En un contexto de baja en la actividad hidrocarburífera y en el marco de la pandemia del coronavirus, la petrolera de mayoría estatal YPF sufre con la caída del precio del petróleo; y del derrumbe de su valor como empresas; con una valoración de mercado cercana a los u$s1.000 millones, mucho menos que la deuda que la empresa tiene en la actualidad. Y muchísimo menos que los juicios internacionales que la amenazan.

El precio del barril de petróleo Brent está en niveles de default mundial, impidiendo que la propia actividad petrolera sea negocio. De no mejorar la valuación ni YPF ni ninguna compañía de combustibles del mundo será rentable este año. Y, en consecuencia, su ingreso en crisis o su rescate dependerán de la voluntad de ampliar capital, de inyectar dinero o de rescatar acciones.

En el caso de la petrolera de mayoría estatal, la respuesta está en la voluntad del Estado. La situación local se complica por la aplicación de la política del “barril criollo” que le garantiza a las provincias un valor mínimo del barril, que actualmente se encuentra entre 45% y 50%, cuando la cotización del Brent de referencia se encuentra navegando más cerca de los u$s20 que de los u$s25.

En suma, la petrolera le debe garantizar a las provincias un subsidio de la mitad del valor del barril y, según los cálculos de la propia empresa, no podría garantizar un valor del barril local de más de u$s35 a u$s37, y únicamente para empatar la ecuación. Salvo que la cotización mundial del Brent mejore sustancialmente y el porcentaje de exportación de YPF aporte soluciones vía divisas

En este sentido, Alberto Fernández tendrá que tomar una decisión: aplicar o no un primer rescate a YPF y mantenerla o no en niveles sustentables para una empresa pública o privada. Dependerá si decide respetar los valores actuales del “barril criollo”. Si lo hace, se ganará la enemistad de muchos gobernadores de provincias petroleras, hoy aliados. Si no lo hace, tendrá que echar mano al Tesoro Nacional y mantener el valor del “barril criollo” a 45 o 50 dólares, o reducir su valor a niveles más cercanos a los del mercado. Si la decisión es la de aceptar una reducción del precio del barril criollo, el problema lo tendrá con algunos gobernadores que sostienen que el dinero que reciben vía regalías es imprescindible para su supervivencia.

Por otra parte, según consigna la nota de Carlos Burgueño en Ámbito Financiero, en marzo del 2020, si Argentina no llega a un acuerdo con los acreedores de la deuda privada con legislación de Nueva York por u$s68.000 millones, y el país entra el default, la compañía tendrá dificultades para poder acceder a créditos internacionales. Esto implica que no habrá fondos para poder cubrir vencimientos de deudas ya emitidos y que deben cubrirse para que los propios privados no entren en default.

Esto implicará, además, que no se conseguirán fondos para inversiones en infraestructura. En el caso de YPF la situación empeora por una cuestión numérica: en marzo de 2021 la petrolera estatal debe hacer frente al vencimiento más importante de su historia, con pagos comprometidos por u$s1.000 millones.

El vencimiento será el 30 de marzo próximo. Pero también antes de esa fecha YPF debe hacerse cargo de saldar deudas por unos u$s300 millones. Es casi el mismo dinero que en los últimos tiempos se acumuló de pasivos provenientes de múltiples dependencias oficiales y los subsidios al transporte del AMBA; todas cuentas que durante la cuarentena tendrán la tendencia a profundizarse que a normalizarse.

Para el largo plazo las amenazas son mayores. Queda en los tribunales de Estados Unidos la definición de un megacausa heredada de los tiempos de Carlos Menem por la compra de la compañía Maxus, en 1995. Esta petrolera traía como mochila un juicio por daños ecológicos de los años 60 y 70, pero que no fueron tenidos en cuenta en el momento de adquirirla en aquel año; pero luego, a raíz de una acción de los damnificados por la contaminación del río Passaic por parte del estado de Nueva Jersey. La demanda da escalofríos: llega a los u$s14.000 millones. Sin embargo, desde Buenos Aires aseguran que los argumentos legales para defenderse son sólidos.