La Cámara sancionó en la madrugada del jueves 30 de noviembre los presupuestos de los tres Poderes del Estado y habilitó la reelección de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, entre otros puntos. Además, aprobó en general la reforma del juicio directo para casos de flagrancia que elimina el requisito del acuerdo de la defensa para su implementación, pero contempla la posibilidad de una “oposición fundada” con intervención del juez.

El presupuesto del Poder Ejecutivo para el próximo año, de 2,06 billones de pesos -ley 3403- fue aprobado por amplia mayoría, con 28 votos positivos, devenidos de todos los bloques, a excepción de las bancas del PTS-FIT y FIT y de la diputada Ayelén Gutiérrez (FdT). Similar votación alcanzó la ley 3404 que aprueba el ejercicio financiero del Poder Legislativo -de 20 mil millones de pesos-, con 26 votos positivos y tres negativos, también de Blanco, López y Gutiérrez. En tanto, la ley 3405 correspondiente al Poder Judicial -por 102 mil millones-, logró 24 votos afirmativos. En contra sólo votaron las dos bancas de izquierda.

Al actuar como miembro informante del presupuesto general de gastos y recursos de la administración financiera del Poder Ejecutivo, Liliana Murisi (MPN) sintetizó lo que denominó “fortalezas” de las estimaciones, entre las que mencionó la autonomía provincial a través del incremento proyectado de los recursos y la continuidad de los incentivos para fortalecer sectores productivos estratégicos. Entre otros números, informó que el gasto en personal ascenderá a poco más de mil millones, lo que representa el 52% del total.

Las bancas del PTS-FIT y FIT por su parte, se manifestaron en contra tras considerar que el presupuesto presenta serias falencias para garantizar vivienda, educación y salud, entre otros aspectos. Criticaron el elevado índice de pasivos que contempla y la falta de políticas para la prevención de la violencia de género. “Están dadas vueltas las prioridades” señaló López tras denunciar que “se pone el foco en las necesidades de las petroleras”.

Por su parte, durante el tratamiento del presupuesto del Poder Legislativo, la Cámara tuvo que realizar un cuarto intermedio por la irrupción de representantes del plantel trabajador de la casa en la sesión, que se manifestaron en contra de la inclusión de un artículo que afecta fondos de la Legislatura para el Plan provincial de becas "Redistribuir Oportunidades", que tomó estado parlamentario en la misma sesión y figuraba en el orden del día para ser tratado con posterioridad, sobre tablas. La propuesta faculta al Poder Legislativo a realizar las reestructuras necesarias a efectos de asegurar las partidas presupuestarias para atender la conformación del tal programa. La diputada Soledad Martínez (FdT) informó los alcances de la medida pero, tras la realización del cuarto intermedio, y por moción de Lucas Castelli (Avanzar), el proyecto no se sometió a votación y fue girado a las comisiones D, A y B.

Por último, en cuanto al Poder Judicial, y tras adelantar el voto positivo, el diputado Mariano Mansilla (FdT) hizo una serie de “salvedades”, entre ellas la falta de un 40% más de recursos para garantizar su funcionamiento -según estimó- y la distorsión de los sueldos del cuerpo de fiscales que vio incrementada su labor tras la aplicación del sistema acusatorio con la reforma del Código Procesal Penal, en el 2014.

Habilitan reelección de la presidencia del TSJ

En otro orden, la Cámara sancionó por mayoría, con 23 votos favorables, el proyecto que modifica la ley Orgánica del Poder Judicial -1436- y posibilita la reelección sucesiva, por un mandato más, de la titularidad del máximo órgano judicial.

El diputado Maximiliano Caparroz (MPN) argumentó que se trata de una modificación del funcionamiento interno del Tribunal, que deriva de “las propias necesidades” del Poder que “es independiente y tiene la facultad de decidir” sobre su propia organización en la rotación. Indicó que otras jurisdicciones prevén tal reelección y remarcó que la propuesta deriva de una acordada con cuatro votos a favor y una abstención, de los cinco integrantes del máximo órgano judicial. Además, ponderó como positivo que el vocal que así lo desee, pueda oponerse a ejercer la presidencia, condición que también contempla la modificación.

La propuesta fue rechazada por las bancas del PTS-FIT, FIT y Soledad Salaburu (FdT) quien cuestionó que las vocalías puedan negarse a ejercer la titularidad en tanto “cada cargo para el que uno se postula, tiene una responsabilidad” al tiempo que aseguró que la rotación bianual afecta la posibilidad de participación de la totalidad de los y las vocales en la presidencia.

Modificación del juicio directo

En la sesión de esta madrugada, se aprobó en general y por mayoría, con 17 votos positivos, la ley que modifica el instituto del juicio directo, contemplado en el artículo 222° del Código Procesal Penal. En contra votaron Blanco, López, Salaburu, Mansilla, Gutiérrez, Parrilli y Sergio Fernández Novoa del FdT.

La medida implica la posibilidad de alcanzar juicios abreviados en los delitos de flagrancia, sin el consentimiento de la defensa, pero con la posibilidad de que ésta se oponga y que el juez o la jueza decida sobre la pertinencia de los fundamentos de la oposición.

Al respecto, el diputado Carlos Coggiola (PDC) explicó que la necesidad de reformar la aplicación del juicio directo devino a poco de implementarse el nuevo Código Procesal Penal y vislumbró que constituirá una herramienta que contribuirá a dar “una respuesta efectiva al reclamo absolutamente fundando de la ciudadanía por la real situación de inseguridad”. Dijo que permitirá una “regeneración de confianza” hacia el Poder Judicial para darle fin a “la puerta giratoria” de personas que delinquen.

Coggiola aclaró que la medida recaerá sólo para los delitos de flagrancia y prevé la posibilidad de que la defensa o las demás partes del proceso puedan “formular una oposición fundada” al juicio directo, e informó que la letra funciona en 11 jurisdicciones que alcanzan condenas que no superan las tres semanas desde el hecho delictivo.

Parrilli y Salaburu se incli naron en contra al argumentar que no se tomaron en cuenta las posturas de organismos de DDHH y que podría trasladarse a otros tipos de situaciones de conflictividad, como la protesta social. En similar sentido se expresaron López y Blanco al repudiar la iniciativa y cuestionar la concepción de inseguridad que lo impulsó.