Mediante la Resolución 557/2019, el gobierno nacional descongeló el miércoles 18 de septiembre el precio de los combustibles y ajustó el precio del barril de crudo, debido a la volatilidad internacional del precio del petróleo, permitiendo un ajuste del 4% en los combustible s y de un 5,58% en el precio del Brent.

La resolución de la secretaría de Energía establece que "durante la vigencia del decreto 601/2019 las entregas de petróleo crudo efectuadas en el mercado local deberán ser facturadas y pagadas al precio convenido entre las empresas productoras y refinadoras al día 9 de agosto de 2019, aplicando un tipo de cambio de referencia de $49,30 por dólar, equivalente a un 5,58% de incremento sobre el valor de referencia vigente, y un precio de referencia BRENT de US$ 59 por barril".

El reconocimiento para el barril de petróleo interno del 5,58% elevará a 49,30 el tipo de cambio reconocido para las petroleras y en la práctica representa que Nación autoriza una suba de 2 dólares por barril.

Igualmente, en la práctica, el tipo de cambio se mantiene a 9 pesos por debajo del valor oficial, por lo cual junto al congelamiento del valor del crudo internacional a 59 dólares cuando el cierre del miércoles fue a 64 dólares, es decir que cada barril extraído dentro del territorio argentino cotiza 14 dólares por debajo de los valores internacionales antes de descontarles regalías y retenciones, que dejan el valor final del barril argentino en unos 45 dólares.

De esta manera, las empresas podrán incrementar los precios en surtidores luego de último aumento del 1 de julio. La decisión comunicada por la Secretaría de Energía implica una nueva revisión del congelamiento dispuesto mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia 566, por el cual se fijó desde el 15 de agosto un congelamiento de precios del crudo y de los combustibles por 90 días.

Luego del reclamo de las provincias y las empresas productoras y refinadoras, que incluso se tradujo en distintas medidas cautelares ante la justicia, el gobierno hizo una primera flexibilización al liberar a las petroleras la posibilidad de fijar los precios mayoristas y el viernes dispuso transferir un subsidio de $116,10 por barril de crudo.

Las acciones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia en el caso de las provincias petroleras, o del fuero federal por parte de la petrolera Vista Oil & Gas y de los productores de biocombustibles, y un escenario de inseguridad jurídica a las inversiones que requiere Vaca Muerta sumaron argumentos a las cuestiones técnicas que en los últimos días anticipaban la medida.

El Gobierno informó que el decreto de congelamiento de los combustibles del 2 de septiembre habilita a la Secretaría de Energía a "dictar los actos que resulten necesarios para ir normalizando los precios del sector con el fin de proteger al consumidor y sostener el nivel de actividad y el empleo".

A raíz de las circunstancias previstas en la norma, la Secretaría entendió que las mismas "se vieron notablemente afectadas a partir del incremento del precio del petróleo que derivó del ataque sufrido por las infraestructuras petroleras de Arabia Saudita".

El precio del Brent aumentó 14% en un día, la tercera variación más importante tras las sufridas en 1986 (15,1%) y 2009 (16,8%), a pesar que desde entonces retomó una senda a la baja, pero que permitió al Gobierno tomar como referencia para revisar la decisión inicial.

"Estos acontecimientos conllevan a una situación imprevista y significativa de incremento de precios que inevitablemente impactan en la producción, la comercialización y el normal abastecimiento de los combustibles en nuestro país", entendió el Gobierno al anunciar la autorización de los aumentos.

En ese sentido, explicó que con el objetivo de atenuar estos impactos, el gobierno autorizará "una suba del 4% de los combustibles, que entrará en vigencia desde el jueves 19 de septiembre".

A pesar del incremento autorizado, el precio de los combustibles -teniendo en cuenta el precio del crudo internacional y el tipo de cambio- mantiene un retraso de entre 20% y 35%, según el cálculo que se realice en las distintas petroleras o en el Gobierno.