La Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) se manifestó a favor de la Ley Ómnibus que envió el Gobierno de Javier Milei al Congreso, respecto a la libre competencia y la desregulación de los precios.

A través de un comunicado, señalaron que “CARBIO apoya los mecanismos de competencia introducidos en Proyecto Ley del Poder Ejecutivo Nacional enviado al Congreso el pasado miércoles 27 de diciembre, en cuanto a la derogación del establecimiento de precios, distribución de cupos de abastecimiento a productores por parte de la autoridad de aplicación y otras intervenciones de mercado establecidas en la actual ley 27.640”.

El proyecto impulsado por el Gobierno busca modificar la Ley de Biocombustibles, mediante la cual se impide la posibilidad que todos los actores de la cadena participen en el abastecimiento de biodiesel para el corte en el mercado interno.

El presidente de CARBIO, Luis Zubizarreta, consideró que “es insólito que las industrias más competitivas sean discriminadas y estén paradas y el mercado se abastezca a precios altísimos de pocas empresas habilitadas por no tener un mercado libre”.

Durante las sesiones extraordinarias del Congreso se debatirán estas reformas, con la intención de eliminar la regulación estatal en el precio de compra de la materia prima de origen vegetal (maíz, soja y caña). La propuesta contempla que las petroleras puedan negociar directamente los valores de compra con los productores, sin intermediación del Estado.

Desde CARBIO subrayaron que la apertura se traducirá en mejoras en la calidad del producto e incentivos para los inversores del sector que “generarán más y mejores opciones para el consumidor”.

En esta línea, Zubizarreta señaló que la intermediación estatal “merma la competitividad de nuestra economía y es pagada por todos los habitantes de nuestro país. El proyecto de ley actual soluciona esta inequidad, le dará al consumidor un biocombustible de calidad y a precios razonables, promoviendo una industria competitiva y sustentable”.

Por otra parte, en su comunicado la Cámara realizó una serie de observaciones respecto a algunos puntos clave del proyecto de Ley. En primer lugar, solicitaron la incorporación de una cláusula de reciprocidad en la importación de biodiesel para los restantes países comercializadores.

En cuanto a los cortes obligatorios, la entidad sugirió un valor del 14% para este año 2024 y del 15% para el 2025, pudiendo la autoridad de aplicación establecer un mínimo -en casos excepcionales y justificados- del 10% y elevarlo cuando se necesite acorde a las políticas de transición energéticas que se adopten.

Por último, manifestaron que se debería mantener la no gravabilidad sobre los biocombustibles respecto de tributos como el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2). En este sentido, señalaron que de no hacerlo “igualaría a los biocombustibles con los combustibles fósiles en cuanto al objeto de estos impuestos, que es precisamente gravar aquellos combustibles que más contaminan y promover de ese modo una matriz energética más limpia”.

Pymes en contra

Por otra parte, para la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles, la ley Ómnibus “manda a la quiebra a las pymes productoras de biodiesel”.

En este marco, la Cámara manifestó un "absoluto rechazo" a la Sección IV del Proyecto de Ley denominado “Bases y Puntos”, comúnmente conocido como “Ley Ómnibus”, enviada al Congreso por Javier Milei el pasado 27 de diciembre.

"Las modificaciones que allí se plantean implican directamente mandar a la quiebra a las empresas pymes productoras de biodiesel destinado al corte obligatorio para ser mezclado con diesel de origen fósil. Cabe resaltar que las 27 pymes que producen para el mercado local emplean de manera directa alrededor de 2.000 trabajadores y generan otros 8 puestos de trabajo de manera indirecta", indicaron en un comunicado.

Agregaron que "24 de 27 plantas están radicadas en el interior del país, muchas de ellas en ciudades y pueblos pequeños de Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, San Luis y Buenos Aires, promoviendo de este modo el desarrollo federal y la industrialización de la ruralidad en origen. Tampoco podemos dejar de señalar que es una industria que tiene registrados al 100 % de su personal, que paga salarios 3,5 veces por encima del salario mínimo, capacita a sus trabajadores y promueve el arraigo de profesionales jóvenes en sus propias comunidades".

"Todo este entramado productivo se asentó sobre la Ley 26.093 del año 2006 y la Ley 27.640 del año 2021 que tiene vigencia hasta el año 2030, por lo que existen derechos adquiridos ya que los empresarios del sector realizaron las inversiones con un marco jurídico que les otorgaba cierta previsibilidad que ahora se quiere romper", expresaron.

"El texto propuesto cambia completamente el espíritu de la Ley 27.640 y deja a las pymes expuestas a competir en condiciones desiguales y desventajosas con los grandes grupos aceiteros nacionales y multinacionales que son productores de la materia prima y tienen una escala de producción ampliamente superior, ambas cosas prohibidas en la ley vigente para las pymes", señalaron en el comunicado firmado por Federico Martelli, director ejecutivo de la CEPREB.

Dicen además que "la Propuesta del presidente Javier Milei, al derogar los artículos 6°, 9°, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22 y 23 de la Ley N° 27.640 y la modificación del artículo 13 libera el precio de comercialización al acuerdo de las partes y rompe con el equilibrio sobre el que se trabajó hasta acá, en el cual las pymes tienen reservado el mercado interno, con cupos y precios regulados por el Estado y las 'compañías integradas' o 'grandes' tienen para sí el negocio de la exportación".

"Al liberar el precio —continúa el texto—, los grandes grupos económicos no solo se ven beneficiados por tener plantas de gran volumen de producción lo que les otorga mayor productividad, sino que al ser los fabricantes de la materia prima pueden negar la venta de esta a las pymes, fijar precios fuera de mercado para sacarlas de la competencia u ofertar su biodiesel a precios de dumping para concentrar todo el negocio".

Y añadieron: "Por si todo esto fuera poco, en el artículo 8 que establece los porcentajes de corte, se elimina los porcentajes actuales de 7,5 % para biodiesel y de 12 % para bioetanol, dejando en manos de la autoridad de aplicación fijar el corte a su antojo y modificarlo con una simple resolución".

"Cómo si no bastara mandar a la quiebra a las pymes y manipular los porcentajes de corte obligatorio de manera impredecible, la propuesta de Ley abre la posibilidad de importar el biocombustible para el corte local. Esto abre la paradoja de que de este modo la Argentina estaría abriendo la puerta a importar biocombustibles de países que tienen vedado con medidas paraarancelarias el ingreso del biocombustible argentino", explicaron.

Por todo esto solicitan a los diputados y senadores de la Nación que "rechacen la sección IV" y también les piden a Milei; al ministro de Economía, Luis Caputo; y al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, convocar a las empresas pymes elaboradoras de biocombustibles "para trabajar en conjunto por los intereses del país".

"Estamos dispuestos a acercar propuestas y trabajar con el gobierno nacional para mejorar todos los aspectos que sean necesarios y de este modo seguir produciendo energía, agregar valor, generar empleo y desarrollar al país", cerraron. (Fuente: Noticias Argentinas – La Nueva).