Quieren hacer creer que la pandemia fue la culpable de una catástrofe financiera para la firma EDVSA, que no hubo intencionalidad de no pagar, cuando los hechos demuestran que esto fue planificado y la situación general colaboró en apaciguar la estafa pergeñada por los directivos de la firma.
La empresa sigue prestando servicios en forma acotada, evita que embarguen sus cuentas derivando los pagos hacia una compañía financiera, llamada Trend Securities, de acuerdo a lo acreditado en el expediente judicial penal presentado en la justicia neuquina, donde se habrían girado varios millones de dólares.
Por ello no se entiende como YPF permite la cesión de facturas de EDVSA quien adeuda $3000 millones a sus proveedores. ¿Complicidad o desconocimiento? ¿Dónde está el compromiso social de YPF con el entramado social pyme neuquino?
La denuncia penal avanza lentamente, aunque a paso firme, y según se conoció, Osvaldo Nunci habría contratado a un peso pesado en la justicia para intentar salir airoso, un abogado que participó en causas penales complejas aquí en la provincia de Neuquén, aunque lo ven muy difícil por no poder explicar todo lo sucedido.
Gran parte de los proveedores estafados, al no tener respuestas por parte de EDVSA, tras demorarle sus pagos por meses, entregarles cheques sin fondos, usando la pandemia como excusa, siendo damnificados con cerca de 3000 millones de pesos, fueron quienes se dirigieron a la justicia neuquina para impulsar esta denuncia penal.
La empresa aún no logró homologar el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), dado que omitieron presentar información “sensible” a la justicia, hecho beneficioso para los empresarios damnificados.
“Un año de impunidad, siguen como si nada hubiera pasado, no se le pagó a nadie”, dijo Iñaki Iranzi, uno de los proveedores que aún exige le paguen los millones que le adeudan y que dejaron su firma al borde la quiebra.
De acuerdo a la información del Banco Central (BCRA) la firma adeuda 1.272 millones de pesos a través de 2.848 cheques rechazados, aunque la deuda se estima que supera los $3000 millones de pesos, debido a que muchos proveedores no les recibieron las facturas de cientos de servicios prestados.
Lo cierto es que hasta no se homologue el APE en Buenos Aires, sigue el curso de todas las medidas cautelares, demandas y causas penales, así como la posibilidad de cobrar, evitando que se licue la deuda a 5 años como pretendían. Para ello, varios empresarios trabajan con un estudio jurídico de Buenos Aires para impedir que avance el proceso.
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