A través de un comunicado de prensa advirtió sobre tres cuestiones relevantes:
Por un lado, señaló que “se ha incluido en la operación a YPF S.A., la empresa energética más importante de la Argentina, en un momento de crisis agudizado por la pandemia de Covid 19. Este hecho desvía a esta empresa del objetivo estratégico para la cual fue creada: la exploración y producción de hidrocarburos y la de actuar como “empresa testigo” en un mercado petrolero fuertemente concentrado que exige la protección de los derechos de los consumidores. La empresa está agobiada por un pesado endeudamiento y nada tiene que ver con la exportación de cereales”.
Además advirtió que “no ha sido aún aprobado el Presupuesto Nacional del año 2020 y es previsible que una erogación estatal importante para adquirir la Compañía pueda agrandar un déficit fiscal que se ve agudizado por los requerimientos de la Pandemia y la protección de sectores vulnerables”.
Por otra parte explicó que “Argentina está inmersa en un proceso de renegociación de su deuda que podría verse impactado negativamente por este tipo de decisiones”.
Además, el El IAE Mosconi considera inconsistente y políticamente engañoso el argumento de la “soberanía alimentaria” como causa de la expropiación de la empresa concursada.
“Nuestro país exporta cereales, aceites y pellets de soja y biocombustibles que usan nuestros compradores en gran parte como forraje para la producción de proteínas de origen animal. Esa exportación provee a nuestro país de los dólares que su comercio exterior demanda y además provee al fisco de ingresos por retenciones que gravan las exportaciones, pero nunca han impedido la alimentación de los argentinos ni fomentado, ni aumentado la pobreza. Esta última y no otra, es la causa de las deficiencias de la alimentación de parte de nuestra población”, argumentó.
“El Instituto Mosconi como parte de su tarea elabora y propone planes concretos y proyectos sobre la Energía y su relación directa con el Desarrollo. Estamos convencidos de la necesidad de la presencia activa del Estado en temas de desarrollo y estrategia energética, facilitando consensos y una adecuada articulación públicoprivada pero la expropiación anunciada por parte del Gobierno es un evidente retroceso en la seguridad jurídica del país y contribuye a ahuyentar más la inversión productiva privada”, se resaltó.
“En nuestro país hay graves problemas irresueltos que la pandemia ha puesto en primer plano: el hambre, el hacinamiento habitacional y la desigualdad de oportunidades, sin cuya resolución no habrá progreso con justicia. ¿En qué contribuye en la fase actual la confiscación de Vicentin para resolverlos?”, se preguntaron desde el IAE. (Foto: Télam).