El gobierno nacional comenzó el proceso de firma para publicar el decreto. Se estima que comience a funcionar el 1 de diciembre e incorpora una cláusula para el manejo de divisas.

El gobierno nacional ultima detalles para el nuevo Plan de Promoción de la Producción de Gas Argentino (Plan Gas.Ar) (Plan Gas 4) a través de la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que pondrá en marcha el nuevo esquema de incentivos a la producción de gas natural con el objetivo de frenar la caída en la generación y evitar el incremento exponencial en las importaciones.

El nuevo programa contempla que entrará en vigencia el próximo 1 de diciembre. Las empresas participantes contarán con una suerte de paraguas de libre disponibilidad en el mercado de cambio para las inversiones, el pago de endeudamientos en el extranjero y de rentas, para los fondos que inyecten al programa.

En concreto, el programa busca generar una producción adicional de unos 18.000 millones de metros cúbicos en su vigencia para generar un ahorro de 2574 millones de dólares en la importación de gas, que podría trepar a los 9600 millones de dólares en los 4 años si se considera también el ahorro en el uso de combustibles para la generación térmica, señala la nota de Victoria Terzaghi en el diario “Río Negro”.

El programa se estructurará en torno a una subasta para el aprovisionamiento de un bloque de 70 millones de metros cúbicos de gas a lo largo de todo el año, ofertados por las productoras y comprados por las distribuidoras y Cammesa.

El plazo de esos contratos de compra es el primer cambio introducido, dado que el gobierno volvió sobre su idea inicial y el programa tendrá una duración mínima de 4 años, por lo cual el último año del plan corresponderá al próximo gobierno.

En tanto que en el caso de los desarrollos offshore, por las características de esas inversiones, el plazo mínimo del programa es de 8 años, siempre con la posibilidad de que luego sea renovado anualmente.

Esta ampliación del plazo fue explicada desde Energía en función de que “permite asegurarnos el abastecimiento por cuatro años como mínimo, consiguiendo mejor precio, obligando a mayor y más sostenido nivel de inversiones y de actividad”.

El programa garantizará a las empresas un precio más alto por el gas que el hoy está vigente en el mercado a partir de la subasta en la que las firmas ofertarán su gas con un tope que es prácticamente de un dólar más que el precio de mercado. La diferencia entre la oferta y el precio de los cuadros tarifarios vigentes será el porcentaje que comprenderá el programa que podrá ser trasladado parcialmente a las tarifas, previa revisión del Enargas.

Para el pago de estos incentivos, el artículo 40 fija que “el Estado creará un sistema de garantía para respaldar el pago del diferencial entre el precio ofertado y el precio de los cuadros tarifarios”.

El plan permite que los productores que hoy están aún recibiendo el anterior plan de incentivos, la Resolución 46, también puedan acceder a este programa, pero no podrá cobrar por el mismo gas los dos incentivos.

Desde Energía se detalló que “limitamos las objetivas ventajas de quienes poseen beneficios de la Resolución 46, estableciendo distintas alternativas que van desde la renuncia a los beneficios, considerar ese beneficio en la valuación de la oferta, excluirlos de la posibilidad de exportar en firme el mientras cobren esos beneficios, limitarles el volumen que pueden ofertar, hasta exigiéndoles renunciar a nuevos reclamos”.

En tanto que otro de los cambios está en la exigencia que se detalló radica en “incorporar prioritariamente el gas que esas empresas tienen dentro de la Resolución 46, ahorrándonos más de 300 millones de dólares de costo fiscal”.

Estas modificaciones apuntan a incorporar la mayor oferta posible de gas al nuevo programa con el acuerdo pactado con la petrolera del Grupo Techint, Tecpetrol.

Desde la cartera que dirige Martínez se destacó que “rechazamos abundantes planteos y propuestas de las empresas, a través de lobbies públicos y privados para imponer sus intereses particulares”.

Y se señaló “rechazamos las propuestas que permitían producir menos, o recuperar la producción en mayor tiempo, para obligar a invertir desde el inicio con intensidad. Rechazamos eliminar toda renuncia a los reclamos por Resolución 46. Rechazamos compensar entre cuencas porque perjudicaría al sur rompiendo el equilibrio. Rechazamos aumentar el precio tope y distintas alternativas que disfrazaban esta posibilidad. Rechazamos disminuir los castigos y multas por no cumplir con la producción mínima comprometida, disminuir las penalidades por incumplir con la inyección adjudicada, eliminar y disminuir la obligación de invertir y eliminar o quitar penalidades por no incrementar Valor Agregado Nacional y rechazamos incorporar un sistema de arbitraje para eludir la justicia argentina”.

El plan prevé otorgar permisos de exportación en firme en la temporada estival por un total de 11 millones de metros cúbicos, de los cuales 7 corresponden a la Cuenca Neuquina y 4 a la Cuenca Austral, de los cuales 4 y 2 millones de metros cúbicos por cada cuenca respectivamente serán asignados a las ofertas más bajas de cada caso.

Con este programa Nación espera que las empresas retomen rápidamente los trabajos en el segmento para poder tener un incremento en la producción para mayo del año que viene que permita paliar la caída que este año se ubicó el más del 12% y que de no sumarse nuevos pozos no sólo implica la multiplicación de las importaciones sino también la necesidad de volver a contratar un segundo buque regasificador, una medida que para el próximo invierno dependerá de la rapidez con la que reaccionen las empresas.