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Continúa el análisis de la regulación del proyecto del Gasoducto Neuquén Rosario

El nuevo ducto recorrerá desde Neuquén hasta Saturno, en el sur bonaerense, y desde ahí continuará hasta la zona de Rosario y San Nicolás. La infraestructura para ampliar la capacidad de transporte de la producción gasífera de Vaca Muerta es una de las demandas más recurrentes del sector petrolero.

La producción de gas en la cuenca neuquina se encontró con un cuello del botella y puso en agenda la necesidad de construir un nuevo gasoducto para transportar el fluido desde Vaca Muerta al resto del país.

El proyecto en danza es el denominado Gasoducto Neuquén Rosario y desde el gobierno nacional se trabaja en la cuestión regulatoria para su construcción. El tema no es menor y es una de las claves que está en análisis. Podría realizarse bajo los parámetros de la Ley de Hidrocarburos (17.319), que data de 1967, o de la Ley del Gas (24.076), sancionada en 1992, antes de las privatizaciones pero cuatro años después de la finalización del último gasoducto (1988).

Para transportar unos 30 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d), el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, se ampararía en la Ley del Gas, más reciente. La diferencia no es menor: la 17.319 establece que los "concesionarios de explotación (productoras) que dispongan la construcción de obras permanentes para el transporte de hidrocarburos que excedan los límites de alguno de los lotes concedidos estarán obligados a constituirse en concesionarios de transporte", señala la nota de El Cronista Comercial.

Es decir, que una petrolera podría hacerse cargo de la operación del gasoducto para transportar el gas que produce, junto al del resto de las empresas si queda capacidad ociosa. En el mercado se sospecha que la obra podría adjudicarse a Techint como compensación por el recorte de los subsidios de la Resolución 46/2017, que le generó un daño económico a Tecpetrol, el brazo petrolero de Paolo Rocca, por unos $ 5655 millones solamente en 2018.

Lopetegui negó que esa sea la intención. "No trabajamos de esa manera, no nos manejamos así. Habrá una licitación", aseguró la semana pasada.

Si el Gobierno opta por ampararse en la 24.076, que declara como servicios públicos (y, como tales, regulados por el Estado Nacional) al transporte y la distribución de gas, la empresa quedará atada a una tarifa regulada que cobra la firma que opere el caño, sea TGN (de Rocca -Techint), TGS (de Marcelo Mindlin, accionista principal de Pampa Energía) o una nueva compañía creada a tal fin.

La Ley del Gas promueve la "igualdad y libre acceso" para el transporte, de forma que aún quienes no invirtieron para la construcción de los ductos tendrían la oportunidad de llevar el gas a los centros de consumo.

Para evitar problemas, una solución salomónica podría ser entregar la obra a un consorcio de gigantes petroleros como YPF, Pan American Energy, Tecpetrol, Pampa Energía y Pluspetrol, si consiguen el financiamiento necesario.

Cabe recordar que el gasoducto Neuquén Rosario tendrá capacidad para transportar 15 millones de metros cúbicos de gas cuando se termine la primera etapa y la posibilidad de duplicar ese volumen con futuras ampliaciones.

El nuevo ducto recorrerá desde Neuquén hasta Saturno, en el sur bonaerense, y desde ahí continuará hasta la zona de Rosario y San Nicolás para surtir al complejo agroexportador. La infraestructura para ampliar la capacidad de transporte de la producción gasífera de Vaca Muerta es una de las demandas más recurrentes del sector petrolero.

El crecimiento de la producción de gas natural, más las inversiones realizadas y prometidas, impulsa la necesidad de mayor infraestructura para transportar el fluido.

La disponibilidad de caños es vital para la producción local, que se destina a la red sin instancias de acopio. Es decir, cuando se agota la capacidad de transporte debe detenerse la extracción.

Autor: Horacio Beascochea

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