El Gobierno de Javier Milei amplió nuevamente el alcance de su ofensiva contra las empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La Casa Rosada inició procedimientos sancionatorios contra 15 nuevos sujetos, entre empresas y personas físicas, que se suman a los 45 expedientes abiertos la semana pasada y llevan a 60 los casos bajo investigación por actividades que Argentina considera ilegales en su plataforma continental.
La particularidad de esta segunda tanda es que el Gobierno está avanzando sobre la red de accionistas, directivos y proveedores que rodea a las compañías petroleras, y no solamente sobre las operadoras que llevan adelante los proyectos offshore. La medida apunta especialmente a los actores vinculados con Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, las dos compañías detrás del proyecto Sea Lion, que prevé avanzar con perforaciones en la Cuenca Malvinas Norte y comenzar la producción de petróleo en los próximos años.
Entre los nuevos sujetos incorporados aparece Shlomo Eliahu Holdings Ltd., accionista israelí de Navitas Petroleum. También fueron incluidos cuatro accionistas vinculados con Rockhopper Exploration: Aberdeen Group PLC, HBOS Investment Fund Managers Ltd., SMR Advisors (Monaco) SAM y Mizrahi Tefahot Bank Ltd. A ellos se suma David Williamson Dobson, del Reino Unido, identificado como accionista y presidente no ejecutivo de Borders & Southern, otra de las compañías alcanzadas por la primera tanda de procedimientos.
El listado también incorpora a seis personas relacionadas con Eco (Atlantic) Oil & Gas: Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Alice Carroll y Gabi Levin, en distintos roles como accionistas, directores, CEO y CFO. El Gobierno agregó además a tres compañías que aparecen vinculadas con la infraestructura necesaria para el desarrollo petrolero: Bluewater Energy Services BV, de Países Bajos; Bluewater Sea Lion Production Company Limited, del Reino Unido; y Noble Corporation UK Ltd., también británica.
De 45 a 60 expedientes
La ampliación constituye un cambio relevante en la estrategia oficial porque confirma que el Gobierno pretende seguir la cadena de vínculos económicos alrededor del petróleo de Malvinas. La primera lista, difundida el 4 de septiembre, había alcanzado a 45 personas y empresas de países como Reino Unido, Israel, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Suecia, Países Bajos, Sudáfrica, Kazajistán y las Islas Vírgenes Británicas.
En aquella primera nómina figuraban las propias operadoras vinculadas con Sea Lion, además de fondos de inversión, accionistas, empresas de servicios, consultoras y compañías relacionadas con la actividad hidrocarburífera. Entre ellas aparecen Navitas Petroleum, Rockhopper Exploration, Eco Atlantic, Borders & Southern, Noble Corporation y Fugro, además de fondos y administradoras de activos de distintos países.
La ofensiva, sin embargo, podría estar lejos de terminar. El canciller Pablo Quirno había anticipado que el Gobierno había notificado a un universo de aproximadamente 180 empresas, incluyendo no solo petroleras sino también proveedores de servicios petroleros, compañías financieras, aseguradoras y otros actores que, directa o indirectamente, permiten el desarrollo de las operaciones en las islas.
La herramienta jurídica utilizada es la Ley 26.659, que establece restricciones y sanciones para quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización. El Gobierno reglamentó el mecanismo para acelerar los procedimientos y busca además modificar la normativa para ampliar el alcance de las sanciones. En paralelo, anunció que las empresas que pretendan acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) deberán declarar que no están violando la legislación argentina sobre Malvinas.
El petróleo como eje de la disputa
El trasfondo económico de la ofensiva es el avance de Sea Lion, uno de los proyectos petroleros más importantes desarrollados en las aguas que Argentina considera parte de su plataforma continental. La iniciativa está liderada por Navitas Petroleum, de capitales israelíes, y Rockhopper Exploration, de origen británico. Según estimaciones citadas por medios especializados, el proyecto podría contener alrededor de 1.700 millones de barriles de petróleo.
La estrategia de la Casa Rosada busca elevar el costo económico de participar de esos proyectos y, al mismo tiempo, utilizar el atractivo del mercado argentino y particularmente de Vaca Muerta como elemento de presión. Quirno planteó que las compañías deberán evaluar si continúan participando de actividades que Argentina considera ilegales o si preservan sus posibilidades de negocios en el país.
El Gobierno, de esta manera, está transformando la disputa por Malvinas en un conflicto que excede a las operadoras petroleras y alcanza a toda la cadena de financiamiento, servicios, infraestructura y participación accionaria. La incorporación de estos 15 nuevos sujetos es una señal de que la Casa Rosada pretende identificar progresivamente a todos los actores que hacen posible el desarrollo hidrocarburífero en las islas.
Desde la Oficina del Presidente aseguraron que la ampliación responde a un trabajo de identificación de “todos los actores involucrados” y anticiparon que continuarán abriendo sumarios contra quienes consideren responsables de la explotación de recursos argentinos sin autorización.
Así, la lista pasó de 45 a 60 sujetos bajo procedimiento, mientras el universo potencial llega a 180 empresas. El próximo capítulo de la estrategia oficial será determinar hasta dónde llega esa red y, especialmente, si el Gobierno avanzará efectivamente sobre todos los proveedores, accionistas y entidades financieras vinculados con el petróleo de Malvinas.