La reunión empezó a las 9 en la sede del Ministerio Público Fiscal en la Ciudad Judicial, y participaron el fiscal general José Gerez, el fiscal jefe Pablo Vignaroli, el director de la oficina de Mediación y Conciliación Penal Ulf Nordenstahl y la subdirectora Cecilia Basterrechea.

Por el sindicato petrolero estuvo el secretario general Guillermo Pereyra junto a miembros de la conducción y asesores legales de la organización; por parte de las empresas participaron directivos, directivas y asesores legales; y también asistieron funcionarios del gobierno provincial de las carteras de Trabajo y de Energía.

“Agradezco a todas las partes por aceptar esta convocatoria para intentar buscar una solución al conflicto existente”, planteó el fiscal general al inicio de la reunión. “Esto no es puntualmente una mediación o conciliación penal, pero sí es una mesa de diálogo que el Código Procesal Penal de la provincia nos permite convocar a fin de buscar soluciones a los conflictos porque existe una presentación ante la justicia penal”, remarcó.

Luego de tres horas de reunión, las partes legitimaron el espacio conformado, manifestaron voluntad de diálogo y acordaron que durante un plazo inicial de cinco días hábiles mantendrán negociaciones en el ámbito del Ministerio Público Fiscal en busca de una solución.

Asimismo, mientras esté en funcionamiento este espacio, el sindicato de Petróleo y Gas Privado suspenderá las medidas de fuerza que había implementado en un área de Vaca Muerta.

El conflicto surgió el lunes pasado. En principio, la discusión gira en torno a qué tipo de encuadramiento deben tener las personas que trabajan para Cristamine, la cual provee de arena a las firmas. Para las empresas, debe respetarse el actual encuadramiento en el ámbito minero, mientras que desde el sindicato plantean que debe modificarse al ámbito petrolero.

El miércoles por la tarde el ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que paralizaba las actividades de fractura en reclamo por el encuadramiento gremial de una empresa proveedora que puso fin a la paz social en Vaca Muerta donde todavía hay unos 2.000 trabajadores que cobran una parte de su salario en virtud de que están suspendidos por la menor actividad derivada de la pandemia.