Lic. Gonzalo Echegaray
Echegaray, Fernández y Asociados

Algunas reflexiones personales sobre las problemáticas que considero principales para el desarrollo de Vaca Muerta incluyendo a las PYMES de la Provincia de Neuquén.

Las PYMES de Vaca Muerta se encuentran en situación de crisis hace ya un tiempo. En pleno auge, su posibilidad de insertarse en la industria era difícil y todo se complicó aún más luego del decreto 566/19 de la gestión Macri cuando la cantidad de fracturas por mes (principal indicador del nivel de actividad) se redujo a la mitad. Este indicador pareció mostrar una recuperación hacia noviembre y diciembre del 2019 pero lejos está aún de alcanzar los niveles pre-paso.

El cambio de gobierno se suponía debía traer previsibilidad y certezas sobre la nueva política a llevar adelante en Vaca Muerta. Hasta el momento esto no ha sucedido y menos aún luego de algunos sucesos que aumentaron la incertidumbre tales como continuar con las tarifas de los combustibles congeladas o dejar trascender que Vaca Muerta podría no merecer la principal atención en materia hidrocarburífera.

En la macro, las señales que se trasmiten desde las carteras de producción, energía y economía son buenas. En primer lugar, se redujeron las retenciones previstas originalmente del 12 al 8% y luego, el BCRA modifico la letra original de su resolución accediendo a que las empresas que inviertan en el país podrán repatriar hasta el 30% del capital invertido sin cargas extraordinarias.

De la ley de hidrocarburos se habla en todos los pasillos pero se sabe poco. Según el Cronista Comercial intenta apuntar a poner en pie de igualdad tributaria y regulatoria a Permian con Vaca Muerta, pero que el marco excede a nivel nacional a este yacimiento. También se pretende, según los comentarios, mejorar los saldos exportables, el acceso al capital y reducir la volatilidad del nivel de actividad.

Este es el contexto nacional y aunque las señales son positivas y hay optimismo en casi todos los actores vinculados a la industria, las PYMES del sector se encuentran hoy en día con respirador y, como plantearon las cámaras empresarias de la provincia de Neuquén nucleadas en su Federación, ninguno de los grandes títulos incluye su problemática.

La industria cuenta con una estructura de por sí, difícil para las PYMES. Veinticuatro empresas operadoras concentran el 100% de la industria. YPF, el principal actor, según la información publicada por Luciano Fucello, ejecutó el 57,8% de las etapas de fractura, en 2018 hizo el 40,7% y en 2019 saltó al 47,2%. Según la misma fuente otro jugador important en la cuenca Tecpetrol que del 2016 al 2019 se quedó con el 16,9% del total de las fracturas y Vista Oil que tuvo gran nivel de actividad durante 2019.

Esta estructura, que desde la teoría económica invita a prácticas colusorias y a la utilización de estrategias de liderazgo o posición dominante no favorece a la cadena de proveedores y, al menos desde mi punto de vista, merece la intervención del estado con políticas y normativa que alienten una competencia más sana, que por un lado promueva la eficiencia y la innovación y, por el otro fomenté una cadena de valor fuerte con más y mejores proveedores.

En este esquema, la pregunta sería entonces ¿Cuáles son las llaves que necesitan las Pymes en una Ley de Hidrocarburos y sus reglamentaciones? A continuación, algunas reflexiones, dilemas y propuestas sobre las problemáticas actuales.

Llave 1: Programas de Proveedores:

Unas cuantas empresas cuentan con programas de desarrollo de proveedores. Algunos exitosos y, como en toda práctica, otros menos relevantes o de resultados menos satisfactorios. Sin embargo, las Pymes (y en particular las de la provincia de Neuquén) necesitan algo más que estos programas que sin dudas aportan a su desarrollo. Se requiere de forma urgente que algunas de las prácticas se normalicen y se transformen en estándares para la industria.

Las pymes de la provincia necesitan a) la oportunidad de ser evaluadas como proveedores, b) que se les de la oportunidad de participar en las licitaciones y c) que en caso de no haber sido elegidas se justifique la decisión.

Una gran cantidad de empresas han trabajado históricamente casi exclusivamente para YPF y esto ha generado que, en muchos casos, sus propias estrategias de comercialización no se ajusten a los paradigmas que corren hoy en día. Actualmente, y aunque la operadora de bandera sigue liderando el desarrollo en la provincia de Neuquén, cada vez hay más actores y, por ende, es cada vez importante que las Pymes puedan mejorar su sustentabilidad diversificando su cartera de clientes, comenzando a trabajar para otras operadoras y/o empresas de servicios. Esto, que redundará en un beneficio para la industria, es un desafío para todos, para las grandes empresas, para las Pymes y para las organizaciones publicas e intermedias. El Centro Pyme-ADENEU y las Cámaras empresariales vienen trabajando esta línea hace ya más de dos años pero se necesitan políticas estructurales.

