del Gobierno Nacional para impulsar a la industria energética.

De conseguir el visto bueno legislativo, esta ley tendrá una vigencia de 20 años, brindando estabilidad tributaria e incentivos y tratamientos diferenciales en lo tributario, arancelario y cambiario, al otorgar un marco de previsión para el sector que permita incrementar la producción de petróleo y gas natural, junto con un creciente proceso de industrialización local y la generación de exportaciones en escala. El cumplimiento de estos objetivos permitirá un sostenido ingreso de divisas, fortaleciendo la posición del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El proyecto fue presentado hace una semana por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien durante un acto realizado en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada indicó que “tenemos que poner el máximo impulso a la actividad petrolera y gasífera”, y convocó a “poner el máximo impulso a la actividad petrolera y gasífera” con “previsibilidad” y “preservando el acuerdo social y la sustentabilidad ambiental”.

“Es una ley construida entre todos, el Estado, los privados y los sectores del trabajo”, destacó el mandatario.