En 2023 finalizarán las licencias que el Estado Nacional otorgó a una serie de empresas privadas en el año 1993 para la operación, mantenimiento y explotación comercial de las represas El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila, Alicurá y Complejo Cerros Colorados, emplazadas sobre los ríos Limay y Neuquén.

En este contexto, la Provincia del Neuquén ha expresado su interés por participar activamente, en conjunto con la Provincia de Río Negro, en las decisiones vinculadas a la gestión de las centrales hidroeléctricas emplazadas en su jurisdicción. Ello fundamentado en la Constitución nacional reformada en el año 1994, que consagró el dominio de las provincias sobre los recursos naturales.

A partir de esta decisión, ambas provincias han conformado una comisión conjunta para evaluar la situación actual de la administración de las represas. Sumado a ello, el poder legislativo de la Provincia del Neuquén ha conformado la “Comisión de seguimiento para el proceso de recuperación y traspaso de las Represas Hidroeléctricas de la Región Comahue”, establecida por Resolución 1162.

Con el objetivo de aportar al trabajo técnico que realizan dichas comisiones, la Secretaría del COPADE junto a la Asesoría General de Gobierno confeccionaron el informe “Concesiones hidroeléctricas: aportes al debate político y jurídico”, el cual ya fue remitido esta semana por el Gobernador Omar Gutiérrez a la Legislatura de la Provincia del Neuquén.

El titular de COPADE, Pablo Gutiérrez Colantuono, señaló que el informe “profundiza y desarrolla los fundamentos que sostienen la postura de la Provincia del Neuquén, señalando los argumentos y contra argumentos vinculados a las competencias provinciales y federal en esta temática ”.

“Un análisis sustancial ocupa el hito que significó la consagración expresa del dominio de los recursos naturales por parte de las provincias, a partir de la reforma constitucional del año 1994”, indicó Gutiérrez Colantuono.

La Directora Provincial de Planificación Territorial, Daniela Torrisi, explicó que “el estudio se inicia con un diagnóstico sobre el papel que actualmente las centrales hidroeléctricas desempeñan en la generación de energía mundial. Luego prosigue con un análisis sobre los factores de riesgo asociados a tales tipos de infraestructuras y sus impactos ambientales, describiendo además la actual situación de emergencia hidrológica en la región”.

Asimismo, el informe detalla las características de las centrales hidroeléctricas existentes en la Provincia del Neuquén y da cuenta de los resultados para la economía provincial del esquema de concesiones vigente hasta 2023 de las centrales emplazadas sobre los ríos Limay y Neuquén.

También expone la historia de la conformación del sistema eléctrico argentino, profundizando en las tensiones y contradicciones propias del marco normativo.

Para finalizar, se concluye que una vez vencidas las concesiones el próximo año, se extinguirá el derecho del estado nacional de adoptar decisiones en materia de aprovechamiento del recurso sin la obligada participación de sus titulares originarios: las provincias del Neuquén y de Río Negro.

Esta participación activa en las decisiones implica tanto el nuevo modelo de gestión del recurso, como el contenido y alcances en toda ingeniería normativa o contractual que encamine el destino próximo del aprovechamiento del agua.

En el supuesto caso de existir cláusulas contractuales que habiliten prórrogas de las concesiones estas deben ser reanalizadas a la luz del artículo 124 de la constitución nacional, el cual fuera incorporado a la constitución con posterioridad a las concesiones actualmente vigentes.

En vistas de estas consideraciones, “la concertación dialogada y consensuada federal será la base para encontrar acuerdos vinculados al futuro de las represas hidroeléctricas”, concluyó el Secretario de Estado, Pablo Gutiérrez Colantuono.