La propuesta retoma las modificaciones incorporadas a la norma legal y la ordena estableciendo una redacción que las contiene bajo un solo texto. El proyecto de resolución adjunta la letra de la ley vigente como anexo a aprobar.

La ley 2600, de Certificado de Aptitud Ambiental de la Actividad Hidrocarburífera, se aprobó a partir de la vigencia del dominio de los recursos naturales bajo potestad de las provincias, reafirmado en la modificación de la Constitución Nacional en el ”94. Esta transferencia de jurisdicción implicó nuevas responsabilidades para la provincia en cuanto a la explotación de los recursos hidrocarburiferos, entre ellas el control ambiental. Bajo ese escenario, se aprobó entonces la ley 2600 en el año 2008.

Desde entonces, la norma fue modificada en tres ocasiones, a través de las leyes 2735; 3067 y 3205. Las reformas introducidas ameritan la aprobación del texto ordenado de la norma final, en tanto la ley constituye “una normativa que atañe a temas tan sensibles como el ambiente, los hidrocarburos -principal sustento económico provincial- y por ende el futuro”, según explican los legisladores y las legisladoras en la fundamentación.

El proyecto de resolución adjunta el texto ordenado como anexo de la propuesta, que retoma la letra de la ley y las modificaciones posteriores a fin de ordenar el marco jurídico en la materia. La ley indica que las empresas que trabajan en la provincia, desarrollando actividades de reconocimiento, exploración, perforación, explotación, almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos o gaseosos deben adquirir el “Certificado de Aptitud Ambiental de la Actividad Hidrocarburífera”. La norma apunta a extremar las medidas de resguardo y protección ambiental en el ámbito de las actividades hidrocarburíferas propiamente dichas y/o conexas. El certificado se renueva anualmente.

Entre otros aspectos, la ley en vigencia, creó el “Registro de Control Ambiental de la Actividad Hidrocarburífica” bajo la órbita de la Subsecretaría de Medio Ambiente y determinó los principales aspectos para el pago de la tasa anual de contralor ambiental.

El proyecto de resolución (13802) ingresó por Mesa de Entradas el 5 de octubre firmado por José Ortuño, Lorena Abdala, María Laura du Plessis, Maximiliano Caparroz, Javier Rivero, Ludmila Gaitán, Liliana Murisi, Fernanda Villone y Germán Chapino del MPN; Carlos Sánchez de UP; Carina Riccomini de Juntos y Fernando Gallia de FNN.