En concreto, las listas de proveedores de las empresas deben estar abiertas para las Pymes de la provincia y los procesos de evaluación tienen que comenzar a ser accesibles a ellas; se requiere mayor presencia de los tomadores de decisión en terreno y menos en Buenos Aires; es fundamental que los llamados a licitación tengan mayor publicidad y que los mismos sean abiertos, con el fin de poder entrar en un sistema de mejora continua, que aquellas empresas que no son seleccionadas conozcan la justificación de las negativas.

Tal vez, a nivel individual, estas prácticas o similares, puedan elevar los costos de transacción a nivel de los procesos licitatorios; sin embargo, en el agregado y en el mediano plazo, estimo podrían dar lugar a mayor transparencia, mayor competencia, mejores procesos de mejora de la industria y, en síntesis, a una cadena de valor más más competitiva.

Llave 2: Contratos

Los contratos actuales cuentan con infinidad de cláusulas que no fomentan el desarrollo de las pequeñas y medianas industrias.

En primer lugar, los contratos actuales no permiten la cesión de los mismos a entidades financieras lo que impide que a partir de los mismos las pymes del sector los utilicen como garantía para la obtención de capital de trabajo. Esta apertura, aunque significativa es compleja por las particularidades de los mismos, sin embargo hay margen para su estudio. Sin dudas, no puede ser un trabajo unilateral sino que deberán participar de este desafío los departamentos legales de las entidades financieras. Seguramente, las modificaciones necesarias serán mas simple en el caso de las locaciones de obra y mas complejos en los “on call” pero su importancia vale la pena el esfuerzo.

Por otro lado, en un país donde la política macro-económica y las regulaciones suelen modificarse regularmente es necesario mejorar las ecuaciones de ajuste de precios. Hace ya varios años, los valores de los contratos se ajustan sobre variables tales como la escala salarial, el tipo de cambio oficial, el indicé de inflación y el valor de combustible. No es necesario ser experto para reconocer que todas estas variables sufren regularmente restricciones que distorsionan los precios relativos y por ende también afectan el valor que reciben las Pymes por su trabajo. En este punto, realmente no cuento con una alternativa concreta, pero si consideró que es un punto central a revisar en las futuras mesas de dialogo.

Un tercer punto para revisar de las condiciones actuales considero que son las vinculadas a la relación con los trabajadores. Son de público conocimiento situaciones en las que, a partir de la obtención de una licitación, la empresa grande exige (lógicamente) la contratación del personal que será afectado al servicio. Sin embargo, cuando la gran empresa decide suspender el servicio por caída en el nivel de actividad (distinto es si el proveedor no cumplió con lo pactado), no existen clausulas que permitan a las PYMES suspender o desafectar a los trabajadores contratados específicamente para la prestación del mismo. En los últimos meses, las PYMES de la provincia han sufrido esta situación en varias oportunidades y actualmente se encuentran en la dificultad de estar acudiendo a descubiertos para poder afrontar las cargas salariales. En breve, nos referiremos explícitamente a los acuerdos de aumentos salariales que son acordados entre sindicatos, operadoras y grandes empresas y que dejan sin margen de maniobra a las Pymes.

Llave 3: Acceso al financiamiento

La cadena de pagos actual se encuentra sumamente estirada lo que ha hecho que la rentabilidad de las Pymes se vea reducida por los altos costos que enfrenta a la hora de financiar su capital de trabajo.

Desde ya hace varios años, la industria funciona (o funcionaba hasta el año último) con plazos de pago a treinta días y los mismos se realizan por transferencia bancaria. Si esta fuera la situación actual no habría nada que decir.

Sin embargo, hoy en día encontramos que las grandes empresas han tenido dificultades para afrontar sus pagos a proveedores llegando a cancelar sus facturas a 60, 90 y hasta 120 días. Sumado a este estiramiento de los plazos, las empresas no solo no han reconocido el costo financiero de los retrasos, sino que además han continuado sin entregar valores a depositar ni han modificado las fechas de vencimiento de las facturas reconociendo esas, cada vez mas regulares, demoras.

