El viernes 31 de marzo se realizó una audiencia pública no vinculante en localidad rionegrina para analizar el proyecto de la empresa Crexell de instalar una planta de residuos especiales dentro de los ejidos colindantes de Catriel.

La necesidad de tener mayor participación en la decisión final del gobierno provincial, si aprueba o no el proyecto, fue uno de los ejes centrales en el que giró el discurso de la mayoría de los 30 ciudadanos que se pararon frente al micrófono para dar opinión sobre el proyecto de la empresa Crexell.

Desde el oficialismo el intendente Carlos Johnston argumentó por qué “es necesario” que se instale la planta. “A mí la empresa no me importa, si es Crexell u otra, pero los pasivos son nuestros y debemos remediarlos”, explicó el mandatario.

Del acto, que se desarrolló en el salón de Cotecal participaron; la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable Dina Migani, la senadora nacional Magdalena Odarda, la legisladora Viviana Germanier, el secretario de Energía Sebastián Caldiero y otros funcionarios provinciales y municipales. La audiencia tuvo una gran convocatoria por parte de los ciudadanos que llenaron el salón durante las casi seis horas que duró el acto.

Crexell presentó el proyecto para instalar la planta de residuos especiales en el kilómetro 68.5 de la Ruta Nacional 151, dentro de los ejidos colindantes de Catriel. Sería a unos 14km de distancia de la planta que instalará Treater SA. “Este proyecto pretende disminuir el impacto ambiental. Generar un equilibrio”, expresó Juan Caracoche, vicepresidente de Crexell .

Luego fue el turno de los políticos, de los oradores y para finalizar hubo una ronda de preguntas. Sergio Obrist, médico y político del ARI y ex candidato a intendente pidió un referéndum vinculante, algo que fue negado por el intendente Johnston.

El jefe comunal de Catriel defendió el proyecto y en la necesidad de “sanear” los pasivos. “Nosotros producimos el 80% de la producción en Río Negro, la planta debe estar acá”, dijo.

Mauro González, abogado y referente del Partido Justicialista indicó que “el error más grande de nuestras vidas” es aprobar este proyecto y criticó los mecanismos de control y fiscalización de la provincia. Además argumentó que violaba leyes constitucionales.

Otro de los ejes fue la magnitud del proyecto que abarca unas 300 hectáreas. “Catriel tiene 600 has. Imaginen una planta para tratar pasivos ambientales que abarque la mitad de los ejidos catrielenses”, argumentó Gisela Alvarez, licenciada en Saneamiento y Protección Ambiental.

Un puñado de los oradores se mostraron a favor del proyecto.” Antes se tiraban en los cañadones, los derrames eran tapados. La mayoría del petrolero y gas de Río Negro lo producimos nosotros y se concentrará todo en un mismo lugar”, expresó el mandatario.

Ramiro Arceo presidente de la Casepe, (Cámara de Empresas de Servicios Petroleros de Río Negro) también apoyó la iniciativa y justificó su decisión en que será “un paso” hacia delante para “remediar” los pasivos. Además exigió que se respete la ley de la mano de obra local .

Los funcionarios Claudio González, Elizabeth Cofré y los legisladores Nicolás Sgalla y Juana Cárdenas defendieron el proyecto, todos con el mismo argumento de la “necesidad” de que se haga un tratamiento y que sea en un mismo lugar: “sector de sacrificio”, fue como lo definió Sgalla.