El Gobierno nacional analiza, en el marco de ajuste de las cuentas públicas para cumplir con la meta de déficit cero, prometida al FMI, renegociar el monto de los millonarios subsidios que reciben por invertir en Vaca Muerta y en otros campos no convencionales.

Según precisó el portal Econojournal, se apunta, en rigor, a readecuar a la realidad fiscal actual lo establecido por la resolución 46/2017 de la cartera por entonces dirigida por Juan José Aranguren, que creó un programa de estímulo a la producción de yacimientos no convencionales de gas. Esa iniciativa estableció un esquema que funciona como un seguro de precios: las empresas beneficiarias perciben un subsidio directo que cubre la diferencia entre el importe promedio del mercado y un precio estímulo fijado de forma discrecional por el Estado. Eso les garantiza a los privados un ingreso competitivo al margen de las oscilaciones del mercado. En 2018, el precio de incentivo asciende a US$ 7,50 por millón de BTU. La normativa establece que el premio decrezca con el paso del tiempo: caerá a 7 dólares en 2019; a US$ 6,50 en 2020 y a 6 dólares en 2021.

Ahora, la cartera que dirige Nicolás Dujovne quiere revisar cuánto dinero tendrá disponible en 2019 para las petroleras. Pero, a su vez, en la intención de Hacienda, que será comunicada en las próximas horas a las empresas, subyace un problema estructural de difícil solución ligado al cambio de política de precios del gas del gobierno. Aranguren había establecido un sendero incremental de precios del gas en boca de pozo que, a fines de 2019, convergería con el precio de importación del fluido (en la banda de lo que cuesta al gas de Bolivia y el LNG). Ese esquema preveía que en octubre del año que viene el precio que paga el mercado ascendería hasta los US$ 6,33, según la última presentación realizada por el ex presidente de Shell antes de dejar el cargo.

En la actualidad, el sendero de precios crecientes de gas ya no tiene validez, admite el nuevo titular del área energética, Javier Iguacel. Por el contrario, su apuesta es reducir de forma disruptiva el precio que cobran las petroleras. Iguacel defiende que el incremento de la producción de gas registrada en el último año permite reducir el importe de venta del fluido, con el consecuente beneficio para los consumidores (hogares, comercios e industrias) que evitarán saltos mayores en las facturas de gas.

Lo que puede parecer, y lo es, una buena noticia para los consumidores de gas —una baja importante del costo del gas natural— genera un problema de proporciones para el Estado. Cuando diseñó el programa de estímulo al gas de Vaca Muerta, Aranguren estableció dos curvas: una creciente, la del precio interno del gas en el mercado argentino. Y una decreciente, la del precio estímulo para el gas no convencional, que cae desde los US$ 7,50 en 2018 hasta los 6 dólares en 2021.

Para Aranguren, los subsidios al gas de Vaca Muerta rondarían los US$ 400 millones en 2019.
El ex ministro de Energía creyó que esas curvas convergerían hacia fines de 2019. Pero eso no sucederá. En lugar de aumentar, como preveía ex presidente de Shell, el precio del gas caerá el año que viene con relación a 2018.

Eso provocará un salto muy significativo de los subsidios que reciben las petroleras que operan en Vaca Muerta. El impacto fiscal para el gobierno es enorme: Aranguren había presupuestado que la implementación de la resolución 46 de Energía costaría poco más de US$ 600 millones en 2018. Y que, en 2019, los subsidios caerían hasta los US$ 400 millones.

La realidad es completamente distinta: de no mediar una renegociación, el costo del programa casi se triplicará el año que viene por encima de los US$ 1100 millones. “Como el precio del gas disminuirá, tal vez, por debajo de los US$ 4, habrá que subsidiar una diferencia de 3 dólares (hasta llegar a 7 dólares, el precio establecido en el plan). No hay dinero para bancar esa diferencia”, reconoció un funcionario del área económica del gobierno.

Por eso, la intención del Ejecutivo es iniciar una ronda de negociaciones con las petroleras beneficiadas para intentar bajar el costo de los subsidios al gas de Vaca Muerta. La actividad petrolera, razonan en Hacienda, no puede estar exenta de esa tendencia. En la línea de ese razonamiento, no es consistente gravar todos los ingresos en dólares (tanto de materias primas y bienes derivados como de servicios) y dejar al margen de esa estrategia a los subsidios calculados en moneda norteamericana que reciben las petroleras. “Tenemos que explicar, en el marco de un entendimiento consensuado, que en este escenario no es factible seguir pagando subsidios equivalentes al 80% del precio de mercado de gas”, señalaron fuentes consultadas.

No se pretende, en ningún caso, incumplir unilateralmente los contratos firmados bajo el paraguas de la resolución 46. Sino buscar una readecuación negociada de esos documentos que puede contemplar desde un cambio en la metodología de cálculo del subsidio hasta una reducción de la producción de gas alcanzada por las subvenciones económicas.

Si bien la resolución 46 beneficia a la mayoría de los grandes productores de gas de la Argentina, no lo hace en forma pareja para todos. Hasta el momento se aprobaron ocho proyectos operados por Tecpetrol, el brazo petrolero de Techint; YPF, el mayor jugador del mercado, Pan American Energy (PAE), la francesa Total y CGC, la petrolera de Corporación América, el holding de Eduardo Eurnekian.