El gobierno de Alberto Fernández dejaría de lado el proyecto que impulsaba una nueva ley de hidrocarburos y analiza otra iniciativa que permita distender los controles cambiarios para grandes inversiones en el sector y garantizarles así que las empresas del extranjero que hundan capital puedan girar parte de las divisas que genere su producción.

Se trata de un proyecto mucho más corto -cuenta con solo 12 artículos- y prevé la creación de un régimen con vigencia desde el 1° de mayo hasta el 31 de diciembre de 2047. Los beneficios de la ley contarían para las empresas que realicen inversiones nuevas que impliquen un monto en moneda extranjera no inferior a los 50 millones de dólares. Como comparación, la iniciativa original establecía un rango de inversión mínima de entre 6 millones y 300 millones de acuerdo a su complejidad, desde exploración y sísmica hasta la producción de petróleo y gas propiamente dicha.

La versión que circula por los despachos de diputados del oficialismo, motorizado por los gobernadores de las provincias que producen hidrocarburos, garantiza que las empresas podrían tener libre disponibilidad del 100% “de las divisas provenientes de sus exportaciones”, y si no exportaran, el equivalente al 20% de sus ventas en el mercado interno, señala la nota de Mariano Boettner en Infobae.

Fuentes de la industria miran al presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa como impulsor de esta nueva versión de una ley de promoción de hidrocarburos. Cerca del legislador afirmaron que se trata de un proyecto empujado por los diputados patagónicos y que deberá pasar primero el filtro de los jefes de bloque en la cámara baja y luego será puesto a consideración por el presidente del cuerpo.

Cabe recordar que la primera ley presentada el año pasado establecía una “línea de base” de actividad de cada firma a partir de la cual, en caso de que hubiera un excedente, comenzaría a computarse la producción “incremental”. Esa producción adicional iba a tener garantizada un porcentaje de exportación -que comenzaba en 20% pero podía ser mayor- y una libre disponibilidad de divisas que equivalía al 50% de esas ventas.

El proyecto fue diseñado, entre otros, por el equipo que tiene a su lado Martín Guzmán que se especializa en temas energéticos, entre ellos Demian Panigo, director de YPF en representación del Estado Nacional y el subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio, funcionario de confianza de Guzmán en ese reducto difícil para el ministro como es la Secretaría de Energía.

La iniciativa proponía incentivos fiscales y de disponibilidad de divisas por fuera del cepo cambiario a empresas petroleras que incrementen su nivel de actividad. Se esperaba, en ese momento, que el nuevo régimen tuviera impacto en las decisiones de inversión, primero, de las empresas locales y en una segunda etapa, de los grandes jugadores multinacionales.

Sin embargo, su trámite legislativo solo tuvo una reunión de comisión en el Senado y no mucho más. Es que hubo críticas más o menos públicas de gobernadores patagónicos y, con perfil más bajo, de las empresas del sector. Se esperaba, originalmente, un tratamiento rápido que le permitiera ser aprobado antes de que terminaran las sesiones ordinarias del 2021, pero no sucedió.

Iniciado el 2022, el proyecto fue cajoneado. Una alta fuente del equipo económico oficialista admitió que la iniciativa quedó diseñada de forma “muy reglamentarista”. “Es una actividad que tiene 100 años en la Argentina, no se puede regular como si se tratara de una industria nueva”, reclamaba el funcionario en reuniones privadas.