El miércoles 24 de junio la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados emitió dictamen de mayoría sobre el proyecto de teletrabajo que regula la modalidad de trabajo a distancia, al establecer los derechos laborales de los empleados y las obligaciones de los empresarios.

El despacho cosechó un alto consenso parlamentario, con la rúbrica del Frente de Todos, el Interbloque Federal y Juntos por el Cambio, aunque la principal bancada opositora adelantó que presentará disidencias parciales y el interbloque Unidad para el Desarrollo anticipó que presentará su propio despacho de comisión, según adelantó el diputado Pablo Ansaloni.

La presidenta de la comisión Vanesa Silvey (Frente de Todos) y el vicepresidente Albor Cantard (Juntos) destacaron los niveles de consenso alcanzados para acordar los aspectos centrales de la regulación del teletrabajo, luego de tres audiencias donde expusieron los principales dirigentes sindicales y empresarios, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

El proyecto establece los presupuestos mínimos de la modalidad de teletrabajo, cómo garantizar los derechos laborales, tanto en lo que respecta a la definición de una jornada como al derecho a desconexión, o lo que hace a mantener la intimidad del domicilio y la posibilidad de poder revertir esa modalidad de trabajo y volver al sistema presencial.

En ese sentido, establece que las regulaciones específicas de esta modalidad de trabajo "se determinarán para cada actividad mediante la negociación colectiva respetando los principios de orden público establecidos en esta ley".

Siley señalo que desde el 2007 cuando era ministro Carlos Tomada se está buscando impulsar esta iniciativa y destacó la importancia de poder "haber confluido en un dictamen de consenso" para dotar a la ley de teletrabajo de los "presupuestos mínimos" de esa modalidad y "delegar las especificaciones en los convenios colectivos de trabajo.

Cantard señaló que se trata de "una modalidad que lejos de poner en peligro y generar precariedad puede no solo salvaguardar este tipo de cuestiones, sino que además puede ayudar mucho a la necesidad de generar empleo y dar trabajo" y señaló que "hubiese sido importante que se contemplara alguna normativa vinculada a la promoción e incentivo para las pymes", consignó la agencia Télam.

A su vez, el sindicalista de la CTA y diputado oficialista Hugo Yasky expresó el "orgullo" de parte de "todos los que fuimos parte de la construcción de un proyecto de ley, que podrá ser perfectible, pero cubre un vacío legal para aquellos que ya realizan teletrabajo".

A su vez, el legislador del interbloque Unidad para el Desarrollo, el sindicalista de Uatre Ansaloni, anticipó que ese espacio político presentará un dictamen propio al señalar que no estaba de acuerdo con el dictamen de mayoría.
"Nuestra propuesta va a defender los derechos de los trabajadores y será mucho mas amplia y abarcativa" que el texto impulsado por el oficialismo y Juntos por el Cambio, según dijo.

El dictamen determina que las personas que trabajen contratadas bajo esta modalidad gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las personas que trabajan bajo la modalidad presencial.

El proyecto establece además que la jornada de trabajo deberá ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo, de conformidad con los límites legales y convencionales, tanto en lo que respecta a las tareas desarrolladas fuera de línea, como aquellas que se realizan en línea.

La modalidad de trabajo a distancia "debe ser voluntaria por consentimiento escrito y puede ser revertida con una notificación por el trabajador", que podría regresar así al trabajo presencial.

Otro punto clave es que se garantizan los "derechos colectivos" de los trabajadores e igual representación sindical a la del conjunto de las personas que trabajan en forma presencial.

Cambios propuestos por la oposición
Desde el bloque de Juntos por el Cambio lograron incluir diferentes cambios al proyecto oficial. Una de las modificaciones es el agregado de que la ley entrará en vigor 90 días después de que finalice el aislamiento obligatorio, aunque los legisladores del interbloque de Juntos por el Cambio habían propuesto originariamente que ese plazo fuera de 180 días.

Otro de los cambios fue incluido en el artículo 8 del proyecto, referido a la reversibilidad, es decir, la posibilidad de que un teletrabajador pueda volver a cumplir tareas de manera presencial. El texto original faculta solamente al trabajador a revocar su consentimiento para hacer teletrabajo, lo cual, según especialistas en Derecho Laboral, viola los artículos 64 y 64 de la Ley de Contrato de Trabajo, que le otorgan al empleador la facultad de organización y dirección de la empresa.

En los puntos que no hubo acuerdo fue en lograr mecanismos de promoción, como incentivos fiscales, para que las pymes puedan aplicar el teletrabajo sin pagar mayores costos. Las otras están vinculadas a artículos que pueden desalentar a las empresas a instrumentar el trabajo remoto o que pueden dar lugar a planteos judiciales porque avanzan sobre las atribuciones legales de los empleadores.