El gobierno de Javier Milei le bajó el pulgar a la obra de reversión del Gasoducto Norte, que, producto del declino de la producción de gas de Bolivia, había sido impulsada por la gestión del exministro de Economía, Sergio Massa.

La iniciativa buscaba el abastecimiento con gas producido en Argentina a la región norte del país y evitar así un desabastecimiento durante el invierno 2024 que impactaría en los usuarios residenciales y en la industria. Durante su gestión, se consiguió financiamiento (de la empresa pública Cammesa y préstamos de la CAF), se licitaron y se adjudicaron los caños (a Tenaris, que ya entregó parte de lo que demanda la obra), y se licitó la construcción. Massa no firmó la adjudicación de esa última licitación y dejó en el Gobierno de Javier Milei la decisión de avanzar o no con esta obra.

La decisión de Milei en estos momentos sería la de no avanzar con la obra, según afirmó ante Bloomberg Línea una fuente del Ministerio de Economía, producto del ajuste que avanza en la obra pública. Y así lo entienden los funcionarios a cargo de estas obras. No obstante, la presión de los empresarios del sector y de las provincias, está llevando a esta nueva gestión a evaluar este caso particular.

En el equipo de la nueva gestión energética insisten en repetir el mensaje que Luis Caputo enfatizó en los anuncios del martes: “El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo no haya comenzado. Las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado ya que el Estado no tiene ni plata ni financiamiento para llevarlas a cabo”.

El mandamiento “no hay plata” es la primera respuesta ante las consultas sobre la reversión del norte. Sin embargo, en el sector confían en que hay margen para que se revea esta situación.

El miércoles 13 de diciembre, en el marco del Día del Petróleo, se llevó a cabo un almuerzo que reunió a los ejecutivos de las principales empresas petroleras y energéticas de Argentina pero también a funcionarios de la nueva Secretaría de Energía, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, que no asistió al evento organizado por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas.

Fue tras el salto del tipo de cambio anunciado por el Gobierno, que entre otras medidas incluyó un aumento de las retenciones para todos los sectores exportadores con la excepción del agro. Ese fue un tema de debate entre los petroleros. También el aumento de la nafta.

Pero uno de los asuntos que invadió el almuerzo fue el devenir de la obra de reversión del gasoducto norte. Estaban ahí representantes de las empresas a cargo de la construcción de la obra, de la provisión de los tubos, de la producción del gas y del transporte del recurso.

“A partir del 31 de julio no hay más gas de Bolivia, o se renegocia el contrato o la reversión tiene que estar para este invierno”, dijo Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol, a Bloomberg Línea. “La industria del norte no tiene alternativa de conseguir gasoil. Argentina en el norte produce 3 millones de metros cúbicos, en invierno hacen falta otros 10 o12 millones más”, agregó.

Según Markous, el problema no pasa únicamente por el “costo”, ante la consulta respecto a si se puede garantizar la demanda con importaciones. “No es solamente de costo. La alternativa es GNL brasileño o desde Chile vía gasoductos del norte, el problema es el desabastecimiento de electricidad en el norte, ahí no podes llegar con gasoil”.

El ejecutivo de una de las principales petroleras del país no perdió el optimismo: “Habrá que esperar. Es temprano”.

Por otra parte, uno de los gobernadores que incluyó la construcción del gasoducto fue Gustavo Sáenz, de Salta. “Debe quedar claro que el norte de la patria necesita el gasoducto. Es una obra prioritaria. Que no sorprenda que en junio, cuando se termine el convenio firmado con Bolivia (que abastece en la actualidad), el norte se quede sin gas”.

¿La obra se puede hacer con financiamiento privado?
El exsubsecretario de Hidrocarburos y titular de la consultora Paspartú, Juan José Carbajales, precisó los pasos que se exigen para avanzar en un financiamiento privado de la obra.

Entre ellos, la conformación de un consorcio entre los principales productores de gas de Vaca Muerta, alcanzar acuerdos de asociación entre las empresas, la adaptación de la normativa a un esquema netamente privado y una inversión del orden de los US$2.500 millones y US$3.000 millones.

Además, acordar una tarifa de transporte negociada libremente con la industria, CAMMESA y las distribuidoras y una nueva ronda de licitación para el abastecimiento de gas en el marco del Plan Gas.

“¿Logrará el Gobierno articular con los privados un esquema que viabilice la inversión? ¿Se incrementarán los costos para la industria y usuarios residenciales? ¿Se llegará a tiempo para el invierno 2024?”, se preguntó Carbajales. (Fuente: Bloomberg Línea).