El gobierno de Javier Milei logró obtener un tiempo adicional para presentar la nueva posición y estrategia por el juicio de YPF -en la que la Argentina fue condenada a pagar US$ 16.000 millones-, lo que podría significar un cambio radical en la posición que el país venía aplicando hasta el pasado 10 de diciembre, bajo la administración de Alberto Fernández.

La Corte de Apelaciones de Nueva York le concedió a la Argentina una prórroga hasta el 22 de febrero, para presentar los primeros argumentos contra el fallo que condena al país a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF concretada en 2012.

La cita original era para enero, pero los representantes legales de la Argentina habían pedido una extensión del plazo, teniendo en cuenta que Milei asumió apenas el pasado 10 de diciembre, señala la nota de Mara Laudonia para la agencia Télam.

Además, se designó a Andrés de la Cruz como subprocurador para los litigios internacionales, indicaron a Télam desde la Procuración a cargo de Rodolfo Barra.

En tanto se define la estrategia legal, Milei en lo que lleva de gestión anticipó su intención de privatizar la petrolera, al tiempo que se expresó sobre los lineamientos de cuál sería una posible solución económica para los demandantes Burford Capital, Petersen y Eton Park.

El pasado martes, Milei sugirió que el Gobierno está evaluando un bono perpetuo para pagar el fallo judicial relacionado con la renacionalización de la petrolera YPF en 2012.

Un bono perpetuo es un tipo de inversión en el que el emisor paga intereses a los inversores de manera indefinida, sin tener una fecha de vencimiento específica.

En los bonos perpetuos, el emisor paga un cupón para siempre y no tienen que pagar al vencimiento.

También se le suelen llamar bonos perpetuos a los que tienen un vencimiento muy largo, comoa 100 años, y este tipo de bono ya fue emitido una vez en la Argentina, precisamente por el ministro de Economía, Luis Caputo, cuando se desempeñó como ministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri.

La sentencia de primera instancia de la jueza Loretta Preska que condenó a la Argentina se conoció el 31 de marzo e 2023, después de que la magistrada aceptara las mociones de los litigantes contra la Argentina, que iniciaron la primera demanda hace ya ocho años.

El 8 de septiembre último, Preska precisó los daños e intereses en los reclamos de accionistas minoritarios antes de la nacionalización, Petersen y Eton Park, contra el país, y donde Burford compró los derechos de litigio y se llevará una participación mayoritaria del resultado del juicio.

En dicha sentencia se condenó a la Argentina a pagar 16.000 millones de dólares, según se desprende de la fórmula que avaló la jueza a cargo en septiembre último.

Preska también determinó que, mientras se negociaba una solución de buena fe en base a la sentencia, del gobierno debía poner en garantía activos como acciones de YPF, para evitar dar vía libre a la posibilidad de ir tras eventuales embargos de bienes del país en el exterior.

La primera fecha para este paso del proceso era el pasado 5 de diciembre; apenas unos días antes de la asunción del nuevo gobierno; luego se extendió hasta enero y ahora la nueva fecha es el 22 de febrero.

Sobre el juicio por YPF, Milei se expresó: "Aquí tenemos un problema porque no tenemos el dinero, no tenemos $16 mil millones, esa es la realidad, pero tenemos la voluntad de pagar", dijo el Presidente el martes último en una entrevista televisiva con La Nación+.

"Lo que vamos a hacer, es una idea en la que estamos trabajando, es crear el impuesto (Axel) Kicillof, es decir pagar este fondo con un bono perpetuo", agregó el mandatario argentino en referencia al entonces ministro de Economía que gestionó la estatización de YPF, y actual gobernador bonaerense.

No obstante, al Estado aún le quedan varias instancias de apelación, pero ya desde la sentencia comenzaron a correr intereses que acrecentarían el monto mencionado, hasta que se solucione el conflicto.

Por último, en términos netos, Burford tendrá derecho a alrededor del 35% de los ingresos generados del juicio en el caso Petersen, y alrededor del 73% de los ingresos generados en el caso Eton Park, según precisó la compañía. (Télam).