Sumado a esto, algunas de las empresas, conociendo sus dificultades futuras y, con el objetivo de no entrar en mora, lo que han hecho es dificultar los procedimientos para la certificación de servicios y la obtención de las correspondientes habilitas para facturar. De esta manera, permiten a sus proveedores facturar recién cuando conocen que les podrán abonar lo adeudado.

En este último inciso, solo se puede exigir excelencia operacional, establecimiento de mejores prácticas y que se sancione a las grandes empresas en caso de encontrarse practicas comercialmente desleales.

En el caso del acceso al financiamiento si creo que existen alternativas. Durante el 2019, se aprobó la ley de Factura de Crédito Electrónica (FCE). Esta ley, que funciona hoy en día de forma eficiente en otras industrias no ha tenido los mismos resultados en el sector de gas y petróleo. El principal inconveniente ha surgido de una practica habitual en la industria: la fecha de vencimiento de la factura a treinta días; y de otra que se ha hecho habitual: demorarse treinta días en aprobar estas FCE.

La ley 27.440 prevé que la factura de una PYME a una gran empresa podrá ser negociada, salvo que haya una aceptación explicita de la FCE previa, una vez transcurridos treinta días de su fecha de emisión (lo que se denomina aceptación tácita). En pocas palabras, un proveedor podrá operar en el marcado bursátil una FCE recién cuando su cliente acepte explícitamente la factura o cuando transcurran treinta días de la fecha de emisión. Del otro lado del mostrador, los compradores de una FCE requieren para poder generar una renta, que al momento de negociarla la factura aún cuente con un plazo hasta su vencimiento.

Es línea con lo expresado es necesario que se comience a exigir a las grandes empresas del sector una mayor agilidad en los procesos de aceptación explicita de facturas o en su defecto que para las empresas vinculadas con el sector oil and gas el plazo de aceptación tácita se reduzca a quince días.

Cabe aclarar en este caso (suponiendo que hay voluntad de pago por parte de las grandes empresas) que estas alternativas no complicarían su flujo financiero ya que los desembolsos anticipados son realizados por actores del sistema financiero que están dispuestos a invertir en estos activos.

Una alternativa adicional es que las empresas que se encuentran en mora o que reconozcan esta situación puedan acordar con sus proveedores la entrega de valores a depositar. Los valores a depositar de las grandes empresas del sector, por estar calificadas con altos niveles de credibilidad (triple A), son fácilmente negociables en el mercado financiero. Esta afirmación se refuerza a partir de la presencia de las sociedades de garantía reciproca (SGRs).



Llave 4: Reconocimientos Salariales

Tal como mencionamos anteriormente, este es un punto clave que afecta a las PYMES del sector. Hasta el momento (se espera que las cámaras empresarias que representan al sector PYME de la industria comiencen en breve a participar de las mesas salariales), los acuerdos salariales son decididos en una mesa integrada por el gobierno nacional, la CEPH, la CEOP y los representantes de los trabajadores.

El uso y costumbre indica que, una vez definidos los porcentajes de incremente y su temporalidad (a veces retroactivos a algunos meses), las grandes empresas revisas las ecuaciones de ajuste con sus proveedores y reconocen a ellos estos incrementos.

Sin embargo, en la práctica suceden regularmente dos hechos que afectan directamente la rentabilidad y el normal flujo financiero de las PYMES. En primer lugar, el reconocimiento se hace esperar sesenta o noventa días y a veces más. En segundo lugar, a veces el reconocimiento no es completo por los meses retroactivos y, en tercer lugar, el costo financiero correspondiente nunca es reconocido.

En este sentido, y sobre todo en un contexto inflacionario y de altas tasas de interés, creo que es necesario estipular plazos y condiciones. Las grandes empresas deberían tener tiempos máximos tanto para la actualización de los valores contractuales como para el desembolso de los mismos alivianando la carga que hoy recae sobre las PYMES. Obviamente, es necesario que los contratos también estipulen multas en caso de incumplimientos.



Llave 5: Retenciones y Control Documental

Estos dos puntos afectan directamente a las empresas proveedoras de servicios que se encuentran con contratos vigentes en su rutina ordinaria.

En primer lugar, es necesario destacar que el control documental es una práctica que se corresponde lógicamente con los altos niveles de seguridad y responsabilidad civil que debe tener todo actor que forma parte de la industria y que pretenda prestar un servicio al yacimiento. En este sentido, todos los actores concuerdan con la realización y exigencia de estos controles, ya que en cierta medida funcionan como un sistema de “signaling” de calidad de servicio, capacidad técnica, financiera y responsabilidad por la seguridad, higiene y medio ambiente.

