El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, comenzaron a convocar a gobernadores de provincias petroleras y a las empresas del sector a una reunión el martes 20 de agosto a las 17 en el Palacio de Hacienda. El objetivo es analizar entre todos los actores una manera consensuada para normalizar el mercado después de la fijación de precios.
En el Gobierno admiten que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) publicado es perjudicial para el sector, sobre todo para las inversiones futuras. "Queremos ver cómo se puede evitar el mayor daño posible", dicen en la cartera de Energía, que igualmente enfatizan que todavía hay que esperar que se estabilicen las variables macro.
"El lunes tuvimos que tomar medidas de emergencia, si no iba a haber un problema. Los aumentos de los combustibles se transmiten a todos los precios, por eso tuvimos que tomar una medida para contener la inflación lo máximo posible", justificaron.
La semana después de las PASO, el tipo de cambio se disparó 21% en el mercado mayorista. El sector energético está dolarizado: las petroleras le venden a las refinerías el barril de petróleo en dólares. Para que la devaluación no se traslade a los precios de la nafta, el Gobierno decretó congelar las variables a los valores del viernes antes de las elecciones, con un tipo de cambio a $45,19 y el índice del Brent en US$59, precisa la nota del diario La Nación.
Las empresas y los gobernadores de las provincias petroleras, cuyas regalías se ven afectadas automáticamente con la fijación de precios, protestaron que la medida no haya sido consensuada. Mientras que las petroleras señalaron que la medida les costaba entre US$100 y US$120 millones por mes, las provincias dijeron que comenzarían acciones judiciales.
Tanto desde Neuquén , mediante el gobernador Omar Gutiérrez o el ministro de Energía, Alejandro Monteiro, como de Río Negro, a través de su gobernador, Alberto Weretilneck, advirtieron sobre las medidas impulsadas por Nación y el riesgo de parálisis para las inversiones en Vaca Muerta.
"Admitimos que fue una medida unilateral de parte del Gobierno, pero hablamos con todos los actores y no encontramos una solución de consenso. Cada uno quería que no le toquen su parte, que el ajuste lo hago otro, y no había espacio para una solución. Ahora tendremos más tiempo y más estabilidad", responden en la Secretaría de Energía.
Por eso ahora, la idea del Gobierno es que haya una reunión cada diez días para negociar una manera de salir paulatinamente de la norma, aunque esto no signifique que habrá aumentos de precios.
Antes del congelamiento de precios, las principales empresas del midstream (las que tienen estaciones de servicio), YPF, Axion y Raízen (con las licencias de Shell) habían propuesto un aumento paulatino, que tenía una primera suba de alrededor 4,5%, mucho menor a los incrementos de 20%, que comenzaron a verse en el resto de los productos de la economía. Según datos del sector, los precios de los combustibles están atrasados entre 25% y 30%.