El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, envió a la Legislatura un proyecto de ley con acuerdos de ministros donde reafirma la propiedad de los recursos naturales por parte de la Provincia y establece regulaciones claras y rigurosas para el uso de aguas públicas con destino a la generación de energía hidroeléctrica.

El mandatario propuso derogar el artículo 46 del Código de Aguas de la Provincia de Río Negro, aprobado por la Ley Q Nº 2952, y regular las concesiones de uso de agua pública destinadas a la generación de energía hidroeléctrica que utilice aguas del dominio público del Estado provincial.

El proyecto se fundamenta en el federalismo argentino, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales dentro de su territorio, como se establece en la reforma constitucional de 1994. Este reconocimiento busca fortalecer el federalismo y evitar la intromisión indebida del gobierno central en las autonomías locales.

La Constitución de la Provincia de Río Negro ya establece la propiedad originaria de los recursos naturales en su territorio, incluyendo las aguas públicas y regula su uso y conservación.

El Código de Aguas de la provincia regula el gobierno, administración y manejo del recurso hídrico, así como los procedimientos para el otorgamiento de concesiones de uso de agua pública. Distingue entre el uso común, que es gratuito y accesible para todos y el uso especial, que requiere autorización o concesión de la autoridad competente.

Muchos de los contratos de concesión de aprovechamiento de agua para la generación de energía eléctrica están próximos a vencerse y Weretilneck pretende regular esta situación para garantizar la continuidad y el manejo adecuado de estos recursos en beneficio de la provincia.

De cara a la finalización de los contratos de concesión de represas, el Gobernador plantea una administración compartida entre provincias, destacando la necesidad de respetar la autonomía provincial y los derechos constitucionales sobre recursos hídricos.

Busca establecer una coordinación entre el Estado federal y las provincias en la concesión de uso de aguas públicas para la generación hidroeléctrica. Se argumenta que la falta de consulta previa a las provincias hace que las concesiones nacionales sean nulas y se busca proteger los recursos provinciales frente a la intervención federal.

Con esta nueva ley, la Provincia de Río Negro busca promover un uso responsable y equitativo de sus recursos hídricos, garantizando su preservación y el desarrollo sostenible de la región.