La empresa YSUR - YPF podría acudir a la Justicia para rechazar una ordenanza mediante la cual el municipio de la localidad rionegrina de Allen busca cobrarle una suma millonaria en concepto de la tasa de Inspección, Seguridad e Higiene.

Desde la petrolera estatal advirtieron que el municipio intenta avanzar sobre actividades que ya regulan autoridades provinciales.

La relación entre YSUR - YPF y la comuna de Allen atraviesa un momento de mucha tensión, debido a varios conflictos. El primero de ellos se originó cuando el municipio decidió no autorizar más tendidos de gasoductos y oleoductos por entre medio de las chacras, sobre terrenos privados.

La iniciativa del Ejecutivo de que las líneas de producción sean instaladas sobre caminos públicos, alteró los planes de YPF y retrasó la puesta en producción de algunos pozos de gas.

A ello, se sumó la aprobación de un Plan Rector municipal que estableció zonas “buffer” o de protección en las que YPF no puede perforar (a 500 metros de los sectores urbanizados).

Ahora YSUR- YPF se enfrenta a otro conflicto con la ordenanza recientemente modificada por la cual el municipio busca cobrarle una tasa a las grandes empresas, que alcanza el 1% de la facturación mensual.

Fuentes de YSUR YPF indicaron que antes de que se sancione la ordenanza en cuestión no existía una norma que previera el pago de tasas a empresas hidrocarburíferas y que por ese motivo se había intentado realizar un acuerdo de partes con el municipio por el servicio de inspección a oficinas y áreas de servicio de la planta (almacenes, oficinas, depósitos, etc).

Hubo reuniones en las que se realizaron propuestas basadas en el concepto de retribución de un servicio efectivamente prestado por el municipio en las locaciones sobre las que tiene potestad de inspeccionar. Sin embargo, según aseguraron desde YSUR YPF, las propuestas no fueron aceptadas y ahora “se pretende cobrar una tasa de contralor sobre actividades sobre las que ya regulan autoridades provinciales”.

La empresa YSUR YPF tiene en Allen yacimientos y plantas de tratamiento de hidrocarburos, oficinas administrativas y depósitos. “La autoridad de contralor de los yacimientos y planta de gas es la provincia de Río Negro, mientras que el municipio lo es respecto de las oficinas y depósitos. En base a lo anterior, el municipio sólo puede fiscalizar, y por ende cobrar tasas, sobre la actividad desarrollada en las oficinas y depósitos. La tasa pretendida debe guardar razonable proporción con el costo del servicio de fiscalización a prestar”, se indicó.

Desde la compañía estatal YPF se explicó que la empresa abona tasas en más de 80 localidad argentinas, algunas de ellas en la cuenca neuquina, pero se aclaró que en todos los casos las tasas respetan un principio: se aplican sólo sobre aquellas actividades y/o inmuebles sobre los cuales el municipio tienen potestad de contralor, y el monto de las mismas guarda razonabilidad con el costo de dicho servicio de contralor. Por último se anunció que “YPF apelará ante las instancias necesarias para revisar la normativa”.