El Gobierno nacional introdujo modificaciones en la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con un cambio que puede tener consecuencias directas sobre la cadena de proveedores de los proyectos de energía, hidrocarburos y minería: las empresas de capitales extranjeros podrán ser consideradas proveedoras locales, siempre que estén constituidas y domiciliadas en Argentina.
La modificación quedó establecida mediante el Decreto 1366/2026, publicado este lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial, que modifica distintos artículos del Decreto 749/2024, reglamentario del RIGI creado por la Ley 27.742.
Hasta ahora, para que una sociedad constituida y domiciliada en el país pudiera ser considerada proveedora local debía contar, entre otros requisitos, con al menos el 51% de su capital social o de los votos necesarios para formar la voluntad societaria en manos de titulares locales. Esa condición limitaba el acceso a esa categoría para compañías radicadas en Argentina, pero controladas mayoritariamente por accionistas extranjeros.
Con la nueva disposición, ese requisito desaparece. La condición de proveedor local estará determinada por la constitución y radicación de la sociedad en el territorio argentino, independientemente de la nacionalidad o residencia de sus accionistas y de la composición de su capital.
La diferencia es relevante para sectores como el petróleo y el gas, donde participan numerosas compañías internacionales que cuentan con filiales, sucursales o sociedades constituidas en el país y que prestan servicios especializados a operadoras y grandes proyectos de inversión.
De esta manera, una empresa de capitales extranjeros que tenga una sociedad argentina podrá acceder a la consideración de proveedor local dentro del RIGI, siempre que cumpla con las condiciones establecidas por la reglamentación.
El origen de los bienes seguirá siendo una condición
El cambio no significa que cualquier compañía extranjera pueda operar directamente como proveedor local por el solo hecho de tener presencia comercial en el país. La norma exige que la persona jurídica esté constituida y domiciliada en Argentina y que preste servicios o provea bienes a uno o más Vehículos de Proyecto Único (VPU) adheridos al RIGI.
Además, establece una distinción importante para los bienes: deberán cumplir con los criterios de origen nacional contemplados en el Anexo I del Acuerdo de Complementación Económica N.º 18 del Mercosur y sus protocolos adicionales.
En otras palabras, la nacionalidad de los accionistas deja de ser una barrera para calificar como proveedor local, pero se mantiene la exigencia de origen nacional para los bienes. La modificación alcanza tanto a empresas de servicios como a las que suministran productos y equipamiento, aunque estas últimas deberán acreditar el origen correspondiente.
En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo sostiene que la medida busca favorecer la integración de las empresas radicadas en el país en las cadenas de suministro de los proyectos RIGI, promover una mayor concurrencia de proveedores y desarrollar encadenamientos productivos locales.
El impacto potencial es significativo para la industria energética. En proyectos de gran escala vinculados con Vaca Muerta, infraestructura de transporte de hidrocarburos, GNL, minería de litio, cobre y energías renovables, las empresas internacionales tienen una participación relevante en servicios de ingeniería, tecnología, mantenimiento, logística y provisión de equipamiento.
Con esta modificación, las filiales argentinas de compañías internacionales podrán competir bajo la categoría de proveedores locales, aun cuando el capital de esas sociedades sea íntegramente extranjero. Esto podría ampliar el universo de empresas habilitadas para participar en las cadenas de abastecimiento de los proyectos que cuentan con los beneficios del régimen.
Otros cambios en la reglamentación del RIGI
El Decreto 1366/2026 también incorpora modificaciones sobre otros aspectos del funcionamiento del régimen.
Uno de ellos está relacionado con los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo. La nueva reglamentación establece una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo de inversión del proyecto en su conjunto, diferenciándola de los compromisos de inversión que deben cumplirse en cada una de sus etapas. El objetivo es evitar confusiones entre ambas obligaciones, sin modificar los montos mínimos establecidos para cada fase.
También se precisan las condiciones para transferir participaciones societarias de los VPU. La compra de acciones o participaciones de una empresa adherida al RIGI no implicará, por sí misma, la pérdida de los beneficios del régimen. Sin embargo, esas adquisiciones posteriores a la presentación de la solicitud de adhesión no podrán computarse como nuevas inversiones para alcanzar los montos mínimos exigidos.
En el caso de las uniones transitorias de empresas (UTE) y otros contratos asociativos, se habilita la incorporación de nuevos integrantes y la transferencia de participaciones. Estas operaciones deberán informarse a la autoridad de aplicación dentro de los 15 días corridos de su inscripción. El organismo tendrá 30 días para formular observaciones; si no lo hace, la operación se considerará conformada.
Otro punto contempla la reorganización de las sucursales dedicadas que funcionan como vehículos de proyecto. Ahora podrán transferir la totalidad de sus activos, pasivos, derechos y obligaciones vinculados con el proyecto a una sociedad anónima o sociedad anónima unipersonal constituida para ese fin, previa autorización de la autoridad de aplicación. La operación no implicará una nueva adhesión al RIGI ni modificará la fecha original de incorporación o los plazos y beneficios aprobados.
Por último, se amplían las posibilidades de computar divisas ingresadas desde el exterior para determinados proyectos. Además de los fondos aportados directamente por el VPU, podrán considerarse aportes de capital y endeudamientos financieros externos ingresados y liquidados por accionistas directos o indirectos, socios y sociedades vinculadas a los integrantes del vehículo.
Para ello, los recursos deberán destinarse efectivamente al proyecto, quedar registrados contablemente y contar con mecanismos que permitan garantizar su trazabilidad.
Una modificación con impacto en la cadena de valor
La redefinición de proveedor local constituye uno de los puntos más relevantes de esta actualización porque modifica las condiciones de participación de las empresas en los proyectos de inversión de gran escala.
En un escenario de expansión de las inversiones en hidrocarburos, minería e infraestructura energética, la posibilidad de que sociedades argentinas controladas por capitales extranjeros sean reconocidas como proveedoras locales abre una nueva instancia de competencia por los contratos y servicios asociados al RIGI.
El desafío será determinar cuánto de esa mayor apertura se traducirá en actividad productiva, empleo, inversión y desarrollo de capacidades dentro del país, y cuánto se concentrará en filiales locales de grandes grupos internacionales.
La modificación normativa amplía el universo de potenciales proveedores, pero el impacto concreto dependerá de las decisiones de contratación de los grandes inversores y de la capacidad de las empresas nacionales para competir en precio, tecnología, calidad y escala.