Por Darío Hernán Irigaray
Gran parte de los proveedores estafados, al no tener respuestas por parte de EDVSA, tras demorarle sus pagos más de 6 meses, entregarles cheques sin fondos, usando la pandemia como excusa, siendo damnificados con cerca de 3000 millones de pesos, se dirigieron a la justicia neuquina para avanzar en una denuncia penal por el ardid llevado adelante supuestamente en conjunto con el Estudio Jurídico Alegría y Asociados, el mismo que asesora a Vicentín.
En el expediente penal se intimó a YPF a que presente la documentación clarificando a que empresas y/o personas fueron dadas en cesión las facturas a pagar por la firma de bandera Argentina a Electrificadora del Valle S.A. (EDVSA).
Lo cierto es que mientras los proveedores exigían el pago se los servicios prestados, dejando miles de trabajadores sin sustento, la firma EDVSA hacía desaparecer el dinero como por arte de magia.
“Vaca Muerta es un lugar donde florecieron negocios millonarios, fue y será una locomotora económica para todo el país, y lamentablemente también el nicho de oportunidad para gente inescrupulosa que aprovechando esta pandemia dieron su golpe financiero”, relata Iñaki Iranzi, un transportista damnificado.
La estafa se llevó adelante desde hace un par de años donde EDVSA fue dilatando los pagos cada vez más, empezando a generar una gran bola de nieve gigantesca, donde para arreglar su atraso comenzaron a entregar cheques que volvían estiran más el plazo de pago, hasta que llegó el punto donde no podían cubrir esos valores.
Para “resolver” esta situación EDVSA propuso un acuerdo a sus proveedores, enviándoles livianamente por correo electrónico, una supuesta propuesta que les ofrecía realizar una quita del 30% pagar hasta en 5 años, la cual no fue aceptada por una gran mayoría, aunque algunas empresas con la promesa de seguir trabajando aceptaron lamentablemente.
El delito económico es complejo, realizado por especialistas en hacer maniobras de este tipo. Como parte del ardid de estafa, organizado, ideado, planificado y asesorado meticulosamente supuestamente por el Estudio Jurídico Alegría, se realizó la cesión de derechos de cobro, principalmente a YPF, hacia a una compañía financiera, que se llama Trend Securities, que según aseguran está acreditado en el expediente judicial penal presentado en la justicia neuquina, donde no se puede trabar embargo, y se habrían girado en abril 25 millones de dólares.
También hay que destacar que no todas las operadoras son como YPF, algunas ayudaron a EDVSA adelantándole pagos cuando vieron que estaba complicada con sus proveedores, aunque al ver como realmente se estaban manejando dejaron de invitarlos a participar en licitaciones por entender que no pueden permitir que no se les cumpla a sus proveedores, sobre todo porque son solidariamente responsables.
Cabe señalar que determinar el delito económico que se ha generado es complejo, porque está llevado adelante por especialistas, aunque se pueden seguir el rastro del dinero que fue pasando de cuenta en cuenta.
Lo que es real es el quebranto de las pymes y la perdida de los puestos de trabajo, de que muchas debieron vender activos como camionetas a precio de remate, para hacer frente al pago de sueldos y compromisos con sus proveedores.
Como golpe de gracia, también hay que destacar que EDVSA dejó comprometidas a las PYMES impositivamente, tomándose el IVA de los servicios contratados y no abonados, así como ingresos brutos y ganancias.
La historia continúa, en varios escenarios, por un lado, en la justicia neuquina, donde un grupo de empresarios lleva adelante la denuncia penal contra los directivos de EDVSA, sumado a las demandas civiles por los miles de cheques rechazados, y en la ciudad de Buenos Aires, donde varios estudios representan a damnificados, donde se incluyen hasta algunos proveedores en otros países.