San Antonio Internacional, la mayor empresa de servicios petroleros de la Argentina, comunicó de manera oficial a un grupo de bancos que no podrá pagar sus compromisos de deuda según el cronograma vigente. Para eso, contrató a la consultora Finanzas y Gestión, cuya cara visible es Fernando Balcich, para reestructurar una deuda de US$ 105 millones. De este modo la compañía, que es controlada por Lone Star, uno de los principales fondos de distressed de Estados Unidos, terminó de confirmar su estrategia esta semana en conferencia con cada uno de los acreedores.

El pasivo de San Antonio, que cuenta en su nómina de 3700 empleados, está distribuido en una serie de entidades bancarias. Las más expuestas son Banco Galicia, BBVA y Macro con préstamos que oscilan entre los 15 y los 17 millones de dólares. La reestructuración también alcanzará al HSBC, ICBC, Banco Provincia, Nación y Ciudad, según aseguraron a EconoJournal fuentes privadas y confirmaron desde la empresa, precisa la nota de Nicolás Gandini.

La crisis por el COVID-19 agudizó la caída de los precios del petróleo a nivel global, provocó un parate virtual de la demanda de combustibles con una caída del consumo de naftas del 80% y puso contra las cuerdas a las empresas de servicios, que como proveedores de las empresas productoras (YPF, PAE, Pluspetrol y Tecpetrol, entre muchas otras) que son las que tienen contratado a la mayor parte del personal enrolado en la industria petrolera.

En el caso de San Antonio, antes que se desate la pandemia del coronavirus, la empresa ya registraba a unos 500 operarios sin asignación de tares como resultado de la fuerte merma de la actividad como resultado del congelamiento de los precios dictado en agosto pasado por Mauricio Macri.

La emergencia sanitaria no hizo más que agudizar, a toda velocidad, esa fragilidad. Su entorno de stakeholders, para colmo, no es el mejor. YPF, su principal cliente, le informó esta semana que no le reconocerá ninguna remuneración por los días de parate desde que se decretó el aislamiento obligatorio. La mayor petrolera del mercado argumenta que, por tratarse de un contexto de fuerza mayor, contractualmente no corresponde afrontar ningún tipo de remuneración. Otras operadoras están pagando una tarifa especial, equivalente al 50% de la establecida por la prestación de un servicio normal. Algunas incluso abonan un 40% porque toman como parámetros el costo de contribuciones no remunerativas.

YPF, la petrolera controlada por el gobierno, que enfrente una delicada situación económica, comunicó esta semana que no pagará remuneración alguna. “Forma parte de una estrategia de negociación. Al final del día, la empresa terminará reconociendo un 40% o 50% de la tarifa para cubrir al menos el costo salarial de San Antonio”, explicó una fuente sindical que sigue día a día el resquebrajamiento del escenario productivo en Neuquén.

De los 84 equipos torre que tenía activos en junio del año pasado, la prestadora de servicios —que es conducida por Luis María Blaquier, ex funcionario de la Anses, y Sebastián Caputo— hoy apenas opera 16 unidades de pulling. El panaroma es oscuro. Por eso, San Antonio encaró hace 10 días una reestructuración de toda su deuda. El 27 de marzo envío una nota a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en la que indicó la contratación de los servicios profesionales Finanzas y Gestión. La nota, sin embargo, no figura en la página web del organismo.

La intención de San Antonio es lograr una reestructuración sindicada con todos los bancos. Pretende negociar un período de gracia para recomponer su flujo de fondos antes de reiniciar la cancelación de la deuda. La compañía aspira a que el proceso de negociación se extienda hasta junio, pero no será sencillo alinear a las entidades bancarias. Algunas, como el HSBC y el Banco Macro, que en 2018 pulseó con Lone Star para quedarse con San Antonio Internacional, son renuentes a aceptar esos términos y condiciones. Lone Star se terminó quedando con la empresa tras pagar unos US$ 150 millones.

“Como vemos que el escenario va a estar complicado durante los próximos meses, fuimos prolijos y comunicados la posición a cada uno de los bancos a fin de juntarnos a todos en la búsqueda de lograr un proceso sindicado con garantías comunes”, explicaron allegados a San Antonio, que por esta coyuntura de excepción el lunes depositó el 60% del salario de sus trabajadores.

La compleja situación financiera de SAI no pasó desapercibida para el resto de las empresas de servicios, como Schlumberger, Weatherford, DLS, Pecom y Halliburton. Varios de los bancos involucrados se comunicaron con algunas de esas compañías para indagar sobre su solvencia crediticia y les avisaron que recortarán aún más sus líneas de crédito hasta no conocer el alcance de la crisis del petróleo.