El secretario de Energía, Darío Martínez, participó el lunes 22 de marzo de una reunión informativa de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, donde repasó el proceso de evolución de la industria de los biocombustibles en relación con los contextos nacional e internacional con el objetivo de acordar un nuevo marco legal para el sector.

El eje de su presentación estuvo centrado en recorrer el estado de la legislación orientada a la industria de los biocombustibles en nuestro país.

Ante el vencimiento del actual marco normativo, Martínez sostuvo que la ley vigente funcionó bien de acuerdo con el contexto nacional e internacional en el que se elaboró. En ese sentido, consideró que el sector se encuentra, nuevamente, ante la posibilidad de contar con un régimen que esté en consonancia con una situación, tanto local como global, que responde a un nuevo contexto. Y agregó: “El objetivo del gobierno es lograr la mayor sinergia entre todas las realidades de la situación local, cuidando cada puesto de trabajo y el impacto en el medio ambiente”.

“La transición energética es fundamental para nuestra política en esta materia, el mundo va en ese camino”, expresó el funcionario. Al mismo tiempo, también consideró que “las decisiones que toma la Secretaría de Energía, dentro de nuestro proyecto político, priorizan el cuidado de las pymes, el cuidado y la generación de empleo, el impulso a la producción y la incorporación de valor agregado”.

En su exposición, el secretario recordó el contexto en el que se elaboró y sancionó la norma actualmente vigente, diferenciándolo de la actual situación, nacional e internacional. “El comienzo de la década del 2000 nos encontraba ante el horizonte de la transición energética y con nuestros yacimientos de hidrocarburos en un alto grado de madurez”, describió Martínez.

La ley finalmente sancionada en 2006 fue un instrumento acorde al contexto de ese momento, para incentivar las oportunidades de inversión y exportación ante la demanda creciente por parte de otros países. Fue en ese marco en el que, recordó Martínez, se produjo “la decisión óptima del presidente Néstor Kirchner de avanzar con la Ley 26. 093”.

A continuación, el secretario consideró necesario evaluar la situación de los biocombustibles teniendo en cuenta los datos en la fluctuación de precios y costos, las realidades diferenciadas al interior del sector, el contexto local ligado al gas como combustible de transición, en el marco de una situación internacional marcada también por ese horizonte de transición y la necesidad de reducir las emisiones de Co2.

Especialmente, remarcó la distinción necesaria que debe hacerse entre los diferentes tipos de cultivos que participan de la producción, como es el caso del bioetanol elaborado a partir de la caña de azúcar que, a diferencia del maíz y la soja, carece de un mercado de exportación.

Además de tener en cuenta la situación de la caña de azúcar, un nuevo marco normativo deberá también tener en consideración los posibles vaivenes en la cotización de los commodities, encontrando algún tipo de esquema de equilibrio que evite afectar el costo de vida de nuestra población.

Finalmente, en el marco de la necesidad de hallar nuevos consensos que impulsen la actividad y tengan en cuenta la situación específica de los diversos integrantes de la cadena de producción, Martínez abogó por la creación de “una Comisión multisectorial en la que participen todos los actores involucrados”.

Pymes solicitaron prórroga a la ley 26.093

Las empresas agrupadas en la CEPREB acusaron al "lobby petrolero" de poner trabas en la prórroga de la Ley 26.093 ya que "no tienen ningún interés en promover la diversificación de la matriz energética, ni la producción de combustibles más amigables con el medio ambiente".

"La Ley 26.093, establecida por el Estado Argentino en 2006 y aprobada por unanimidad en la Cámara de Senadores el pasado 30 de octubre de 2020, tiene todos los elementos virtuosos de una política pública establecida con visión de futuro cuya continuidad peligra por la incertidumbre del lobby petrolero y su influencia en la gestión parlamentaria", sostuvieron desde la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB).

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Según la entidad, la norma demostró "una influencia positiva en aspectos socio-económicos como el empleo, la promoción de combustibles amigables con el ambiente, el fomento de las industrias pymes nacionales, la federalización y el desarrollo económico de pequeñas comunidades vinculadas con la instalación de plantas productivas".

"Más de 30.000 trabajadores y familias del interior del país dependen actualmente de unas 30 plantas productivas que se construyeron al abrigo de este régimen, generando un fenomenal impacto en el desarrollo de las comunidades vecinas a dichos centros productivo", indicó la CIPREB este lunes.

La ley 26.093 ordenó, entre otras cosas, que todos los gasoiles y naftas que se comercialicen en el país debían tener un componente determinado de biodiesel, que brinda una mayor limpieza en términos ambientales. Además otorgó incentivos fiscales para desarrollar la industria local y las economías regionales.

"Cualquier modificación o cambio que atienda los intereses de este sector, claramente irán contra el espíritu original de la ley y atentarán contra las posibilidades de supervivencia de las pymes y contra la continuidad de todos los beneficios que la ley ha promovido desde su implementación", sentenciaron las pymes.