El gobernador de Neuquén, Omar Gutierrez anunció en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura el envío de un proyecto de ley que busca actualizar la tasa anual de contralor ambiental, con el objetivo de fortalecer los órganos de vigilancia de la actividad hidrocarburífera. Llevará a incrementar en un 400% los montos que se pagan hasta el momento y también buscan reglamentar el cobro de aranceles.

Desde la subsecretaría de Ambiente explicaron que la Ley 2.735 de 2009 establecía las tasas pero estaban fijadas en pesos, por lo que es necesario actualizarla y ajustarla al IUS (Tasa de Justicia).

“Pasaron 7 años y la taza se cobra por brindar un servicio que es la fiscalización. El valor de lo que se usa: camionetas, combustibles, computadoras, todo subió con la inflación y la tasa quedó en pesos. Ahora se trabaja para pasarla a IUS que siempre se actualiza. De 11 millones de pesos que se recaudan pasaremos de recaudar 50 millones de pesos, porque la actualización rondará el 400%”, dijo el subsecretario de Ambiente, Juan de Dios Lucchelli al diario “Río Negro”.

El modo que establecieron para hacerlo, fue analizar a cuantos IUS correspondían el valor que se estableció en 2009 y ponerlo al día. “Las tasas se pagan. Si bien hubo atrasos, el año pasado se cobraron el 100%, por 11 millones de pesos y se cobraron tasas de años anteriores. En el periodo que viene vamos a tener habilitado un sistema informático, por lo que el seguimiento será impecable”, dijo Lucchelli.

Todavía se espera la repercusión de esta iniciativa de parte de las empresas petroleras. Como ejemplo, un área que paga tasas por 1 millón de pesos y pasará a pagar 5 millones de pesos. Desde el gobierno neuquino se defendió la iniciativa y se afirmó que más que un aumento, se trata de una actualización.

Además, destacaron que al tener un fondo ambiental, permitirá hacer avances en la modernización de equipamientos y otras cuestiones necesarias para la autoridad de aplicación.

Los ingresos al fondo ambiental llegan por tres vías: tasas, multas y aranceles. Hasta ahora, los ingresos se limitan al cobro de la TACA (Tasa de Contralor Ambiental) pero los montos percibidos por multas están sujetas a un gran porcentaje de interposición de recursos que genera impactos en la recaudación.

La autoridad de aplicación no cobra los aranceles y también trabajan en hacer un procedimiento de pago para la Ley 2.833 que así lo establece. Este concepto nunca se cobró y significará un ingreso de unos 8 millones de pesos anuales más.

“La ley está pero no se cobra, porque nunca se instrumentó el procedimiento de pago, que podrá estar en tres o cuatro meses. Cada vez que una empresa pida un informe ambiental, por ejemplo, deberá pagar arancel. No venimos a pedir, acá se hace un servicio y la ley establece que se cobre. Las multas eran punto de recaudación, pero entendemos que no debe ser así, porque lo que buscamos es cambios de conductas. No debería ser para golpear las empresas”, afirmó el subsecretario.