Las empresas productoras un grupo en el que se destacan YPF, la francesa Total, Pan American Energy (PAE), Pluspetrol y Pampa Energía, entre otras- reclaman que el Ejecutivo modificó el marco regulatorio del sector y afectó a la rentabilidad de sus ventas.

Las productoras sostienen que a partir de la aplicación de la resolución 4502/2017 del Enargas, publicada en la primera semana de junio, las productoras deberán cubrir -durante los picos de consumo que se registran en el invierno y a contramano de lo que venía sucediendo hasta el momento- la demanda de gas del segmento residencial, que es el que menos paga por el gas que consume.

Hasta ahora, los picos generados por la demanda prioritaria tal como se denomina al consumo de los hogares- eran cubiertos mediante la importación de Gas Natural Licuado (GNL) que está en cabeza de Enarsa.

De esa manera, las petroleras quedaban más liberabas para colocar su producción de gas en segmentos industriales y de generación eléctrica, que en promedio abonan por el hidrocarburo el doble que un usuario residencial.

Mientras que el gas que va a usinas termoeléctricas está regulado por el Gobierno en US$ 5,20 por millón de BTU y el de una gran industria está por encima de US$ 5, los hogares terminan pagando alrededor de 2,50 dólares. Es que si bien el Enargas fijó el precio del gas en boca de pozo para las distribuidoras en torno a los US$ 3,60 por millón de BTU -es lo que deberían pagar los hogares que reciben el hidrocarburos por redes-, en la práctica los productores reciben un precio más bajo por una serie de puntos que afectan a la baja el importe del producto, consigna la nota del portal EconoJournal.

En esa lista figuran el esquema de tarifa social, que se aplica a más de 2 millones de usuarios domiciliarios, que como beneficio no pagan el precio de gas que consumen (sólo abonan un cargo por distribución y transporte); los topes del 400% a los aumento de tarifa con relación al año anterior, que en muchos casos terminan topeando también el precio del gas en boca de pozo; y el ahorro en el consumo de hogares, que se bonifica a través de un descuento sobre el precio del hidrocarburo.

Según un alto ejecutivo, las petroleras terminan recibiendo US$ 2,50 por el gas que va a distribuidoras, un 25% menos de lo que dice el marco regulatorio. Pese a eso, la cifra es cuatro veces mayor que la que recibieron las petroleras en 2015, durante el último año de gestión de Cristina Fernández de Kirchner, cuando en promedio cobraron US$ 0,60 por MMBTU de gas entregado al segmento residencial.

La resolución 4502/17 firmada por David Tezanos, interventor del Enargas, modificó un punto clave: Enarsa, que hasta ahora cubría con GNL el consumo de la demanda prioritaria (la residencial), pasará a operar como un productor más de la industria.

Eso es lo que se desprende de la resolución en cuestión, que en rigor creó el “Procedimiento para la administración del despacho en el comité ejecutivo de emergencia”, que se reúne cada vez que el sistema enfrenta una situación delicada de despacho por la escasez de gas. Este comité, en pos de ganar en transparencia y horizontalidad en la toma de decisiones, estableció que la operatoria del despacho en un escenario de crisis (alta demanda e insuficiente gas para cubrirla) surja de una negociación abierta entre las partes en lugar de recaer sólo en manos del Enargas.
El correlato que molestó a las empresas petroleras es que, en esa apertura, también se reverá el lugar que tendrá Enarsa. La empresa estatal que es presidida por Hugo Balboa, un hombre de extrema confianza del ministro Juan José Aranguren- satisface con GNL casi un 30% del consumo de gas durante el invierno. Son más de 30 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) de gas que se inyectan desde las terminales regasificadoras de Escobar y Bahía Blanca.

En la gestión anterior de Cristina Fernández, que mantuvo congeladas las tarifas de gas, el GNL se destinaba directamente los hogares. De esa forma, las petroleras podían capturar segmentos (industria, generación y GNC) de mayor rentabilidad.

Ahora, el Enargas entiende que a partir de los aumentos de las tarifas residenciales ya no es necesario que Enarsa siga colocando el gas importado que se financia con subsidios millonarios del Tesoro- a los clientes (hogares) que menos pagan por el fluido.

Las petroleras intentaron frenar la publicación de la resolución y enviaron una primera nota a Tezanos para conocer los detalles de la normativa. El organismo les remitió el borrador y los dio un plazo de 10 días para que las productoras realicen observaciones y comentarios pertinentes. La comisión de gas de la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (Ceph), coordinada por Rodolfo Freire (PAE), Patricio Darré (YPF) y Emilio Nagra (CGC), presentó su descargo el 26 de mayo.

“Se interpretó que la propuesta del Enargas no se limitaba al despacho durante la emergencia del sistema. Tal como estaban redactados los procedimientos relacionados con el redireccionamiento del gas desvirtuaban el proceso de emergencia y parecían hacer referencia al despacho permanente del sistema. Por eso concluimos que la norma no favorecía la recontractualización del mercado de gas”, explicaron desde una petrolera.

Desde otra especificaron que “está en juego un ingreso mensual de entre 80 y 90 millones de dólares, que es lo que representa la venta de 30 MMm3/d de gas, que es lo que aporta Enarsa, a los segmentos de industria y generación”. Durante los cuatro meses que dura el invierno y la emergencia del despacho gasífero- son cerca de US$ 300 millones.