En el gobierno de Neuquén no cayó bien la intromisión de fuerzas de seguridad nacionales en la formación geológica de Vaca Muerta y de manera oficial se analiza la resolución del decreto conocido el martes, que permite “proporcionar protección física a las instalaciones de las Plantas de Explotación de Hidrocarburos ubicadas en la formación geológica “VACA MUERTA” situada en la “Cuenca Neuquina” que comprende parte de las provincias de NEUQUÉN, RÍO NEGRO, LA PAMPA y MENDOZA, a fin de asegurar los intereses económicos vitales del ESTADO NACIONAL”.

El Fiscal de Estado, Raúl Gaitán, confirmó en declaraciones radiales a Radio Universidad Calf de Neuquén que desde el gobierno neuquino se estudia la Resolución antes de emitir una comunicación oficial.

No obstante, quien sí opinó al respecto, fue Vanina Merlo, ministra a cargo de Trabajo, Seguridad y Desarrollo Social de la provincia. “Es una nueva intromisión en las autonomías provinciales, un avasallamiento al régimen federal a través del dictado de una norma que involucra competencias que no le son propias”, dijo.

La funcionaria criticó que el gobierno de la Nación se atribuyó facultades que “son de las provincias, o del Congreso de la Nación o tan solo pueden ser dispuestas por una orden judicial ante una situación concreta”.

“Todos estamos de acuerdo en proteger a Vaca Muerta como recurso estratégico sostenible, pero ello no puede ser garantizado a través de intromisiones con apariencia de legalidad que terminan generando el efecto opuesto: inseguridad jurídica”, advirtió. “Extiende de manera inconstitucional las áreas de actuación de Gendarmería”, dijo la ministra en declaraciones reproducidas por LM Neuquén.

Por su parte, el líder del Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Guillermo Pereyra, dijo: “Es inconcebible que se autorice a una fuerza de seguridad a actuar como si estuviéramos en estado de conmoción interna”.

Cuestionó que Macri tomara la decisión sin hipótesis que la sustenten. “No tenemos ataques terroristas que ameriten un estado de alarma semejante”, advirtió.

“Si hubiera alguna información sensible que justificara una medida invasiva, debería hacerse pública o al menos debería haberse compartido con las fuerzas de seguridad locales o en el Consejo de Seguridad, que han dado sobradas muestras de capacidad operativa”, reclamó el sindicalista, que a la vez preside la comisión de Energía del Senado de la Nación. “Parece otro escalón más en la improvisación demostrada por el Poder Ejecutivo en las últimas semanas, que no solo no es capaz de cuidar a la población, sino que toma medidas cercanas al amedrentamiento”, dijo en afirmaciones publicadas por Clarín.

También desde la Confederación Mapuche, Jorge Nahuel, dijo que “expresamos nuestro más contundente repudio a semejante medida”, sostuvo de entrada.

“Es una actitud descabelladamente peligrosa porque la toma un gobierno que se está yendo, que ha sentido el repudio popular a la errática política que ha llevado adelante”, agregó en declaraciones a Radio Universidad Calf.

Cuestionó que sea la ministra Patricia Bullrich la ejecutora de la medida. Aseguró que a la funcionaria la denunciarán por su rol en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, ocurrida durante un procedimiento de Gendarmería en tierras reivindicadas por la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen.

Nahuel le endilgó a Bullrich “el error de mandar gendarmes a territorios de las comunidades”. Consideró que la “medida es sumamente grave porque ordena militarizar los territorios comunitarios”.

Según la resolución publicada el martes Nación entendió que es “imprescindible proporcionar protección física a las instalaciones de las plantas de explotación de hidrocarburos ubicadas en la Cuenca Neuquina, más precisamente en Vaca Muerta, con el objetivo de asegurar los intereses económicos vitales del Estado nacional”.