En este caso entonces, la dificultad no esta planteada con el objeto si no con la forma. Los procedimientos de control documental son complejos, diversos, repetitivos, comprometen recursos y, últimamente, se han transformado en el gran argumento/excusa para retrasar los pagos.

Y en este caso, como en la mayoría de los planteados anteriormente la solución no es solo para las Pyme sino que una mejora podría aumentar la competitividad de la industria en general. Si el mundo es capaz de sincronizar el tipo de conexión USB para todas las compañías de móviles, seguramente la Argentina podrá establecer un sistema de control documental único. El proceso de certificación de servicios seguramente será más complejo pero, paso a paso se deberían ir exigiendo las mejores practicas que sean identificadas en las mesas de dialogo correspondientes.

En el camino, seguramente se ira reduciendo el margen para que estos dos procedimientos sean argumento para demorar los pagos.

En segundo lugar, las retenciones. En situaciones de crisis cada peso vale y las retenciones que se le hacen a las PYMES suelen ser importantes para que puedan afrontar sus compromisos. Actualmente, las empresas retienen fondos de las pymes en caso de que estas tengan deudas sindicales o fiscales para resguardarse de su responsabilidad solidaria, dificultando aún más la cancelación de esas deudas. En algunas ocasiones, se ha podido verificar que los montos retenidos son aún mas altos que las deudas comprobadas y que varios clientes superponen su exigencia complicando aún mas la situación.

Es necesario definir de forma urgente un sistema de garantías que, sin comprometer a las grandes empresas por la responsabilidad que tienen solidariamente con sus proveedores, deje de quitar recursos transitorios a las PYMES. Los detalles legales deberán ser discutidos, pero se deben encontrar alternativas que unifiquen los criterios, brinden información en simultaneo a todas las operadoras y liberen fondos parciales para la cancelación de las deudas o regularización de las mismas de forma automática.



Llave 6: Previsibilidad

La previsibilidad que las grandes operadoras y los gobiernos se encuentran buscando para la industria a nivel nacional también es necesaria, a otro nivel, para las PYMES.

Se requiere más información disponible y sistematizada para que los procesos de toma de decisiones sean más eficientes y los dueños de los emprendimientos regionales puedan tener mayores certezas sobre los pasos a seguir. Con información sobre los planes de producción desagregados y tecnologías a utilizar, las PYMES podrán evaluar futuras inversiones en maquinaria y equipos y definir sus planes de innovación.

En este proceso, considero que será importante el rol de las cámaras empresariales y las agencias de desarrollo. Se necesita que un equipo técnico cuente con los recursos para recopilar datos, procesarlos, analizarlos y difundirlos de forma libre y gratuita.





Llave 7: Beneficios por innovación

Los costos de producción tanto en gas como en petróleo se han ido reduciendo sistemáticamente en los últimos años. La productividad actual de Vaca Muerta se equipara a la de los principales yacimientos de no-convencional de los Estados Unidos pero eso no debe ser un freno a búsqueda de nuevas mejoras, reducciones de costos y mejoras en la eficiencia.

La industria de Gas y Petróleo históricamente ha sido una “industria pesada”, sin embargo la revolución tecnológica también la ha impactado y hoy en día hablamos como en tantas otras de una “industria inteligente”. Es innegable que conceptos como digitalización, inteligencia artificial, automatización y big data son tan comunes en Vaca Muerta como Upstream, Pulling o Casing.

En este mundo tan siglo XXI, es imperioso que las PYMES sean actores de innovación permanente y cuenten con los recursos para adoptar y desarrollar nuevas tecnologías tanto en procesos como en software y hardware y, tanto en temas de management como en los aspectos operativos.

En este sentido entonces creo es fundamental que la normativa que se genere contemple: a) incentivos a la innovación en las PYMES, b) que articule y/o se complemente con la ley del conocimiento y c) que involucre a las universidades (y otros organismos de investigación) en mesas de dialogo que fomenten un dialogo que facilite a los ámbitos de investigación a implementar programas y proyectos que identifiquen problemas a solucionar y generen alternativas acordes a las problemáticas PYME.

Por último y finalizando quiero expresar que lo arriba planteado son simplemente algunas reflexiones exclusivamente de índole personal sobre los problemas que he podido identificar en innumerable cantidad de conversaciones con empresarios PYMES y que necesitan soluciones. Seguramente, existan lecturas diversas, temas a profundizar y otros a incorporar pero no tengo dudas que el desarrollo de Vaca Muerta será mas sustentable, más eficiente y más socio-ambientalmente amigable si logramos realizarlo con actores locales.